Un atajo para la paz social

El caso de las falsas prejubilaciones en los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) financiados con dinero p¨²blico ha ensombrecido lo que ha sido una de las pol¨ªticas m¨¢s emblem¨¢ticas de los socialistas de los ¨²ltimos 15 a?os: la del rescate de empresas en crisis, una decisi¨®n que entre otros aspectos ha garantizado la paz social en la comunidad. Por ahora, Empleo reconoce que hay un total de 39 presuntas falsas prejubilaciones -correspondientes a 14 empresas- de las 6.096 que a¨²n se est¨¢n pagando, y que la Junta ha llevado al juzgado n¨²mero 6 de Sevilla. El consejero de Empleo, Manuel Recio, dijo ayer desconocer si, como han apuntado varios medios, hay otra veintena de ERE en los que tambi¨¦n se han producido irregularidades.

El Ejecutivo fija la responsabilidad del fraude en el director general de Trabajo

Entre 2001 y 2010, el Gobierno regional presidido por Manuel Chaves hasta 2009 destin¨® 647 millones a estas pol¨ªticas. El 90% de este dinero ha financiado expedientes de regulaci¨®n de empleo, una herramienta que permite la continuidad de la actividad tras el ajuste laboral. El 10% se ha destinado a las empresas. Este camino lo empieza a recorrer la Junta a mediados de los a?os noventa, cuando los trabajadores de Santana, de Puleva, de Cervezas Alhambra, de Intelhorce o de Astilleros incendiaban de este a oeste Andaluc¨ªa (y los m¨ªtines del PSOE) pidiendo soluciones al Gobierno presidido entonces por Manuel Chaves. Los socialistas tomaron la decisi¨®n de ir al rescate, intervenir y apaciguar los conflictos. Hasta ahora. Fuentes de la Junta admiten que en la actualidad est¨¢n rechazando peticiones de financiaci¨®n de ERE, no solo por cuestiones de limitaci¨®n presupuestaria sino tambi¨¦n porque consideran que las prejubilaciones no pueden ser ya "la salida natural para la viabilidad de una empresa". Desde 2001 hasta 2009, aproximadamente unos 25.000 trabajadores han percibido prejubilaciones financiadas con fondos p¨²blicos, seg¨²n estas mismas fuentes.

Las partidas para conceder estas ayudas est¨¢n en los sucesivos presupuestos de la Junta de Andaluc¨ªa. No es cierto que fuera un dinero opaco, aunque evidentemente ha habido un uso fraudulento de algunas cantidades cuya cuant¨ªa est¨¢ por determinar.

El Gobierno andaluz utiliz¨® para financiar los ERE una v¨ªa administrativa (transferencia de financiaci¨®n a la explotaci¨®n) que permit¨ªa mayor agilidad, un atajo para que la tramitaci¨®n fuera m¨¢s r¨¢pida. La Intervenci¨®n General defend¨ªa, por ejemplo, la de la subvenci¨®n excepcional, "la m¨¢s purista, pero la menos eficaz", en opini¨®n de una fuente del Ejecutivo. "No hay tres letrados en la Junta que coincidan en cu¨¢l era la mejor", aseguran fuentes jur¨ªdicas, sorprendidas por la contundencia del atestado de la polic¨ªa judicial que mantiene que las ayudas concedidas desde la Direcci¨®n General de Trabajo que dirig¨ªa Javier Guerrero vulneraron las leyes de Hacienda P¨²blica y de R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones.

Guerrero, director general durante nueve a?os con tres consejeros, hizo saltar todas las alarmas en el Gobierno andaluz cuando asegur¨® a la polic¨ªa que manej¨® "un fondo de reptiles" para ayudar a empresas en crisis. Cinco d¨ªas despu¨¦s rectific¨® en una declaraci¨®n cuando menos poco espont¨¢nea.

El Gobierno andaluz ha situado el cortafuegos de la responsabilidad pol¨ªtica en la direcci¨®n general de Trabajo. Por el momento se ven tres tipos de actuaci¨®n: la de una trama en la que est¨¢n implicadas al menos 12 personas, urdida por el ex sindicalista de UGT y conseguidor Juan Lanzas, que se habr¨ªa beneficiado, con la complicidad de las consultoras, del dinero de falsos prejubilados; la inclusi¨®n irregular de personas que cobran por un ERE distinto al que les corresponde, y que desde la Junta se considera una "chapuza"; y la de personas que sin trabajar en ninguna empresa fueron incluidas, supuestamente por orden de Guerrero, entre las que figuran tres miembros del PSOE.