Fais¨¢n

Si el proceso de paz intentado por el Gobierno en 2006 hubiera tenido ¨¦xito, es m¨¢s que probable que nadie hubiera pedido explicaciones sobre aspectos poco claros del mismo; por ejemplo, sobre el chivatazo que alert¨® a Jos¨¦ Mar¨ªa Elosua, propietario del bar Fais¨¢n, que formaba parte de la trama de cobro de la extorsi¨®n etarra, de una operaci¨®n policial inminente contra esa trama.

Pero el proceso fracas¨® y la investigaci¨®n judicial abierta ha conducido a la imputaci¨®n de tres miembros de la polic¨ªa, incluyendo a quien fuera su director general, V¨ªctor Garc¨ªa Hidalgo, como presuntos responsables del soplo. Y el juez del caso ha llamado a declarar a las personas particulares que actuaron como interlocutores en nombre del Gobierno en las conversaciones con ETA. Est¨¢ por ver el sentido y el objetivo de esa iniciativa judicial, pero resulta m¨¢s que inquietante que el motivo de la misma sean unos papeles incluidos en la parte del sumario secreta hasta ayer, que se presentan como actas de esas conversaciones, autorizadas por el Parlamento.

El Partido Popular lleva meses interpelando en el Congreso sobre la supuesta implicaci¨®n en el caso de quien era ministro del Interior (reci¨¦n nombrado) en aquella fecha, y es ahora adem¨¢s vicepresidente del Gobierno. Ayer, tras las ¨²ltimas revelaciones del caso, portavoces de ese partido pidieron la dimisi¨®n de Rubalcaba con el argumento de que una decisi¨®n como la investigada no pod¨ªa haberse tomado sin su conocimiento. Eso es una hip¨®tesis, no una evidencia. Pero al PP le basta para volver a situar la pol¨ªtica antiterrorista en el centro del debate pol¨ªtico.

Precisamente en el aspecto pol¨ªtico, conviene de entrada acotar el alcance de lo investigado. Lo que se produjo fue el aplazamiento, no la suspensi¨®n, de las detenciones previstas, que se produjeron de todas formas mes y medio despu¨¦s; es l¨®gico pensar que el soplo, de cuya existencia no hay duda, tuvo como motivaci¨®n ayudar, o no entorpecer, la negociaci¨®n. Entre las personas a detener figuraba un exdirigente hist¨®rico del PNV, cuya implicaci¨®n en el proceso de paz se consideraba decisiva, especialmente ante las amenazas por parte de la banda de romper el alto el fuego si no se cumpl¨ªan ciertas condiciones que consideraban pactadas. Aplazar las detenciones con el aviso a Elosua fue la err¨®nea decisi¨®n tomada por alguien para evitar esa ruptura.

Ese contexto no resta gravedad al hecho, pero ayuda a entender sus causas. Hablar de colaboraci¨®n con banda armada, o incluso del mayor atentado contra la democracia desde el 23-F, como se ha llegado a decir, es una desmesura sin sentido. Seg¨²n esas actas de ETA, los interlocutores gubernamentales habr¨ªan exhibido el chivatazo como prueba de su buena disposici¨®n en el curso de conversaciones con la banda producidas poco despu¨¦s. Ahora puede resultar penoso, y m¨¢s cuando va unido al reconocimiento de que sab¨ªan que ETA segu¨ªa extorsionando, en contra de lo declarado oficialmente. Y era seguramente una mala estrategia porque nada refuerza tanto a los terroristas como escuchar al Gobierno decir aquello que ellos saben que es falso.

Pero los errores en la negociaci¨®n no convierten en delincuentes a los interlocutores enviados por el Gobierno. Seguramente pensaron que ese tono de confidencialidad, medias verdades y medias mentiras, favorecer¨ªa la continuidad de la tregua, que era a la altura de junio de 2006 su objetivo m¨¢s urgente. Tambi¨¦n Aznar halag¨® a ETA denomin¨¢ndola Movimiento de Liberaci¨®n Nacional cuando exploraba la posibilidad de una retirada pactada de la banda. Que los jueces investiguen lo que deban, pero que no conviertan en materia penal los errores pol¨ªticos que pudieron cometer personas que intentaban lo mismo que Aznar y con la expresa autorizaci¨®n del Parlamento.