La juez investiga el patrimonio del exconsejero Fern¨¢ndez y su familia

La juez que investiga los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta de Andaluc¨ªa, Mercedes Alaya, ha ordenado a la polic¨ªa que investigue el patrimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez, as¨ª como el de su esposa, los padres e hijos de ambos, sus hermanos y las parejas de estos ¨²ltimos. Es decir, la familia de Fern¨¢ndez al completo. La magistrada comunic¨® su decisi¨®n a las partes ayer, en plena campa?a electoral. "Estoy encantado porque no tengo nada que ocultar", declar¨® el exconsejero, acusado por Alaya de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, tr¨¢fico de influencias y prevaricaci¨®n.

La magistrada decreta en un auto este an¨¢lisis del capital y los bienes inmobiliarios de los familiares de Fern¨¢ndez, y extiende la medida a las familias del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el intermediario y conseguidor Juan Lanzas y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

"Estoy encantado porque no tengo nada que ocultar", contesta Fern¨¢ndez

La juez pregunta a la Junta si pag¨® ayudas con partidas diferentes a la 31L

La instructora aclara la imputaci¨®n de Fern¨¢ndez por ser "indiciario conocedor" de las p¨®lizas ilegales que realiz¨® Guerrero a los intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas), por conocer los "importantes reparos" que la Intervenci¨®n General de la Junta expuso ante el procedimiento para conceder las ayudas p¨²blicas, y finalmente por su inclusi¨®n en 2008 en el ERE de la empresa Gonz¨¢lez Byass, donde Fern¨¢ndez dej¨® de trabajar en 1981.

El exconsejero, hoy presidente del Consejo Regulador de los vinos de Jerez, solicit¨® entonces una excedencia y por ello estuvo incluido en el expediente. Este ERE inclu¨ªa 31.419 euros que cobrar¨¢ cuando est¨¦ desempleado o se jubile, y una p¨®liza por 386.000 euros que el exconsejero rechaz¨® cobrar al no firmar su adhesi¨®n a la p¨®liza ni sumarse a la asociaci¨®n que crearon los empleados afectados.

Mientras, la juez achaca a Guerrero haber ordenado "por razones de amistad, parentesco o militancia en el PSOE" la inclusi¨®n de 13 de los 72 intrusos identificados por la Junta en su investigaci¨®n interna. La juez subraya que Guerrero realiz¨® p¨®lizas ilegales para tres amigos adem¨¢s de su suegra. El exdelegado de Empleo Antonio Rivas est¨¢ acusado por haber aprobado el ERE de Mercasevilla de 2007, que la juez considera fraudulento ya que la plantilla se mantuvo con los mismos trabajadores pese a un ERE anterior de 2003, y por conocer "indiciariamente" la inclusi¨®n del intruso Antonio Garrido Santoyo en dicho ERE. Por ¨²ltimo, Alaya le imputa haber "podido favorecer" a su cu?ado Jos¨¦ Antonio M¨¢rquez, intruso que figura en la p¨®liza de la empresa Surcolor.

La causa de los ERE avanza y ya est¨¢n imputadas 29 personas entre ex altos cargos de la Consejer¨ªa de Empleo y la empresa Mercasevilla, intermediarios, sindicalistas, y familiares y amigos de todos ellos. La juez ha imputado en este ¨²ltimo auto a 14 intrusos, previamente detenidos por la polic¨ªa, entre ellos el exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo.

La juez, que ya ampli¨® sus pesquisas a todos los expedientes subvencionados por la Junta, incluidos los ERE muertos que el Gobierno ya finaliz¨® de pagar, ha pedido a la Junta los informes realizados sobre dichos expedientes que Empleo no ha investigado. Por otra parte, Alaya requiere a la C¨¢mara de Cuentas "toda la documentaci¨®n que posean sobre ayudas excepcionales" realizadas por Empleo. La instructora ha abierto piezas separadas para cada una de las empresas cuyos expedientes contaron con subvenciones p¨²blicas.

Alaya hace hincapi¨¦ sobre las irregularidades del ERE de Hitemasa, y pregunta a la Junta por las ayudas pagadas con las partidas 31L y 22E, y si se pagaron ayudas con alguna otra partida presupuestaria. El vicesecretario general del PP andaluz, Ricardo Tarno, pregunt¨® hace dos semanas a Empleo si existe un "fondo B" para pagar los ERE, distinto del "fondo de reptiles". Por ¨²ltimo, la juez selecciona 25 de las m¨¢s de 500 empresas que recibieron subvenciones a ERE y ayudas directas desde 2001 y ordena a la polic¨ªa que las investigue.