Colombia ante el desaf¨ªo del cambio

Colombia es un pa¨ªs hermoso. Complejo, atribulado y esperanzado al mismo tiempo. Durante a?os asediado por una guerrilla que se dec¨ªa izquierdista y liberadora y que ha evolucionado hasta convertirse en un colectivo de delincuentes y narcotraficantes. Es un pa¨ªs rico, muy rico, pero en el que las desigualdades sociales son ingentes y la distribuci¨®n de la riqueza manifiestamente injusta.

Es una democracia parlamentaria liberal, con un fuerte Ejecutivo presidencialista -propio de Latinoam¨¦rica- distanciada de la Am¨¦rica "bolivariana". Goza de libertad de prensa, de asociaci¨®n y de una judicatura independiente. Durante casi dos lustros ha sido gobernada por ?lvaro Uribe, un pol¨ªtico conservador de gran popularidad por su contundente combate contra la guerrilla, de tentaciones caudillistas, que no han fructificado gracias al buen juicio de las instituciones y de la sociedad colombianas.

Los tres poderes, Ejecutivo Legislativo y Judicial, han iniciado una in¨¦dita etapa de colaboraci¨®n

La violencia de las FARC y los paramilitares no ha sido a¨²n erradicada, pero ha decrecido much¨ªsimo

No obstante, es asimismo un pa¨ªs donde los asesinatos de sindicalistas, periodistas, ind¨ªgenas y defensores de derechos humanos -a menudo propiciados o amparados desde determinadas instancias del Estado y siempre auspiciados por quienes desean conservar, e incluso incrementar, privilegios abusivamente logrados- han sido moneda corriente en un clima de casi absoluta impunidad. La violencia ha sido protagonizada por las FARC -banda terrorista hoy felizmente debilitada y a la que la poblaci¨®n ha dado la espalda-, y los paramilitares, terroristas financiados por terratenientes abiertamente hostiles al reparto de la riqueza espuriamente obtenida. No ha sido a¨²n erradicada, si bien ha decrecido hasta cotas inimaginables hace poco tiempo. Hoy es posible sostener que el terrorismo de uno y otro signo desaparecer¨¢ a no mucho tardar gracias a la acci¨®n decidida de las diversas instituciones del Estado y de la sociedad civil organizada. Una parte de esta y significativos sectores sindicales contin¨²an responsabilizando al Poder Ejecutivo y a los servicios de inteligencia (DAS) de un cierto tipo de terrorismo. Pero est¨¢n anclados en el pasado. Un pasado reciente, pero pasado.

Echemos un vistazo al Ejecutivo. Juan Manuel Santos, derechista, accedi¨® a la presidencia de la Rep¨²blica hace escasos meses, tras ganar limpia y democr¨¢ticamente los comicios. Su n¨²mero dos, Angelino Garz¨®n, centrista, es el vicepresidente. En coalici¨®n con otras fuerzas conservadoras, liberales y centristas, controlan m¨¢s del 80% del Parlamento. La popularidad de Santos es nada menos que del 90%. Lamentablemente, la izquierda (Polo Democr¨¢tico) obtuvo en la C¨¢mara de Representantes tan solo el 3% de los votos y en el Senado, el 7,84%.

Santos y Garz¨®n han sorprendido a propios y extra?os al alejarse de los planteamientos del anterior presidente, Uribe. Santos -que no apoy¨® la primera reelecci¨®n de su predecesor- entendi¨® el papel que podr¨ªa jugar la judicatura en una Colombia reformista cuando el Tribunal Constitucional fall¨® (25-2-10) en contra de una segunda reelecci¨®n de Uribe. De ah¨ª que desde la investidura de Santos los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hayan iniciado una in¨¦dita etapa de colaboraci¨®n.

El Ejecutivo respeta a los jueces. Algo ins¨®lito en el periodo uribista, donde el enfrentamiento con ellos era inclemente y constante. Periodo en el que, no obstante, el Tribunal Supremo, a pesar de numerosos obst¨¢culos y trabas, fue capaz de sacar a la luz el entramado criminal de la parapol¨ªtica ultraderechista. Santos no solo ha firmado con el Supremo una paz mutuamente beneficiosa para ambos (y desde luego para el pa¨ªs) sino que logr¨® consensuar en una semana el nombramiento de una nueva fiscal general, algo no conseguido en los ¨²ltimos 16 meses. El Estado de derecho funciona y el Ejecutivo est¨¢ promoviendo una serie de iniciativas legislativas y administrativas tendentes a la institucionalizaci¨®n de una estrategia activa de protecci¨®n y garant¨ªa de los derechos humanos individuales y de comunidades ind¨ªgenas que conduzca a la normalidad social y pol¨ªtica. Destacan en este campo la Mesa redonda para garantizar los derechos humanos de los sindicalistas (septiembre de 2010), en la que los representantes sindicales deciden la agenda, la Mesa de di¨¢logo permanente con las organizaciones sociales campesinas (noviembre de 2010), la Declaraci¨®n conjunta hacia una pol¨ªtica de derechos humanos y derecho internacional humanitario (22-11-10), firmada por el vicepresidente Garz¨®n y organizaciones de la sociedad civil y del sistema de Naciones Unidas y de la Organizaci¨®n de Estados Americanos. Tal declaraci¨®n prepara la convocatoria en diciembre de 2011 de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos con el objetivo de una agenda com¨²n entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional con vistas a impulsar el respeto y promoci¨®n de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

