Se vende servicio de aguas

Se acab¨® el ladrillo y hace falta dinero. Los Ayuntamientos y alguna comunidad aut¨®noma, como es el caso de Madrid con el Canal de Isabel II, tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos. La soluci¨®n que proponen es vender. Los servicios de agua, como ya lo fueron los de basuras, est¨¢n en oferta. Los municipios consiguen dinero y se quitan de encima el mantenimiento del personal, las obligaciones de gesti¨®n y la responsabilidad de subir las tarifas. Las empresas se hacen con un mercado sin competencia local y con un usuario seguro y permanente. El sector empresarial defiende la bondad de su incorporaci¨®n. Pero en pa¨ªses como Bolivia, esta pol¨ªtica termin¨® en un enfrentamiento con muertos hace una d¨¦cada. En algunas ciudades europeas se perpet¨²a el conflicto y termina con un rescate, como es el reciente caso de Par¨ªs. En Espa?a, la mitad de los servicios de agua son ya privados o participados por empresas. El debate est¨¢ abierto.

"La concesi¨®n parcial no garantiza el control real", afirma Arrojo

El gerente de Sevilla: "Las entidades p¨²blicas son m¨¢s transparentes"

"No reinvertir en agua es una especie de malversaci¨®n", dice un experto

En pa¨ªses como Holanda el control es totalmente p¨²blico

Las Administraciones argumentan que solo traspasan la gesti¨®n de los servicios al sector privado, mientras la mayor¨ªa de la sociedad, en muchos casos, sigue siendo p¨²blica. Creen que los grupos empresariales son m¨¢s eficaces en un mundo de mercado, ayudan a sanear los d¨¦ficits presupuestarios con el canon que pagan por la concesi¨®n, generan inversiones que mejoran la calidad de los servicios, aportan innovaci¨®n y reducen los costes de la gesti¨®n publica.

No opina as¨ª Pedro Arrojo, profesor de An¨¢lisis Econ¨®mico en Zaragoza y premio Goldman de Medio Ambiente. "Entra dinero fresco y el Ayuntamiento se quita un muerto de encima", resume. Arrojo, tambi¨¦n miembro de la Fundaci¨®n Cultura del Agua, asegura que ni siquiera la concesi¨®n parcial "garantiza el control real". "Y volver atr¨¢s es muy dif¨ªcil y costoso", advierte.

Las entidades agrupadas en la Asociaci¨®n Espa?ola de Operadores P¨²blicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) niegan que ninguna de las bondades que defienden las Administraciones concesionarias y las entidades privadas sean exclusivas de las empresas. "Lo hacemos igual y m¨¢s transparente", afirma tajante Jaime Morell, gerente del Consorcio de Aguas de Sevilla y secretario general de Aeopas. "Las empresas, cuando consiguen financiaci¨®n, lo hacen con el respaldo de las tarifas durante los m¨¢s de 20 a?os que dura la concesi¨®n. Es decir, dos d¨¦cadas de ingresos permanentes y asegurados. Lo mismo podemos hacer nosotros, como se hace en Holanda, donde no existe la participaci¨®n privada en estas empresas".

Morell afirma que, adem¨¢s, la supuesta competitividad tampoco es real. Asegura que las empresas compiten por hacerse con la concesi¨®n, pero que una vez que la obtienen, durante muchos a?os no tienen que competir. Se hacen con un "monopolio natural y sin riesgo".

Los beneficios directos no son muy elevados, seg¨²n reconocen todas las partes, ya que las tarifas est¨¢n muy ajustadas y su subida supone un conflicto pol¨ªtico. En la mayor¨ªa de los casos, si el precio que paga el usuario no cubre el gasto, se recurre a la subvenci¨®n. Pero existen numerosas repercusiones colaterales. De entrada, las empresas participan de un mercado "fiable" con clientes y pagos asegurados, algo que en las circunstancias econ¨®micas actuales es un activo importante. "El agua es un refugio financiero", afirma Arrojo.

Adem¨¢s, seg¨²n Aeopas, una vez conseguida la concesi¨®n, las empresas que forman parte de entidades complejas -la mayor¨ªa forman parte de grupos empresariales y multinacionales-, se compran a s¨ª mismas la tecnolog¨ªa, los suministros y las obras necesarias. No est¨¢n sometidas a las mismas exigencias de publicidad y concurrencia que las entidades p¨²blicas, por lo que no est¨¢n obligadas a contratar por concurso. Por ¨²ltimo, ellos cobran de forma regular y pueden pagar a proveedores con m¨¢s plazo. Ya solo con el manejo de tesorer¨ªa, tienen beneficios, a?ade Morell.

Arrojo, el economista de la Fundaci¨®n Cultura del Agua, cree que la incorporaci¨®n de la iniciativa privada tambi¨¦n refleja una situaci¨®n social donde se cree que "el mercado es la soluci¨®n": "La idea de que el funcionario es un par¨¢sito y los impuestos son malos da como resultado una mitificaci¨®n del mercado y una anorexizaci¨®n de la funci¨®n p¨²blica". "Frente a estas circunstancias, las Administraciones se encuentran con que cada vez se le pide m¨¢s y cada vez tienen menos. Entonces se venden los muebles, pero la hipoteca es para los que vienen detr¨¢s", a?ade.

Roque Gistau disiente de la mayor¨ªa de opiniones de los representantes de los operadores p¨²blicos. Es presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), una entidad en la que se agrupan sociedades de todo tipo. Sin embargo, algunas empresas afirman que, si hubiera una patronal del sector, ser¨ªa esta.

