Defensa prorroga el convenio con EE UU pero negocia mejoras en su aplicaci¨®n

El convenio sobre cooperaci¨®n para la defensa con EE UU, que regula la presencia de tropas estadounidenses en Espa?a, se prorrogar¨¢ por un a?o a partir del pr¨®ximo 12 de febrero. Aunque el actual acuerdo lleva ya en vigor casi 22 a?os -los ocho ¨²ltimos con las enmiendas pactadas en 2002-, el Gobierno ha renunciado a denunciarlo, por lo que se activa el mecanismo de pr¨®rrogas autom¨¢ticas.

Con toda probabilidad, esta primera pr¨®rroga no ser¨¢ la ¨²ltima. El nuevo periodo de vigencia concluye en febrero de 2012 y fuentes diplom¨¢ticas reconocen que la etapa preelectoral no es la m¨¢s propicia para una renegociaci¨®n del convenio. Eso sin contar con que la denuncia deber¨ªa hacerse con seis meses de antelaci¨®n; es decir, en agosto de este a?o. Una eventual reforma queda as¨ª pendiente para la pr¨®xima legislatura.

No obstante, y a pesar de que el Gobierno se declara satisfecho con el funcionamiento del convenio, el Ministerio de Defensa se propone negociar "mejoras en los procedimientos operativos de aplicaci¨®n" del mismo. Estas mejoras se plasmar¨¢n en acuerdos administrativos que no modifican el texto vigente. As¨ª se hizo en 2007 con el acuerdo que regula la actuaci¨®n en Espa?a de los servicios secretos de la Marina y la Fuerza A¨¦rea de EE UU. Los nuevos acuerdos afectar¨¢n, seg¨²n las fuentes consultadas, a la adaptaci¨®n del convenio a la legislaci¨®n medioambiental, al almacenamiento de explosivos y municiones o a la informaci¨®n sobre escalas y sobrevuelos de aeronaves.

Se quiere dejar claro, por ejemplo, que se cumple la prohibici¨®n de almacenar en Espa?a minas antipersonas o bombas de racimo, a las que las Fuerzas Armadas espa?olas han renunciado, pero no las de EE UU. Respecto a la legislaci¨®n medioambiental, basta recordar que EE UU a¨²n no ha aceptado retirar unos 50.000 metros c¨²bicos de tierra contaminada con plutonio por el accidente de Palomares (Almer¨ªa), en enero de 1966.

La mejora en la informaci¨®n que facilita EE UU sobre sobrevuelos y escalas podr¨ªa permitir, por su parte, conocer la identidad del pasaje de los aviones. Al no constar este dato, Espa?a no ha podido verificar si, entre 2001 y 2004, pasaron por las bases espa?olas prisioneros con rumbo a Guant¨¢namo y ha tenido que fiarse de la respuesta negativa del Pent¨¢gono. Las fuentes consultadas insisten, no obstante, en que desde 2007 los vuelos a Guant¨¢namo est¨¢n excluidos de la autorizaci¨®n gen¨¦rica para los aviones que apoyan la misi¨®n en Afganist¨¢n.

Lo que deber¨¢ esperar es la aspiraci¨®n espa?ola de que el acuerdo tenga el mismo rango legal en ambos pa¨ªses. El convenio es un tratado en Espa?a y solo un acuerdo intergubernamental en EE UU. Por eso, el Parlamento espa?ol lo aprueba, pero no el Congreso estadounidense.