La Intervenci¨®n envi¨® tres informes contrarios al tr¨¢mite de las ayudas

La Intervenci¨®n General de la Junta de Andaluc¨ªa, dependiente de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda, envi¨® tres informes a la Direcci¨®n General de Trabajo y Seguridad Social cuestionando el procedimiento administrativo utilizado para financiar ayudas a empresas en crisis y expedientes de regulaci¨®n de empleo.

Seg¨²n ha podido saber EL PA?S de fuentes de la investigaci¨®n, las advertencias fueron remitidas en 2005, 2006 y 2007 y en todos los casos fueron deso¨ªdas por los responsables de la Consejer¨ªa de Empleo.

Los informes de la Intervenci¨®n General de Hacienda, departamento que una fuente califica de "imperius de la Administraci¨®n", fueron remitidos a tres responsables: al director general, al viceconsejero y al consejero. En esa fecha, esos tres puestos los ocupaban Javier Guerrero, Agust¨ªn Barber¨¢ y Antonio Fern¨¢ndez. Guerrero, director general durante nueve a?os con tres consejeros distintos -Guillermo Guti¨¦rrez, Jos¨¦ Antonio Viera y Antonio Fern¨¢ndez-, asegur¨® a la Polic¨ªa Judicial que manej¨® sin control un fondo de ayudas a empresas dotado con 647 millones de euros. Seg¨²n el atestado policial, Guerrero dijo que dispuso de un "fondo de reptiles".

Empleo empez¨® a cambiar el procedimiento de las ayudas en 2008

Hay tres personas que cobran prejubilaciones de dos empresas

Los informes de la Intervenci¨®n, que no eran vinculantes, fueron rebatidos por los asesores jur¨ªdicos de Empleo, que continu¨® utilizando el procedimiento de la transferencia de financiaci¨®n de explotaci¨®n, en lugar de la figura de la subvenci¨®n excepcional sugerida por Hacienda. El primer procedimiento se escogi¨® porque agilizaba todos los tr¨¢mites de concesi¨®n de las ayudas, que no estaban sometidas al control previo de fiscalizaci¨®n, que s¨ª podr¨ªa suspender la tramitaci¨®n.

El primer informe de la Intervenci¨®n de 2005, analiza los expedientes de Empleo del a?o 2003. Ya advierte que no se considera adecuado el procedimiento escogido.Entre los motivos por los que la Intervenci¨®n pone reparos a la tramitaci¨®n de ayudas mediante la transferencia de financiaci¨®n de explotaci¨®n (que se gestionaba primero a trav¨¦s del Instituto de Fomento y luego por la agencia IDEA) figuraba el que se produc¨ªan desfases financieros. As¨ª, a finales de 2004 el IFA hab¨ªa superado en algo m¨¢s de 38 millones de euros el l¨ªmite de cr¨¦ditos aprobados.

Seg¨²n Hacienda, esta diferencia presupuestaria podr¨ªa haberse evitado con la utilizaci¨®n de la figura de la subvenci¨®n excepcional. Estas objeciones, que volvieron a repetirse en los informes de 2006 y 2007, no suponen que hubiera fondos sin control: la Junta tiene rastreadas todas estas cuentas cuyas partidas figuran en las leyes de presupuestos y est¨¢n sometidas al control financiero permanente que se emite todos los a?os con las cuentas ya cerradas. Es decir, los pagos se realizaron y no hay fondos ocultos, insisten desde la Junta de Andaluc¨ªa.

Otro de los reproches que la Intervenci¨®n puso por escrito es que el IFA no emiti¨® resoluci¨®n previa al reconocimiento del compromiso de pagos a terceros, estableciendo las condiciones para el beneficiario o el r¨¦gimen de justificaci¨®n posterior al pago. El argumento que desde la Consejer¨ªa de Empleo se facilit¨® en sus alegaciones es que toda la documentaci¨®n acreditativa de las ayudas estaban en poder de la Direcci¨®n General de Trabajo y que as¨ª se recog¨ªa en dos cl¨¢usulas que se inclu¨ªan en todos los convenios firmados con las empresas para conceder las ayudas.

Seg¨²n inform¨® la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, el pasado martes, en 2005 Intervenci¨®n decidi¨® hacer un examen de 20 convenios de concesi¨®n de las ayudas. En ese momento, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, Empleo tramitaba un total de 144 expedientes. La gesti¨®n de los fondos fue la correcta, pero no el procedimiento administrativo seguido en la pr¨¢ctica totalidad de la veintena de auditor¨ªas realizadas. Esta pr¨¢ctica com¨²n es la que hace albergar a la Intervenci¨®n General dudas razonables sobre la correcta tramitaci¨®n del resto de los expedientes no seleccionados. Dicho esto, el Gobierno andaluz entiende que el debate sobre el procedimiento no convierte la v¨ªa elegida en irregular o il¨ªcita, como enfatiz¨® el martes la consejera de la Presidencia, Mar Moreno.

