El Gobierno alega 11 razones para vetar la procesi¨®n atea de Jueves Santo
Los convocantes consideran "falsos" los argumentos y estudian recurrir al TSJM
Los pasos de Jes¨²s del Gran Poder y de Jes¨²s el Pobre no se cruzar¨¢n este Jueves Santo por las calles de Madrid con ninguna procesi¨®n de ateos. La Delegaci¨®n del Gobierno ha encontrado hasta 11 razones por las que prohibir la "manifestaci¨®n para promover el ideario ateo" organizada por la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapi¨¦s.
Entre las razones se incluye que el recorrido propuesto discurre por una zona con "m¨²ltiples parroquias" y con nombres de calles "relacionados con la simbolog¨ªa cat¨®lica". Los organizadores, a los que se hab¨ªan unido despu¨¦s varias asociaciones ateas, recibieron ayer la noticia con una "sorpresa parcial", como si de alguna manera ya lo esperaran despu¨¦s de la enorme contestaci¨®n pol¨ªtica que tuvo su propuesta a la que han asistido "incr¨¦dulos" durante los ¨²ltimos d¨ªas. Reunidos a ¨²ltima hora de la tarde de ayer, los vecinos decid¨ªan en asamblea qu¨¦ pasos van a dar a partir de ahora. En primer lugar, recurrir la decisi¨®n. Los convocantes consideran que los argumentos de la Delegaci¨®n son "falsos".Aseguran que ni la hora ni los tres recorridos propuestos coinciden con las procesiones cat¨®licas. Y tampoco se responsabilizan de los carteles que anunciaban la marcha -utilizando el nombre de sus asociaciones- y que inclu¨ªan la participaci¨®n en el acto de la "hermandad de la santa pedofilia" o de la "cofrad¨ªa de la virgen del mism¨ªsimo co?o". "Ese cartel que se nos ha achacado no ha salido de la organizaci¨®n", reiteran.
Tienen derecho a recurrir la decisi¨®n ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendr¨ªa que responder en un plazo de 48 a 72 horas, por tratarse de un hecho que afecta al derecho fundamental de manifestaci¨®n y reuni¨®n. Pero a ¨²ltima hora de ayer los organizadores a¨²n no hab¨ªan presentado el recurso. Ten¨ªan la cabeza ocupada, sobre todo, en la apertura de diligencias por parte de una magistrada del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 43 de Madrid por una denuncia interpuesta por 10 ciudadanos -al menos siete de ellos abogados- que los acusan de un delito de "escarnio religioso".
La juez puede llamar a declarar a la asamblea vecinal, la Asociaci¨®n Madrile?a de Ateos y Librepensadores (AMAL) y el colectivo Ateos en Lucha, despu¨¦s de recibir, el pr¨®ximo lunes, a los denunciantes. Otras dos querellas esperan a ser admitidas o no. La presentada por la Asociaci¨®n Estatal de Abogados Cristianos, que acusa a los organizadores de "enaltecimiento del terrorismo", y la del colectivo HazteOir.org, que los denuncia por un delito de "genocidio".
Cuando las asociaciones solicitaron a la Delegaci¨®n de Gobierno la autorizaci¨®n para realizar la procesi¨®n nunca imaginaron que la cosa acabar¨ªa en los tribunales. Desde el principio el tema incomod¨® a unos y a otros. La reci¨¦n llegada delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carri¨®n, quiso evitar el problema alegando que las "procesiones" no entraban en su competencia. El Ayuntamiento de Madrid, por el contrario, no consider¨® que el acto fuera una procesi¨®n. Y como nadie contestaba a su petici¨®n, los organizadores presentaron una segunda solicitud de manifestaci¨®n ante la delegada, eliminando la palabra "procesi¨®n" de la convocatoria.
El propio ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, advirti¨® entonces de que la decisi¨®n era de la delegada y asegur¨® que se aplicar¨ªa "la ley como en cualquier otra manifestaci¨®n". Carri¨®n, antes de resolver, solicit¨® un informe complementario a la Abogac¨ªa del Estado. El resultado fue claro: "Se proh¨ªbe la manifestaci¨®n conocida como procesi¨®n atea".
Por ser Jueves Santo, por coincidir con procesiones cat¨®licas "cuyos recorridos ya son conocidos desde hace a?os" o por la gran afluencia de p¨²blico y la "necesaria protecci¨®n de la imagen tur¨ªstica de la ciudad". Once razones que no convencen a ninguno de los convocantes, salvo una en la que la Delegaci¨®n asegura que hab¨ªa grupos "antag¨®nicos y radicales" que estaban cit¨¢ndose para acudir al acto.
Un hecho que ya tem¨ªa el presidente de AMAL, Luis Vega, que sin embargo asegur¨® que prohibir el acto es un hecho "preocupante y que supone un retroceso en las libertades del pa¨ªs". "La Delegaci¨®n usa la misma argumentaci¨®n que los colectivos fundamentalistas que han puesto las denuncias", dijo Vega, que ha anunciado que est¨¢n plante¨¢ndose otra manifestaci¨®n, si puede ser antes de las elecciones del 22-M, para denunciar "el poco recorrido que tiene el principio constitucional que dice que Espa?a es un estado aconfesional".
Mientras Vega anunciaba que volver¨¢n a intentarlo el a?o que viene y recorr¨ªa el centro de Madrid para conmemorar el 80? aniversario de la Segunda Rep¨²blica, desde un piso de Lavapi¨¦s, cuya direcci¨®n guardaron con celo, los miembros de la Asamblea vecinal evitaban pronunciarse. En sus pocas declaraciones, por miedo a las "amenazas" que dicen estar recibiendo, reiteran que su intenci¨®n nunca fue la de ofender a ninguna creencia religiosa. "Se trataba de hacer una cr¨ªtica a la Iglesia como instituci¨®n. Hacer algo como un pasacalles de barrio", dijo hace unos d¨ªas uno de sus miembros.
Pero ni procesi¨®n, ni manifestaci¨®n, ni pasacalles. El centro de Madrid estar¨¢ este Jueves Santo ocupado por los pasos de Jes¨²s del Gran Poder y de Jes¨²s el Pobre. No es d¨ªa para ateos.
Los motivos de la Delegaci¨®n del Gobierno
- El lugar de la procesi¨®n "curiosamente" presenta nombres relacionados con la simbolog¨ªa cat¨®lica.
- El d¨ªa elegido: Jueves Santo.
- La hora coincide con las procesiones cat¨®licas.
- La denominaci¨®n de los pasos de la marcha.
- Discurre por una zona con m¨²ltiples parroquias.
- La convocatoria, carteles y declaraciones de los organizadores.
- Coincide con procesiones cat¨®licas de recorridos "conocidos desde hace a?os".
- Presencia de grupos antag¨®nicos y radicales.
- Gran afluencia de p¨²blico y necesidad de proteger la imagen tur¨ªstica de Madrid.
- Enclave de alto valor hist¨®rico-art¨ªstico.
- Polic¨ªa, Ayuntamiento, Abogac¨ªa del Estado y Delegaci¨®n coinciden en que no debe llevarse a cabo.
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