Anticorrupci¨®n pide juzgar a Camps por los trajes y la financiaci¨®n del PP

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que ha impulsado el proceso contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, cree que un posible juicio contra este deber¨ªa incluir, adem¨¢s del regalo de trajes y otras prendas de vestir, todo lo relacionado con la contrataci¨®n irregular con Orange Market y la presunta financiaci¨®n ilegal del PP valenciano a trav¨¦s de empresas contratistas de la Generalitat vinculadas a la trama corrupta. As¨ª, Camps ser¨ªa juzgado no solo por el delito de cohecho impropio, sino tambi¨¦n por los posibles delitos acumulados tras casi dos a?os de investigaci¨®n.

El juez instructor del caso G¨¹rtel en Valencia, Jos¨¦ Flors, ha emplazado a las partes para que se pronuncien respecto a si Camps debe sentarse en el banquillo de los acusados y ser juzgado por un jurado popular, tras considerar que se hab¨ªan practicado todas las diligencias necesarias y era momento de concluir el procedimiento. El plazo inicial se retrasar¨¢ varias semanas, posiblemente hasta mediados de marzo.

El delito imputable al l¨ªder popular ser¨ªa m¨¢s grave si las causas se juntan

Flors ya encontr¨® hace m¨¢s de un a?o indicios suficientes para llevar a juicio al presidente valenciano por haber aceptado trajes pagados por la red G¨¹rtel, pero este recurri¨® ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El caso fue archivado, hasta que el Tribunal Supremo estim¨® el recurso de Anticorrupci¨®n y apreci¨® que los indicios apuntaban a que Camps recibi¨® trajes "con opacidad y de forma repetida". El caso Camps fue reabierto y devuelto al juez Flors para que siguiera instruyendo.

Anticorrupci¨®n entiende que antes de que se decida sobre el juicio a Francisco Camps deber¨ªan resolverse dos cuestiones pendientes.

La primera se refiere a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia quiere limitar el proceso a los dirigentes del PP que han recibido los trajes, pero no a los que los han regalado, es decir, a los cabecillas de la trama G¨¹rtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes. Estos est¨¢n imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero no por el de Valencia. De abrirse juicio oral contra Camps, los jefes de la trama corrupta tendr¨ªan que declarar en Valencia en calidad de testigos, pese a que ellos fueron los presuntos promotores de la corrupci¨®n, lo que aparentemente carece de sentido. Seg¨²n fuentes de Anticorrupci¨®n, el tribunal valenciano deber¨ªa pronunciarse sobre la imputaci¨®n de los cabecillas antes de que la fiscal¨ªa formule su escrito de acusaci¨®n.

Tambi¨¦n defiende la fiscal¨ªa que el asunto de los trajes se enjuicie conjuntamente con todo lo relativo a la contrataci¨®n e incluso con la financiaci¨®n irregular del PP. Hace m¨¢s de un a?o que la investigaci¨®n acredit¨® con numerosos documentos intervenidos y con m¨²ltiples conversaciones grabadas a miembros de la trama corrupta y cargos del Gobierno de Camps, que el PP valenciano se financi¨® ilegalmente con empresas contratistas de la Comunidad Valenciana. Estas empresas pagaban los actos del PP a trav¨¦s de un intermediario, la firma Orange Market, propiedad de la trama corrupta. Y mientras los jefes de la red G¨¹rtel regalaban trajes a los dirigentes del PP valenciano, Orange Market recib¨ªa m¨²ltiples contratos de la comunidad aut¨®noma de manera ilegal, a dedo y sin concurso.

El instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, ya se inhibi¨® en favor de Valencia respecto de la contrataci¨®n irregular y la financiaci¨®n, pero el tribunal valenciano a¨²n no ha decidido si acepta la inhibici¨®n de Pedreira. Anticorrupci¨®n entiende que el regalo de los trajes es solo una parte de los hechos, y que todo se ver¨ªa de distinta manera si se enjuiciasen conjuntamente la contrataci¨®n irregular y la presunta financiaci¨®n ilegal del PP, presidido en Valencia por Camps.

Si se juntaran las causas, en el caso de Camps, que empez¨® a recibir trajes cuando Orange Market comenz¨® a recibir contratos de la Comunidad Valenciana, "se ver¨ªa que el delito de cohecho impropio a lo mejor era un cohecho m¨¢s propio", es decir, m¨¢s grave desde el punto de vista penal, seg¨²n las fuentes de Anticorrupci¨®n consultadas.

El Tribunal Superior de Valencia lleva m¨¢s de un a?o sin decidirse a asumir esta causa pese a que afecta a las principales autoridades de la Comunidad Valenciana y es, por tanto, el ¨²nico tribunal competente para investigar los hechos.