"Las reuniones con ETA fueron una partida de ajedrez de medias verdades"

"Aquello fue una partida de ajedrez". "Con mentiras y medias verdades". As¨ª se pronunciaron ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el caso del chivatazo policial al aparato de extorsi¨®n de ETA, los tres negociadores que en representaci¨®n del Gobierno se reunieron con la direcci¨®n de la banda en 2006 para tratar de conseguir el fin de la violencia. Buena parte de las preguntas formuladas iban encaminadas a conocer si el Ejecutivo hab¨ªa dado instrucciones para reducir la intensidad en la lucha antiterrorista.

El secreto de sus declaraciones y de las de una docena de mandos de las fuerzas de seguridad -Polic¨ªa, Guardia Civil, Ertzaintza y antiterrorismo franc¨¦s- que ten¨ªan la misma finalidad, as¨ª como el de las denominadas actas de las reuniones realizadas por ETA fue levantado ayer, antes de que la secci¨®n segunda de lo Penal se pronuncie sobre si el caso, con el que el PP lleva meses atacando al ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, es competencia de la Audiencia o de un juzgado de Ir¨²n (Guip¨²zcoa).

Los tres negociadores que han declarado ante el juez, a petici¨®n de la fiscal¨ªa, son Jes¨²s Eguiguren, Javier Moscoso y Jos¨¦ Manuel G¨®mez Ben¨ªtez. Lo hicieron entre el 31 de enero y el pasado 22 de marzo. Los dos primeros, sobre la reuni¨®n que mantuvieron con ETA el 22 de junio de 2006. El ¨²ltimo, sobre la reuni¨®n de septiembre de aquel a?o.

En la primera, a Eguiguren y Moscoso los etarras les plantearon lo ocurrido en el bar Fais¨¢n. En la segunda, ya con G¨®mez Ben¨ªtez, nunca hablaron de la delaci¨®n, sino que recriminaron que hubiera habido 58 detenciones -entre ellas todas las practicadas por el juez Grande-Marlaska por el caso Fais¨¢n-, lo que, seg¨²n ellos, era un incumplimiento de los pactos a los que hab¨ªan llegado previamente y lo que supon¨ªa la ruptura de la negociaci¨®n.

Los tres negociadores, a los que el juez ha dado ahora la condici¨®n de protegidos junto a otros dos interrogados, se?alaron que las reuniones eran "como una partida de ajedrez", en las que se trataba de convencer al adversario con todo tipo de recursos, incluidas las medias verdades o incluso mentiras. Igual que intentaban ellos.

Los etarras reprochaban a los negociadores que el Gobierno no pusiera fin a las detenciones, o que no se permitiera reunirse a los miembros de Batasuna, mientras que los negociadores se?alaban como incumplimientos las cartas de extorsi¨®n a empresarios, conocidas como impuesto revolucionario, los movimientos de rearme, tanto de armas como de explosivos, y la creciente kale borroka o lucha callejera.

En sus declaraciones se?alaron que unos y otros insist¨ªan en diferenciar lo que eran incumplimientos de lo pactado y lo que eran accidentes. Seg¨²n la definici¨®n aportada al juez, accidentes eran aquellos incidentes que produc¨ªan tensi¨®n en el proceso, pero que no eran responsabilidad de ninguna de las partes.

As¨ª la direcci¨®n de ETA se?alaba que la kale borroka era un accidente, porque la banda no la controlaba. Lo que a juicio de los negociadores era mentira.

Los negociadores del Gobierno argumentaban que las detenciones ordenadas por los jueces no pod¨ªan ser controladas desde el Ejecutivo, como ocurre en los pa¨ªses democr¨¢ticos. Y evidenciaron que no ten¨ªan ninguna vinculaci¨®n con los jueces y fiscales, que obviamente no aceptar¨ªan instrucciones para ser benevolentes con etarras por juzgar.

En el caso declararon tambi¨¦n, a instancias del fiscal, el director de la Guardia Civil, Joan Mesquida; el director adjunto operativo de la polic¨ªa, Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Chico; el comisario general de Informaci¨®n, Telesforo Rubio; el responsable antiterrorista de la Guardia Civil, Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa Varela; el jefe de Informaci¨®n contra ETA de la Guardia Civil, Pablo Mart¨ªn Alonso; mandos de la Ertzaintza y de la polic¨ªa antiterrorista francesa. Todos ellos negaron que durante la tregua de 2006 hubieran recibido instrucciones del Gobierno o de sus superiores para bajar el nivel de la lucha antiterrorista.

El juez Ruz ha pedido al secretario de Estado de Seguridad y al secretario general de Presidencia del Gobierno, adem¨¢s, que le informen de por qu¨¦ se convocaron esos encuentros, si hubo alg¨²n intermediario y si este redact¨® un acta. Si ese fuera el caso, el juez reclama una copia. Este tipo de peticiones y actuaciones del juez son in¨¦ditas con respecto a otras negociaciones de anteriores gobiernos con ETA.