De modo que los primeros meses del Gabinete de Santos, sustentado por la mayor¨ªa absoluta del Parlamento, se han focalizado -am¨¦n de la tramitaci¨®n legislativa de un estatuto de la corrupci¨®n para combatir esta lacra- en una estrategia que prioriza la cuesti¨®n humanitaria y de derechos humanos. La convicci¨®n y determinaci¨®n del nuevo Ejecutivo colombiano para poner fin a las injusticias y barbaries del pasado es tal que incluso iniciativas legislativas como la prolongaci¨®n de la ley de orden p¨²blico -que prev¨¦ indultos o cese de procesos penales- expl¨ªcitamente excluye de estos supuestos los delitos que comprometan la seguridad nacional, vulneren el derecho internacional humanitario o sean tipificados de lesa humanidad.

Adem¨¢s de los proyectos de ley mencionados, sobresale la ley de v¨ªctimas y de restituci¨®n de tierras, aprobada ya en la C¨¢mara y que ser¨¢ ratificada en marzo en el Senado. Se trata del proyecto estrella de la actual Administraci¨®n y de la que, con razonable orgullo, trat¨® el 6 de diciembre el presidente Santos en Nueva York. Hab¨ªa sido invitado a la IX asamblea del Tribunal Penal Internacional por el fiscal jefe de dicha Corte, Luis Moreno Ocampo, quien al presentar a Santos, tras la intervenci¨®n del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, tradujo perfectamente la nueva realidad, al manifestar que "Colombia est¨¢ pasando de ser ni?o malo a ni?o bueno en el contexto internacional".

En ese acto neoyorquino la ley de v¨ªctimas se convirti¨® en el s¨ªmbolo del relanzamiento y del compromiso gubernamental colombiano con la sociedad internacional. Santos fue expl¨ªcito: "Vengo a proclamar nuestra decisi¨®n de combatir la impunidad en nuestro pa¨ªs y nuestro inequ¨ªvoco respaldo a la Corte Penal Internacional. Vengo a expresarles que el Gobierno de Colombia tiene la m¨¢s firme voluntad -y as¨ª quiero dejarlo claro- de reconocer y hacer efectivos los derechos de las v¨ªctimas a la verdad, la justicia y la reparaci¨®n".

Colombia, hermoso pa¨ªs, complejo, atribulado y esperanzado al mismo tiempo, encara una encrucijada hist¨®rica. El actual Gobierno -dirigido por un pol¨ªtico inteligente, derechista, pero no caudillista, y al que apoya la gran mayor¨ªa de la poblaci¨®n- trabaja con convicci¨®n por reparar las graves ofensas y delitos, probablemente de lesa humanidad, perpetrados en el pasado reciente. T¨¦ngase en cuenta que la ley de v¨ªctimas no es un mero acto de solidaridad, sino que contiene, adem¨¢s, una menci¨®n expresa a la responsabilidad estatal en el conflicto armado. El Gobierno quiere cerrar heridas y compensar a v¨ªctimas, desplazados y despojados. Es consciente de que no es tarea f¨¢cil, dada la desmesura de la agresi¨®n y la inmediatez de la misma. Sin embargo, desde mi punto de vista y dada la ingente carga a soportar es ¨¦ticamente l¨ªcito y pol¨ªticamente correcto concederle un margen temporal.

No me corresponde a m¨ª -espa?ol y socialista, pero ante todo dem¨®crata- fijar los l¨ªmites temporales de la confianza a otorgar a Santos, Garz¨®n y su Gobierno. Tan solo me atrevo a pronosticar que la ley de v¨ªctimas y de restituci¨®n de tierras es la gran prueba y que si, como se espera, es ratificada en el Senado y sancionada por el presidente, se abrir¨¢ una nueva y definitiva p¨¢gina -limpia, digna y honrosa- que facilitar¨¢ el camino a una naci¨®n que desea sanarse y de una sociedad que necesita recuperar valores perdidos. Abrir¨¢ la posibilidad de un pacto social que permitir¨¢ a los colombianos reencontrarse en paz, dignidad y justicia con ellos mismos.

Emilio Men¨¦ndez del Valle es embajador de Espa?a y eurodiputado socialista.