Todos los jueces y fiscales tendr¨¢n al menos un escolta

La pol¨¦mica en torno a la protecci¨®n de los jueces vascos frente a la amenaza de ETA qued¨® zanjada anteayer en una reuni¨®n a tres bandas entre la c¨²pula de la judicatura y representantes de los Gobiernos aut¨®nomo y central. En la cita se alcanz¨® el compromiso de garantizar que todos los jueces y fiscales conservar¨¢n la protecci¨®n de al menos un escolta. ?nicamente los m¨¢ximos responsables del poder judicial en Euskadi mantendr¨¢n de dos guardaespaldas, lo que conllevar¨¢ una reducci¨®n de costes. Las medidas complementarias de contravigilancia seguir¨¢n sin cambios.

Las distintas partes han tenido que ceder finalmente en sus pretensiones para llegar a un acuerdo. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, fue quien abri¨® en septiembre la pol¨¦mica al anunciar una nueva evaluaci¨®n del riesgo para la judicatura que en realidad persegu¨ªa una reducci¨®n de la protecci¨ªon que se prestaba, dada la crisis econ¨®mica y la menor actividad terrorista. El aviso caus¨® notable alarma entre un colectivo que, en cualquier caso, no era el ¨²nico afectado, dado que medidas similares de rebaja de las escoltas se hab¨ªan comenzado a aplicar ya a expol¨ªticos, altos cargos, empresarios, profesores o periodistas.

Los dos Gobiernos y la judicatura cerraron anteayer el conflicto en una reuni¨®n

Tras varios meses de tanteo y negociaciones al m¨¢s alto nivel, en febrero se adopt¨® un primer recorte que afect¨® a una decena de magistrados, que vieron reducido a la mitad su n¨²mero de guardaespaldas. La pol¨¦mica, sin embargo, ha crecido este mes, cuando estaba previsto aplicar un segundo recorte, m¨¢s dr¨¢stico, que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior logr¨® posponer hasta mayo. La mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM) emiti¨® el pasado d¨ªa 7 un duro comunicado en el que acus¨® a la consejer¨ªa de Interior de poner en riesgo la seguridad de la judicatura sin detallar "las razones objetivas y que en cada caso concreto lo justifican". En esta posici¨®n cr¨ªtica est¨¢ acompa?a por el grueso de los m¨¢s de 200 jueces que ejercen en el Pa¨ªs Vasco, con independencia de su adscripci¨®n.

La preocupaci¨®n ha vuelto a rebrotar entre el colectivo judicial, una vez conocido que el comando Otazua de ETA, desarticualdo en marzo, dispon¨ªa de informaci¨®n sobre algunos magistrados a los que hab¨ªa realizado seguimientos. Los ¨²ltimos arrestos han demostrado, adem¨¢s, que la banda se mantiene operativa pese a su anunciada tregua. Con el compromiso de anteayer, la judicatura tendr¨¢ garantizada su protecci¨®n, si bien disminuir¨¢ el n¨²mero de personas destinadas a la misma. Se lograr¨¢ as¨ª el ahorro econ¨®mico pretendido, aunque sin alterar los sistemas de seguridad.

Por otro lado, el magistrado del Tribunal Supremo Joaqu¨ªn Gim¨¦nez confes¨® ayer en Bilbao que, aunque ajeno al proceso, se siente "m¨¢s pr¨®ximo al voto minoritario" de la Sala del 61 sobre Sortu, que consideraba que no hab¨ªa que impedir la inscripci¨®n como partido de la nueva marca pol¨ªtica de la izquierda abertzale. En este sentido, consider¨® que una sentencia con votos particulares "tiene menos peso" que otra aprobada por unanimidad, si bien matiz¨® que, al mismo tiempo, "es mucho m¨¢s rica en matices". Apunt¨® que "lo m¨¢s seguro" es que, si se presenta recurso ante el Tribunal Constitucional, este ¨®rgano responda despu¨¦s de las elecciones, "s¨ªmplemente por el cumplimiento de plazos"