Los ¨²ltimos de la colonia Castells

Maria Encarnaci¨®n ya no saca su silla a la calle. Los d¨¦biles rayos de sol que se colaron ayer al mediod¨ªa entre las nubes le invitaban a recuperar una costumbre que ha marcado la vida de los vecinos de la sentenciada colonia Castells. Pero a Encarna -como la llaman en el barrio- ya no le quedan ganas de salir a la calle, ni siquiera se atreve a correr las cortinas para que entre el sol, porque el paisaje que se le presenta es desolador: la casita que hab¨ªa delante de la suya es un mont¨®n de escombros, en la calle ya no hay vecinos con los que sentarse a charlar ni ni?os jugueteando, y el incesante ruido de las piquetas le recuerda que la vivienda que ha ocupado los ¨²ltimos seis a?os tiene los d¨ªas contados.

Encarna ya ha recibido la orden de entregar las llaves, pero se niega porque no tiene derecho a un realojo ni dinero para una nueva vivienda. Ella es una de las ¨²ltimas vecinas que quedan en las casas afectadas por la primera fase de demolici¨®n de la colonia Castells, una isla de 280 casas baratas situada en pleno barrio de Les Corts y levantada en la d¨¦cada de 1920 para los obreros de la f¨¢brica de barnices Castells, hoy desaparecida.

La colonia fue un lugar muy especial, donde todos los vecinos se conoc¨ªan y hac¨ªan vida en la calle, hasta que el Ayuntamiento decidi¨® en 2003 que este entramado de peque?as callejas peatonales y modest¨ªsimas viviendas, con una forma de vida y de relaci¨®n vecinal propias de un pueblo, no encajaba en la gran ciudad. En el solar de la colonia Castells se construir¨¢n 400 pisos, una zona verde y equipamientos.Al margen de las decenas de okupas que en los ¨²ltimos meses han hecho suyas algunas de las viviendas ya abandonadas, todos los vecinos afectados por la primera fase de desmantelamiento de la antigua colonia, excepto cinco familias, han dejado su vivienda. Seg¨²n Reursa, el organismo al que el Ayuntamiento encarg¨® la gesti¨®n de las expropiaciones, 54 de los vecinos tuvieron derecho a ser realojados, aunque una decena de ellos renunciaron a una nueva vivienda y prefirieron cobrar una indemnizaci¨®n. Otros 22 vecinos no han podido acceder a un realojo porque no cumplen las condiciones pactadas en 2001 (no eran propietarios de la casa en aquella fecha o no acreditaron que estaban de alquiler). Todos ellos se han buscado la vida, menos Encarna, Judit, Joan, la familia Cherres y Juana P¨¦rez y su marido, cuyos escasos recursos econ¨®micos no les llegan para una vivienda de alquiler al precio de mercado. "?Ad¨®nde voy si solo cobro una pensi¨®n de jubilaci¨®n de 550 euros?", pregunta Encarna.

Cuando en 2005 alquil¨® su casita, en el pasaje de Barnola, ya sab¨ªa que la colonia estaba sentenciada. "Ya ten¨ªa asumido que iban a echarme, pero no puedo aceptar las condiciones en que lo hacen. Me siento maltratada y desamparada". A principios de la semana pasada le lleg¨® el ultim¨¢tum: deb¨ªa entregar las llaves el viernes d¨ªa 28 o el Ayuntamiento iniciar¨ªa "el proceso administrativo" correspondiente para desalojarla. Ella no las entreg¨®, como ninguna de las cuatro familias restantes, y advierte que deber¨¢n sacarla de su casa a la fuerza. "Aunque no est¨¢ contemplado mi derecho al realojo, Reursa me prometi¨® que estudiar¨ªan mi caso y me buscar¨ªan una nueva vivienda", asegura Encarna.

Joan Puig tambi¨¦n se resiste a dejar su casa. Est¨¢ en el paro y no cobra ning¨²n tipo de ayuda. "?Ad¨®nde voy sin trabajo y sin un duro?", pregunta Joan. El pasado d¨ªa 28, arropado por el colectivo Salvem la Col¨°nia, Joan acudi¨® a la sede de Reursa, pero no entreg¨® las llaves de su casa, sino una "simb¨®lica llave de chocolate" para denunciar "la farsa del juego de promesas incumplidas en el proceso de expropiaci¨®n".

Pere Serra, consejero delegado de Reursa, niega los incumplimientos denunciados por estos vecinos. "No dejaremos a nadie en la calle", asegura. Serra explica que la comisi¨®n de seguimiento de las expropiaciones puso el caso de estos vecinos en manos de los servicios sociales de Les Corts.

"Se les ha ofrecido entrar en el programa de viviendas para casos de emergencia social del Ayuntamiento, pero solo una familia ha aceptado", asegura el responsable de Reursa. "Los restantes reclaman el derecho al realojo, pero no cumplen los requisitos pactados para ello", agrega.