El dinero de los pol¨ªticos

De nuevo un esc¨¢ndalo pol¨ªtico ha devuelto al centro de la escena una cuesti¨®n fundamental jam¨¢s resuelta satisfactoriamente en nuestra democracia: el sueldo de los pol¨ªticos y la financiaci¨®n de los partidos. Porque, en efecto, un esc¨¢ndalo es que dos ex presidentes del Gobierno (Aznar y Gonz¨¢lez) dispongan de una aportaci¨®n vitalicia del Estado -que ronda los 80.000 euros anuales- con el fin de garantizarles una vida acorde con la funci¨®n que han desempe?ado y que les permita seguir aportando sus conocimientos al pa¨ªs y que simult¨¢neamente, sin renunciar a la subvenci¨®n p¨²blica, dediquen su tiempo a la promoci¨®n de intereses privados nacionales o extranjeros. Tambi¨¦n ha contribuido a avivar el debate que los parlamentarios puedan acceder a la pensi¨®n m¨¢xima, a trav¨¦s de un fondo del Congreso (dinero p¨²blico), sin haber cotizado a la Seguridad Social los a?os que se les exigen al com¨²n de los ciudadanos. Por no hablar hoy de los casos de corrupci¨®n que con indeseada frecuencia salpican nuestra vida p¨²blica degrad¨¢ndola peligrosamente.

En este contexto, parece muy pertinente la iniciativa parlamentaria que los socialistas, con el apoyo del Bloque, ha llevado al Parlamento para que los altos cargos de la Xunta y los miembros de la C¨¢mara hagan una declaraci¨®n p¨²blica de sus ingresos, intereses, bienes y patrimonios con el fin de dar transparencia a la vida p¨²blica. Conocer los bienes y patrimonios de las personas cuando llegan a la pol¨ªtica y cuando salen de ella no es m¨¢s que un ejercicio de elemental control democr¨¢tico de los servidores p¨²blicos. Lo que es dif¨ªcil de explicar es la negativa del PP a aceptar esta iniciativa de la oposici¨®n. Sobre todo si se considera que la campa?a electoral de Feij¨®o se bas¨® en la regeneraci¨®n democr¨¢tica y en la denuncia poco escrupulosa de supuestos privilegios y despilfarros del bipartito.

En todo caso, conviene resaltar que no estamos ante una cuesti¨®n menor o carente de inter¨¦s. Al contrario, la financiaci¨®n de las fuerzas pol¨ªticas y, en general, la remuneraci¨®n de la funci¨®n p¨²blica ha sido siempre y en todas partes -desde el Mediterr¨¢neo antiguo hasta nuestras modernas democracias- un factor que determina decisivamente el modelo pol¨ªtico y el dise?o institucional de una sociedad.

Arist¨®teles, con el fin de excluir a los pobres libres del Gobierno y de asegurar a los ricos el monopolio de la vida p¨²blica, se opuso en su Pol¨ªtica a la remuneraci¨®n de la funci¨®n p¨²blica. Por esa misma raz¨®n, el famoso fil¨®sofo atac¨® sin piedad la reforma constitucional de Ephialtes, que consisti¨® precisamente en que los cargos del Gobierno, as¨ª como la participaci¨®n en las asambleas deliberativas y en los tribunales populares de justicia, fueran remunerados con fondos p¨²blicos. Esta reforma trajo consigo la impresionante participaci¨®n del pueblo llano en la vida pol¨ªtica y, de hecho, Atenas fue una rep¨²blica gobernada ininterrumpidamente por el partido democr¨¢tico de los pobres (el partido de Ephialtes, Pericles, S¨®focles y Dem¨®stenes) durante 140 a?os, hasta su conquista por el imperio macedonio.

Salvando las distancias, casi 24 siglos despu¨¦s, EEUU ha realizado el viejo sue?o de Arist¨®teles. En aquel pa¨ªs es pr¨¢cticamente imposible que una persona pueda acceder a un cargo p¨²blico relevante salvo que disponga de una inmensa fortuna o est¨¦ respaldado por un lobby econ¨®mico. Un singular sistema electoral y una decisi¨®n del Tribunal Supremo, cuando sentenci¨® que el dinero declarado que se emplee en elegir candidatos y promocionar intereses comerciales en Washington es una forma de libertad de expresi¨®n protegida por la Constituci¨®n, transformaron una rep¨²blica representativa en una plutocracia.

Si queremos evitar que estos modelos prosperen en nuestras sociedades, como interesadamente muchas voces reclaman a diario, debemos asegurar un sistema de remuneraci¨®n de los cargos p¨²blicos y una financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos que les permita desempe?ar de forma independiente el papel preeminente que les atribuye nuestra Constituci¨®n en defensa del inter¨¦s general. Pero para ello es imperativo recuperar el prestigio de la funci¨®n p¨²blica, establecer una total transparencia en la vida pol¨ªtica, articular un eficaz sistema de incompatibilidades y abolir cualquier privilegio que solo genera agravios comparativos y rechazo social a la funci¨®n p¨²blica, para regocijo de intereses privados y especulativos que generan las crisis sin que nadie les pida responsabilidad alguna y cuya pretensi¨®n es evitar todo tipo de regulaci¨®n y control democr¨¢tico.