El fiscal acusa a Camps de cohecho por recibir 14.000 euros en regalos
Anticorrupci¨®n pide una multa y recuerda que hoy el delito implicar¨ªa c¨¢rcel
La posici¨®n del presidente de la Generalitat valenciana es cada vez m¨¢s dif¨ªcil de defender. Francisco Camps recibi¨® ayer varias comunicaciones judiciales y todas resultaron contrarias a sus intereses. Camps hab¨ªa instado al ministerio p¨²blico a pedir el archivo del caso de los trajes, y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n present¨® ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano un severo escrito de conclusiones en el que pide sentarlo en el banquillo por un delito de cohecho continuado: haber recibido en consideraci¨®n de su cargo "al menos" 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros de la trama G¨¹rtel entre los a?os 2005 y 2008. Su abogado hab¨ªa intentado, paralelamente, dilatar el procedimiento planteando nuevas diligencias, y tanto el juez instructor, Jos¨¦ Flors, como la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, las rechazaron.
Anticorrupci¨®n pide para Camps una pena de multa de cinco meses y 15 d¨ªas con una cuota diaria de 250 euros. En total: 41.250 euros. La fiscal¨ªa recuerda que el castigo que reclama para el presidente valenciano es acorde con el C¨®digo Penal vigente cuando se cometieron los hechos. Con la nueva redacci¨®n del C¨®digo Penal, pactada el a?o pasado por PSOE y PP, el mismo comportamiento est¨¢ castigado con pena de prisi¨®n de seis meses a un a?o y suspensi¨®n de empleo y cargo p¨²blico de uno a tres a?os.
La fiscal¨ªa solicita la misma pena para Ricardo Costa, que en el momento de los hechos era secretario general del PP valenciano y hoy es diputado regional; y Rafael Betoret, que era jefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo y es ahora jefe de protocolo de la Diputaci¨®n. Para V¨ªctor Campos, entonces vicepresidente de la Generalitat, pide una multa de 35.000 euros. Los cuatro habr¨ªan recibido regalos de la trama por valor de 40.374 euros en tres a?os.
El ministerio p¨²blico considera acreditado que Francisco Correa, Pablo Crespo y ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, "con el fin de ganarse la amistad y el favor" de los imputados, "les hicieron llegar de forma continuada y en consideraci¨®n a la naturaleza y rango de sus cargos determinados regalos para su uso personal, tales como trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir". Y que los acusados los recibieron siendo conscientes de que les eran entregados por su cargo, "desde el que pod¨ªan tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre materias en relaci¨®n con las cuales Correa, P¨¦rez y Crespo manten¨ªan importantes intereses econ¨®micos".
Entre 2004 y 2009, Orange Market, la empresa de El Bigotes (a quien Camps se refer¨ªa como "amiguito del alma"), obtuvo contratos del Gobierno valenciano por unos 16 millones de euros.
Los regalos, se?alan las fiscales, eran adquiridos en las tiendas Milano y Forever Young y eran abonados por seis empresas de la trama: Easy Concept, Dise?o Asim¨¦trico, Good & Better, Servimadrid y Orange Market. Los pagos a veces eran en efectivo y otras, a trav¨¦s de cheques y transferencias. Previamente, los empleados de las tiendas contactaban con los imputados para tomarles medidas. Camps y los otros tres acusados recib¨ªan las prendas en sus domicilios, en casa de El Bigotes, o en Orange Market.
Anticorrupci¨®n ofrece un anticipo del circo en el que se convertir¨¢ el TSJ valenciano si, como todo apunta, se abre juicio oral. La fiscal¨ªa solicita interrogar a los acusados y que comparezcan 22 testigos y peritos policiales, de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ante un jurado popular.
El ministerio p¨²blico insiste en suspender el procedimiento hasta que no se resuelvan las dos inhibiciones del juez del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso G¨¹rtel, en favor del TSJ valenciano. Su aceptaci¨®n implicar¨ªa el traslado a Valencia de nuevos delitos (cohecho, financiaci¨®n ilegal, delito electoral, contra la Hacienda p¨²blica y otros) en los que estar¨ªan implicados 14 miembros del Gobierno y el PP valencianos.
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