Estos informes no cayeron en saco roto y de hecho en la ¨²ltima etapa de Antonio Fern¨¢ndez como consejero se cambia el procedimiento. En 2008 se inicia la senda del cambio y empieza a publicarse en el Bolet¨ªn Oficial de la Junta de Andaluc¨ªa (BOJA). No obstante, llama mucho la atenci¨®n que ni el consejero ni el viceconsejero prestaran o¨ªdos a las recomendaciones del "imperium" de la Junta, algo que varias fuentes del Gobierno consideran no tan extra?o.

El Gobierno andaluz mantiene que los ERE han estado sujetos a control en todo momento, aunque cree que puede haber habido un uso indebido de los fondos. Por ahora, la Junta de Andaluc¨ªa considera como responsable ¨²nico del desaguisado de las falsas prejubilaciones al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que es quien estampaba su firma en los expedientes hasta que fue destituido en abril de 2008. No obstante, el caso coger¨ªa un vuelo pol¨ªtico espectacular si este apuntara hacia m¨¢s arriba, como algunos temen en el PSOE.

En la informaci¨®n remitida al juzgado con 37 nuevos casos irregulares (y 35 nombres), la Junta se?ala directamente Guerrero y le identifica como el que ordena la apertura de p¨®lizas individuales de hasta seis personas, entre las que figuran el exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo Villavieja (a trav¨¦s del ERE de Cydeplast) y el militante de El Pedroso Alejandro Mill¨¢n Torres (en el ERE de Grafricromo). Guerrero fue alcalde de esta localidad de la sierra norte sevillana entre 1995 y 1999. Tambi¨¦n atribuyen a Guerrero la inclusi¨®n en el ERE de Calderinox del que fuera delegado de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla Juan Rodr¨ªguez Cordob¨¦s.

Las 12 ERE en los que la Junta ha encontrado irregularidades son: Saldauto, Grafricromo, Calderinox, Cydeplast, Hytemasa, Springer Arteferro, Surcolor, SOS Cu¨¦tara, Smurfit, Bonpunt, Germans y Cash Lepe.

Seg¨²n estas fuentes, hay tres personas que cobran p¨®lizas de dos empresas distintas. Dos de ellas de Bonpunt y de Germans y una tercera de Bonpunt y de Cydeplast.

El mayor n¨²mero de casos de personas que estar¨ªan cobrando prejubilaciones indebidas se produce en la empresa textil Bonpunt, radicada en Ronda (M¨¢laga) y conocida popularmente en la localidad como La F¨¢brica de las Bragas. Hasta 12 personas figuran en el listado de posibles beneficiarios sin haber trabajado en la empresa.

Otro grupo de ocho personas est¨¢ ligado al expediente de regulaci¨®n de empleo de la empresa Cash Lepe S.A. Estas personas no eran trabajadoras de esta sociedad en el momento del inicio del ERE y se contrataron entre el 16 de junio de 2003 hasta julio de ese a?o. No obstante, s¨ª trabajaban en la empresa Super Roc¨ªo, S. L. con la que la primera tiene vinculaciones societarias.

Este caso se considera tambi¨¦n irregular, aunque fuentes conocedoras de la investigaci¨®n lo consideran m¨¢s que nada una "chapuza" de la Direcci¨®n General de Trabajo.

A estos 37 nuevos casos hay que sumar otros dos ya conocidos por los ERE de R¨ªo Grande y de Mercasevilla, el origen de toda la investigaci¨®n que lleva la titular del juzgado n¨²mero 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Esta investiga una trama en la que estar¨ªa el ex director general de Trabajo, un ex dirigente socialista de Baeza, empresarios e intermediarios.

Las presuntas falsas prejubilaciones es el resultado de una investigaci¨®n interna abierta por la Consejer¨ªa de Empleo. De los 45 ERE que est¨¢n a¨²n en vigor, Empleo ha cotejado 30, de los que en 12 ha encontrado irregularidades. A¨²n quedan por examinar 15 expedientes. La Junta estima que en una semana se conocer¨¢n los resultados de la investigaci¨®n y que si hay m¨¢s casos lo pondr¨¢ en conocimiento del juzgado.

La juez ser¨¢ la que tendr¨¢ que determinar si los que aparecen como perceptores de las p¨®lizas se han beneficiado o si fueron los intermediarios. Por el momento, la Junta desconoce si hay m¨¢s casos de personas vinculadas al PSOE en estos expedientes.