La justicia europea exige que la v¨ªctima opine sobre el alejamiento

Entre 2006 y 2010, 343 mujeres fueron asesinadas en Espa?a por su parejas o exparejas. De ellas, 60 ten¨ªan alguna medida de protecci¨®n contra su agresor, medida que fue quebrantada con el consentimiento de la propia v¨ªctima en 20 casos. No es extra?o. Hay parejas que vuelven a convivir, por muchos motivos, tras la denuncia o la condena. Tambi¨¦n existen las que afirman que han superado un episodio de violencia y que conviven como antes, pero en su caso violando la ley espa?ola, que impone una pena de alejamiento en toda condena por violencia de g¨¦nero.

El alejamiento, quiera o no quiera la v¨ªctima, es una medida introducida en el C¨®digo Penal en 2003 y largamente debatida, que ha respaldado el Tribunal Constitucional. Ayer, en un paso m¨¢s, la justicia europea, a petici¨®n de la Audiencia Provincial de Tarragona, determin¨® que el derecho comunitario no puede regular si ese alejamiento debe ser autom¨¢tico. Tampoco su duraci¨®n. Sin embargo, establece que los Estados est¨¢n obligados a escuchar el criterio de la v¨ªctima para fijar esa sanci¨®n. Y que los jueces deben tomarlo en cuenta.

El Constitucional aval¨® que la pareja sea separada "aun a su pesar"

La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE Juliane Kokott contesta as¨ª a las preguntas de la Audiencia Provincial de Tarragona sobre dos casos en los que las v¨ªctimas volvieron a vivir con los agresores, a pesar de que estos hab¨ªan sido condenados y de que exist¨ªa una pena de alejamiento. Una medida tomada contra la voluntad de ambas, que aseguraron que se reconciliaban con sus agresores libremente. Los magistrados de Tarragona consideraron entonces que el C¨®digo Penal espa?ol pod¨ªa ser contrario al derecho comunitario en el principio de respeto de la vida privada y familiar, ya que para dictar esa medida no se tiene en cuenta la opini¨®n de la v¨ªctima.

No es as¨ª. A falta de una sentencia, que el Tribunal de la UE -integrado por 27 jueces y ocho abogados generales- dictar¨¢ en unos meses, Kokott determina en sus conclusiones previas que el derecho comunitario no puede ocuparse de los aspectos de protecci¨®n a la v¨ªctima, como son el tipo de sanciones establecidas o su duraci¨®n. La abogada de la UE, cuyo criterio suele ser el del tribunal en un 80% de los casos, sostiene que esa medida de alejamiento autom¨¢tica puede ser "muy severa", y reconoce que su ponderaci¨®n puede provocar conflicto entre la actuaci¨®n estatal contra la violencia de g¨¦nero y el respeto a la vida privada. Sin embargo, sostiene que es una cuesti¨®n del derecho constitucional nacional.

De hecho, el Constitucional, a instancias de una veintena de cuestiones de juzgados y audiencias provinciales, aval¨® la medida en octubre de 2010. Para proteger la vida de una mujer se la puede alejar, aun a su pesar, de su agresor, dijeron los magistrados.

Aunque no puede juzgar si ese alejamiento autom¨¢tico es conveniente, la justicia europea s¨ª habla sobre la protecci¨®n de la v¨ªctima. La abogada Kokkot determina que la opini¨®n de esta sobre la medida que se va a adoptar debe ser escuchada, "cuando menos en aquellos supuestos en que mantenga una estrecha relaci¨®n personal con el autor del delito y, por tanto, la medida de alejamiento surta efectos indirectos en la vida privada y familiar de la v¨ªctima". Adem¨¢s, sostiene que el criterio de la v¨ªctima, aunque no es vinculante y nunca puede servir para eliminar la pena de alejamiento, s¨ª debe influir en la determinaci¨®n de duraci¨®n de la misma, siempre atendiendo a los m¨ªnimos y m¨¢ximos que fija la ley.

Un argumento l¨®gico para ?ngela Cerrillos, presidenta de la Asociaci¨®n de Mujeres Juristas Themis. "La v¨ªctima debe ser siempre escuchada, otra cosa es que sea tenida en cuenta o no. El tribunal debe tener la ¨²ltima palabra", dice. La ley no fija que deba haber una audiencia especial para conocer la opini¨®n de la v¨ªctima sobre esa medida. "S¨ª se la escucha a la hora de decidir la suspensi¨®n de una pena de prisi¨®n", explica la presidenta del Observatorio contra la Violencia de G¨¦nero del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalb¨¢n. Sin embargo, Cerrillos asegura que aunque no sea obligatorio, esa opini¨®n se suele conocer: "Es una buena pr¨¢ctica jur¨ªdica".

Escucharla s¨ª, pero no que su criterio sea vinculante, dice la UE. Un punto que para muchos sigue siendo pol¨¦mico. Montalb¨¢n y el grupo de expertos en violencia de g¨¦nero del CGPJ insisten en que el alejamiento no deber¨ªa ser autom¨¢tico. "Esta medida forzosa puede provocar situaciones indeseadas y da?os a?adidos entre personas que pueden seguir vinculadas por lazos familiares y sociales", dice. "El ¨®rgano judicial deber¨ªa ser, en atenci¨®n a cada caso, quien acordar¨¢ estas penas", a?ade.

La abogada Consuelo Abril no est¨¢ de acuerdo. "No olvidemos que a veces la v¨ªctima no est¨¢ en condiciones de opinar sobre su relaci¨®n con el maltratador. Hay casos de dependencia emocional y econ¨®mica. No podemos pedir al Estado que asuma la protecci¨®n de las v¨ªctimas y que luego no proteja a aquellas que por vulnerabilidad o dependencia decidan rechazar el alejamiento", sostiene. Sin embargo, le parece "muy conveniente" que la opini¨®n de las mujeres sea escuchada y sostiene que se evitar¨ªan muchos problemas y reconciliaciones indeseadas si un grupo de expertos le explicara el motivo del alejamiento.