Reabierto el caso del espionaje del Gobierno de Aguirre a Cobo y Prada

La Audiencia Provincial ha reabierto el caso del espionaje pol¨ªtico a dos cargos del PP pagado con fondos p¨²blicos de la Comunidad de Madrid y perpetrado por ex guardias civiles y expolic¨ªas contratados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. "En el estado actual de las diligencias no existen motivos para proceder al sobreseimiento provisional y archivo de las mismas. De lo actuado aparecen indicios suficientes de la comisi¨®n del delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos por el que se sigue la causa". La Audiencia revoca el archivo que decret¨® la juez Carmen Valcarce y que fue recurrido por la acusaci¨®n popular del PSOE. Los cargos del PP espiados, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, denunciaron los hechos pero no recurrieron porque se lo pidi¨® su partido.

"La dificultad para cifrar lo malversado no puede querer decir impunidad"

"Durante meses los agentes fueron destinados a fines ajenos a su labor"

La Audiencia reprocha a la juez que archivase el caso pese a los sobrados indicios de delito. El espionaje se ejecut¨® de abril a mayo de 2008 sobre Cobo y Prada, que apoyaban a Mariano Rajoy como l¨ªder del PP frente a Aguirre, que sopesaba plantar batalla por el liderazgo del partido en el congreso a celebrar un mes despu¨¦s.

El tribunal desgrana en su auto las pruebas del delito: "Los informes policiales han llegado a determinar la autor¨ªa, a nivel indiciario, de los partes de seguimiento. A dicha conclusi¨®n se ha llegado tras una laboriosa tarea de investigaci¨®n y cruce de datos, entre los datos suministrados por la compa?¨ªa telef¨®nica de los tel¨¦fonos de los tres asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid, Jos¨¦ Luis Caro, Antonio Coronado y Jos¨¦ Oreja, sus posicionamientos y el texto de cada uno de los partes (...). Se ha conseguido establecer la correlaci¨®n de posicionamientos de los tres asesores con los seguimientos reflejados en los partes. Los posicionamientos son coincidentes en todos y cada uno de los d¨ªas, incluidos aquellos en los que las personas objeto de seguimiento se han ausentado de Madrid, visitando poblaciones cercanas". Los tres asesores fueron contratados por el consejero de Interior, Francisco Granados. El jefe de los tres asesores, que les daba ¨®rdenes, era Sergio Gam¨®n, fichado por Aguirre.

La Audiencia descalifica la justificaci¨®n que estos tres agentes dieron para explicar sus movimientos tras Prada y Cobo: "Las declaraciones de los tres asesores imputados en la causa por su imprecisi¨®n, vaguedad y ausencia de credibilidad juegan como indicio en su contra. As¨ª, los tres asesores negaron rotundamente cualquier relaci¨®n con los hechos investigados en su declaraci¨®n en sede policial. Una vez identificados sus tel¨¦fonos y sus posicionamientos coincidentes con los partes del seguimiento, alegaron su presencia en los alrededores de Cibeles [sede del vicealcalde Cobo] por la existencia de varias consejer¨ªas, dato que, obviamente, no explicar¨ªa ni su presencia sistem¨¢tica en la zona ni, mucho menos, cuando se trata de localidades de fuera de Madrid". El auto rebate que los imputados estuvieran protegiendo -alegaron que estaban haciendo tareas de contravigilancia- a los cargos espiados: "Los seguimientos a localidades de Madrid, explicados como reforzamiento de la seguridad de esas personalidades o esos actos son incompatibles con que dichos movimientos permanecieran ocultos a la seguridad de los mismos y, sobre todo, son incompatibles con el hecho de que en numerosos partes relatan haber perdido al objetivo en determinado punto, as¨ª pues, no sab¨ªan ad¨®nde se dirig¨ªan. Es m¨¢s, en algunos partes, se manifiesta que han perdido el objetivo por falta de medios, pues solo ten¨ªan cubiertas dos calles de las tres posibles. Lo cual se aparta de cualquier idea de reforzamiento de la seguridad ordinaria".

La juez Valcarce hab¨ªa archivado el caso por entender inaplicable el delito de malversaci¨®n: ni ve¨ªa ¨¢nimo de lucro ni c¨®mo cuantificarlo. El tribunal difiere: "Siempre a t¨ªtulo indiciario, se han utilizado varios funcionarios, a los que se estaba pagando su n¨®mina, para destinarlos a fines ajenos a la causa p¨²blica. Dichos funcionarios habr¨ªan destinado jornadas enteras durante muchos d¨ªas al mes, al menos durante tres meses, a fines ajenos a la funci¨®n encomendada estatutariamente. La supuesta dificultad en la fijaci¨®n del importe de lo defraudado no puede querer decir impunidad. (...) Adem¨¢s el bien jur¨ªdico de estos delitos no tiene solo un contenido econ¨®mico, sino que incluye la garant¨ªa de la confianza que se deposita en el recto actuar de la administraci¨®n p¨²blica y en la legalidad de su actuaci¨®n". La Audiencia pide a la juez que recabe gastos de combustible, tel¨¦fono y otros de los imputados para cuantificar lo malversado y que otras pruebas las practique en el juicio.