EE UU denuncia la corrupci¨®n oficial y la impunidad en Argentina

El fen¨®meno de la corrupci¨®n oficial en Argentina preocupa a Estados Unidos, cuya Embajada en Buenos Aires envi¨® al Departamento de Estado m¨¢s de 100 despachos confidenciales, a lo largo de varios a?os, alertando sobre la fragilidad del sistema judicial en el pa¨ªs sudamericano y, consecuentemente, sobre la impunidad de quienes delinquen.

Sin aut¨¦ntica voluntad pol¨ªtica para erradicarla, la corrupci¨®n es generalizada en la judicatura y la polic¨ªa, y alcanza a la pol¨ªtica, seg¨²n denuncia un informe enviado a Alberto. R. Gonzales, entonces Fiscal General de Estados Unidos, poco antes de su viaje a Buenos Aires.

La mayor¨ªa de los pa¨ªses de Am¨¦rica Latina ocupan, con Venezuela a la cabeza, puestos lamentables en la clasificaci¨®n de Transparencia Internacional (TI), ya que la corrupci¨®n atraviesa los negocios y la pol¨ªtica, y las denuncias no resueltas sobre comisiones ilegales y sobornos son innumerables. Venezuela, Argentina, Paraguay, M¨¦xico Honduras, Ecuador o Bolivia figuran entre las naciones m¨¢s castigadas por la corrupci¨®n oficial y la impunidad.

Un banquero espa?ol escuch¨® que deb¨ªa contactar con "el grupo K"

La renuncia del fiscal anticorrupci¨®n argentino Manuel Garrido, en marzo del 2009, alegando la imposibilidad de cumplir con su trabajo, maniatado por restricciones normativas, fue recibida con desagrado por la legaci¨®n diplom¨¢tica norteamericana. La Embajada hab¨ªa seguido atentamente las investigaciones de Garrido sobre el sospechoso incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y de funcionarios del entorno presidencial. "Los recientes movimientos del Gobierno argentino socavan la independencia y la eficacia de los organismos con jurisdicci¨®n sobre casos de corrupci¨®n", conden¨® la Embajada.

A pesar de que el ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone de una oficina anticorrupci¨®n, ¨¦sta se ha centrado fundamentalmente en investigar los casos ocurridos durante las Administraciones de los presidentes Carlos Menem (1980-1999) y de Fernando de La R¨²a (1999-2003). "Pero apenas se ha ocupado de las acusaciones contra la Administraci¨®n Kirchner", subrayan los funcionarios norteamericanos. Las apreciaciones sobre el matrimonio Kirchner son imputables a todos los Gobiernos argentinos, cuyos responsables ignoraron o minimizaron en su d¨ªa las denuncias en su contra.

La frustraci¨®n del juez Garrido, que despu¨¦s de m¨¢s de 100 investigaciones no pudo lograr una sola condena, es entendible a tenor del promedio judicial argentino: desde el a?o 1986, ¨²nicamente se han registrado 50 sentencias condenatorias. La mayor¨ªa de las causas que llegan a los tribunales acaban extingui¨¦ndose puesto que los procesos se eternizan una media de 14 a?os, seg¨²n el Centro para el Estudio y la Prevenci¨®n de los Delitos Econ¨®micos. Solo 15 de cada 750 acaban en el procesamiento de los denunciados.

Casi todo est¨¢ bajo sospecha en los cables de la Embajada: desde el v¨¦rtice del Estado hasta el funcionario, el comandante de provincias o el polic¨ªa de comisar¨ªa enlodado con la prostituci¨®n y el tr¨¢fico ilegal.

El formato del fen¨®meno es variado. El ex-Ombudsman, Eduardo Mondino, confes¨® al entonces embajador, Anthony Wayne, que investigaba denuncias sobre "la sistem¨¢tica comisi¨®n del 15% cargada por el Gobierno argentino a todos los contratos privados con un tercer pa¨ªs". La oficina de Mondino trataba de determinar si se trataba de soborno o de malversaci¨®n, y si el dinero obtenido fue depositado en un banco de Estados Unidos. El embajador prometi¨® ayudar con cautela dado lo "delicado" del asunto.

Un cable implic¨®, de nuevo, al ministro de Planificaci¨®n, Julio De Vido, en un caso de cohecho: el consejero delegado de una empresa alemana se quej¨® ante el ministro de que uno de sus ayudantes le hab¨ªa pedido dinero. "De Vido no tuvo inter¨¦s en conocer el nombre del funcionario que ofendi¨® [al consejero delegado] y en cambio le recomend¨® que grabara y filmara la pr¨®xima solicitud de soborno".

Los episodios vividos por empresarios y banqueros de diferentes nacionalidades podr¨ªan certificar la veracidad del contenido de las denuncias recogidas por la Embajada norteamericana. Un banquero espa?ol escuch¨® una y otra vez en Buenos Aires, al principio con incredulidad, que deb¨ªa contactar con el denominado "grupo K" para "solucionar" sus problemas.

La conclusi¨®n del diputado conservador Federico Pinedo fue que las relaciones con N¨¦stor Kirchner, fallecido el pasado a?o, "son m¨¢s importantes que las instituciones". Las declaraciones fueron efectuadas a ra¨ªz del esc¨¢ndalo por presunta corrupci¨®n en el manejo de fondos p¨²blicos que golpe¨® directamente al jefe del Ej¨¦rcito, el general Roberto Bendini, en 2008.

La Embajada alude tambi¨¦n a la corrupci¨®n entre los militares, cuyas consecuencias rara vez son penales. "Los esc¨¢ndalos por corrupci¨®n en Argentina comienzan con mucho ruido para disiparse despu¨¦s en el olvido, debido a la parsimonia de las 'investigaciones' y el interminable peloteo judicial a los que son sometidos", resume un despacho, que cita la debilidad de la arquitectura anticorrupci¨®n nacional como fundamento de todos los males.

Otro informe recoge otra forma de corrupci¨®n: la captaci¨®n pol¨ªtica de los jueces con causas importantes a su cargo. Los magistrados, si aceptan, deben abandonar esas causas o paralizarlas, el objetivo pretendido por quienes les ofrecieron espacio en su listas electorales.

La envergadura del problema es enorme: los argentinos sacaron del pa¨ªs en torno a 130.000 millones de d¨®lares, la mayor¨ªa procedentes de la evasi¨®n fiscal y la corrupci¨®n pol¨ªtica. Para tratar de lograr su regreso, el Gobierno aprob¨® una ley de amnist¨ªa impositiva, sobre cuyos resultados y verdaderas intenciones aun existen recelos.

Dos abogados consultados por la Embajada norteamericana coincidieron en que el Gobierno de Kirchner presion¨® tanto para que se aprobara esa ley, pese a las dudas sobre su efectividad, para "permitir a funcionarios del Gobierno y sus c¨®mplices en el sector privado blanquear el efectivo procedente de las comisiones, sobornos y otras formas de corrupci¨®n oficial, y legitimar negocios turbios, por ejemplo el juego".

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