Gistau insiste en que no se privatiza el agua, que en Espa?a es un bien p¨²blico, y que los ayuntamientos est¨¢n obligados a asegurar el abastecimiento a todos los ciudadanos. Este marco es el que, a su juicio, favorece la convivencia de varios modelos entre los que se incluye la participaci¨®n de las empresas privadas. "Pero es falso el debate sobre la privatizaci¨®n, porque los activos [bienes y derechos con valor monetario] son siempre p¨²blicos", advierte.

El expresidente de la Expo de Zaragoza y de Aguas Andinas, as¨ª como exdirector del Canal de Isabel II, s¨ª defiende que el dinero que se saca del canon, que suelen ser cifras millonarias, "debe ir al agua". "Si no", asegura, "se trata de una especie de malversaci¨®n".

Gistau defiende la participaci¨®n de las empresas, aunque asegura que sacan un beneficio "leg¨ªtimo, pero corto". "No son hermanas de la caridad", justifica. Pero aboga por una figura clave que defienden tambi¨¦n los operadores p¨²blicos: un regulador que fije unas reglas claras y comunes.

El secretario general de la asociaci¨®n de operadores p¨²blicos se suma a esta demanda y la exige por ley. "Tiene que haber indicadores claros y p¨²blicos que aporten informaci¨®n contrastable", reclama para garantizar la calidad del servicio y, a su juicio, demostrar la bondad de la gesti¨®n de las empresas p¨²blicas. Gistau responde que las entidades privadas someten su gesti¨®n a la revisi¨®n de los mismos indicadores que las empresas p¨²blicas.

El negocio existe y es internacional. La multinacional andaluza Abengoa anunci¨® recientemente que se ha hecho, en consorcio con Gra?a y Montero, con la ampliaci¨®n y mejora del sistema de agua potable para 200.000 usuarios en Per¨². En total, 83 millones de euros.

Aqualia, del grupo FCC, est¨¢ presente en m¨¢s de 1.100 municipios de 16 pa¨ªses y presta servicios a 27 millones de personas. Esta empresa cree que su participaci¨®n aporta a los municipios "capacidad t¨¦cnica, conocimiento y experiencia". Defiende que el negocio se genera al "disponer de muchos contratos a muy largo plazo". "Se crean grandes sinergias que hacen posible una econom¨ªa de escala de la que se obtiene reducciones de gastos muy importantes en suministros (energ¨ªa, telefon¨ªa, reactivos, etc¨¦tera), materiales y repuestos mientras se favorece la innovaci¨®n y el desarrollo de tecnolog¨ªas propias, lo que posibilita alcanzar una peque?a rentabilidad estable en el tiempo ajustada a lo planteado en la oferta".

Tambi¨¦n rechazan que no se sometan a los mismos controles que las empresas p¨²blicas o que su objetivo no incluya al usuario. En este sentido, Aqualia afirma que "el ciudadano es el centro de su gesti¨®n" y que se someten a todas las normas y normativas de calidad.

El Gobierno de Esperanza Aguirre ya ha anunciado su intenci¨®n de privatizar parte del servicio en la Comunidad de Madrid, pero el Ayuntamiento de Huelva ya ha dado el paso. Este es uno de los ¨²ltimos que ha incorporado a un grupo de empresas privadas al 49% del accionariado. La operaci¨®n supone un montante total de 57,3 millones de euros. A cambio, Aquagest, el grupo que se ha sumado a la entidad -Unicaja (30%), Caja Granada (15%) y Agbar (55%)- y que ya gestiona el agua de 1,2 millones de personas, se compromete a invertir en la ciudad siete millones de euros en los 25 a?os del contrato (un mill¨®n de euros el primer ejercicio). Adem¨¢s, cuatro millones ir¨¢n destinados a sensibilizaci¨®n y concienciaci¨®n ciudadana. La nueva empresa resultante tiene la posibilidad de subir las tasas anualmente un 1% por encima del IPC, pero s¨®lo previa aprobaci¨®n del pleno municipal y tras justificar los costes.

El objetivo ha sido "optimizar los recursos municipales dando entrada a un socio tecnol¨®gico y financiero que refuerce la estructura, garantice la viabilidad de Aguas de Huelva en estos tiempos dif¨ªciles y mejore la calidad en la prestaci¨®n del servicio", afirma el gobierno local. "Muchos municipios espa?oles emular¨¢n la actuaci¨®n del Ayuntamiento de Huelva porque la alianza p¨²blico-privada es, sin duda, el futuro de la gesti¨®n de servicios para obtener la calidad que merecen los ciudadanos", afirma el alcalde de Huelva, Pedro Rodr¨ªguez (PP).

En cualquier caso, el debate tiene como fin el usuario, que debe tener siempre la ¨²ltima palabra. El Congreso Nacional de Medio Ambiente celebrado el pasado a?o advert¨ªa de los cambios en los modelos de gesti¨®n y clamaba por un principio b¨¢sico: la participaci¨®n, incluida en la Directiva Marco del Agua y que permite implicar a la sociedad en la toma de decisiones. En este sentido, el congreso defendi¨® que, sea cual sea el futuro pr¨®ximo, es necesario "implantar medidas para mejorar el acceso a la informaci¨®n medioambiental relevante y garantizar la participaci¨®n p¨²blica en todo el proceso de planificaci¨®n del servicio h¨ªdrico".