Fiscal¨ªa acusa a Bellver por prevaricaci¨®n y pide 8,5 a?os de inhabilitaci¨®n

La fiscal¨ªa de Valencia solicita ocho a?os y medio de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n para el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, por la concesi¨®n ilegal de la licencia de construcci¨®n de un aparcamiento subterr¨¢neo que afecta al subsuelo de un bien especialmente protegido: los Jardines de Monforte. Ten¨ªa que haber pedido un informe a Patrimonio, a la Consejer¨ªa de Cultura. Obliga a ello la ley. No lo hizo. Y el ministerio p¨²blico considera, como expuso el juez en su auto de conclusi¨®n de las diligencias practicadas, que sab¨ªa que ten¨ªa que hacerlo y lo ignor¨®.

Los mismos ocho a?os y medio de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico los pide el ministerio p¨²blico para los otros cuatro imputados: Pedro Garc¨ªa Rabasa, secretario del Ayuntamiento de Valencia; Juan Casa?, jefe de servicio de Circulaci¨®n y Transporte; Mar¨ªa Jos¨¦ Gasull, arquitecto t¨¦cnico y Juan Antonio Alt¨¦s, jefe de servicio de Planeamiento.

El valor de una firma

Jorge Bellver firm¨® en 2004 el expediente que concedi¨® la licencia para la construcci¨®n de un aparcamiento en las calles de Severo Ochoa y de Monforte. Adjudic¨® la obra a una empresa de Enrique Ortiz, implicado en los casos G¨¹rtel y Brugal. Lo hizo sin considerar en la tramitaci¨®n que los Jardines de Monforte gozaban de protecci¨®n especial, desde la d¨¦cada de los cuarenta.

Antes de ese expediente, Bellver, y pr¨¢cticamente el mismo equipo implicado en esta causa, tramitaron la actuaci¨®n sobre la Cl¨ªnica Quir¨®n, colindante con los Jardines de Monforte. Precisamente, por la protecci¨®n de los jardines, fue a Patrimonio y este departamento oblig¨® a realizar varias modificaciones. Adem¨¢s, la exigencia de contar con informes de Patrimonio est¨¢ detallada en la propia p¨¢gina web de la Concejal¨ªa de Urbanismo. Y es incluso necesaria, en ocasiones, para obras que podr¨ªan considerarse menores. Bellver dijo en su declaraci¨®n que no lo sab¨ªa, se?al¨® a los t¨¦cnicos como responsables y asegur¨® que ¨¦l firmaba lo que le pon¨ªan delante sus t¨¦cnicos.

Para el juez, ese no es un argumento s¨®lido. En su auto, defendi¨® el valor de la firma de un edil y no acept¨® el desconocimiento u olvido como justificaci¨®n. Y menos, que la responsabilidad descansara en otros.