El caso sigue

El caso del espionaje pol¨ªtico, que salpic¨® al Gobierno de Esperanza Aguirre hace tres a?os, sigue vivo, a pesar de los esfuerzos de los responsables de la Comunidad de Madrid por enterrarlo e incluso darlo por inexistente. La Audiencia de Madrid ha ordenado que se siga investigando, en contra de la decisi¨®n de archivarlo de la juez Carmen Valcarce. Pero no solo mandan proseguir con las actuaciones. En el auto que reabre el caso, los jueces consideran que, "de lo actuado, aparecen indicios suficientes de la comisi¨®n del delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos".

Es dif¨ªcil encontrar un caso que haya tenido que vencer tantos obst¨¢culos para abrirse camino en el ¨¢mbito judicial. Al obstruccionismo del Gobierno de Aguirre se ha a?adido una instrucci¨®n ab¨²lica y desganada, adem¨¢s de una inusual pasividad de la Fiscal¨ªa de Madrid. Si la Audiencia ha podido reabrir el caso es por el recurso en solitario, en el ejercicio de la acci¨®n popular, presentado por el grupo socialista de la Comunidad de Madrid.

Resulta escandaloso que la Fiscal¨ªa de Madrid se haya opuesto al recurso, entendiendo que el espionaje a oponentes pol¨ªticos, aunque haya sido realizado por funcionarios, con dinero del contribuyente, no era un delito tipificado en el C¨®digo Penal. Sin contar, por a?adidura, que puede ser un caso de manifiesto uso abusivo del poder y de un atentado contra la intimidad de las personas. Tambi¨¦n result¨® impropio por parte de la direcci¨®n del Partido Popular obligar a las principales v¨ªctimas del espionaje, Manuel Cobo y Alfredo Prada, a resignarse con el archivo y a no recurrir en bien del partido, tal como les aconsej¨® la secretaria general popular, Mar¨ªa Dolores de Cospedal. Esto sucedi¨® poco antes de que el PP insistiera en la idea de que con Zapatero, los espa?oles estaban poco menos que bajo la f¨¦rula de un Estado policial.

La decisi¨®n de la Audiencia de Madrid constituye un serio varapalo a la juez instructora y a cuantos han contribuido a obstaculizar o empantanar la investigaci¨®n. No solo se?ala que existen indicios suficientes que avalan los seguimientos a Cobo y a Prada sino que da la vuelta, convirti¨¦ndolas en un indicio en su contra, a las declaraciones vagas, imprecisas e incre¨ªbles que dieron los funcionarios encargados de los seguimientos.

Resalta, por su fuerza l¨®gica, el argumento de la Audiencia para vincular el espionaje con la malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Si lo es, seg¨²n la jurisprudencia del Tribunal Supremo, usar tiques de gasolina, ?c¨®mo no va a serlo servirse de funcionarios para fines ajenos a la causa p¨²blica? Nuevamente se ha intentado que EL PA?S revelara sus fuentes de informaci¨®n -el entonces dirigente del PP Juan Jos¨¦ G¨¹emes lleg¨® a acusar a este peri¨®dico de fabricar los partes del espionaje-, pero la Audiencia rechaza la pretensi¨®n. El secreto profesional del periodista es un derecho constitucional. En este caso, adem¨¢s, el trabajo period¨ªstico se vio refrendado por la investigaci¨®n.