El guardi¨¢n del secreto

Desde hace tiempo est¨¢ en cuesti¨®n en los sistemas judiciales europeos el enorme poder del juez de instrucci¨®n con su capacidad de presionar al imputado mediante la aplicaci¨®n de medidas cautelares como la prisi¨®n preventiva. La tendencia es a limitar ese poder, salvo en Espa?a, donde un proyecto de ley actualmente en debate en el Congreso quiere convertirlo adem¨¢s en guardi¨¢n del secreto sumarial y en censor de las partes intervinientes en el proceso: el ministerio fiscal y los abogados defensores.

La idea parece provenir del Consejo General del Poder Judicial y la forma de materializarla es a trav¨¦s de una Ley de Medidas de Agilizaci¨®n Procesal que reforma indirectamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una medida que afecta a competencias o posibles derechos de terceros no deber¨ªa acordarse por sorpresa y sin las consultas pertinentes. Y, posiblemente, esa medida -que el fiscal necesite la autorizaci¨®n del juez instructor para informar de sus propios escritos sumariales- choca con la facultad del ministerio p¨²blico de "informar a la opini¨®n p¨²blica de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ¨¢mbito de sus competencias y con respeto al secreto del sumario".

El secreto del sumario es un deber de rango legal, no constitucional, que obliga a cuantos intervienen en el proceso: al juez, al fiscal, al abogado. Ampliarlo es ir a contracorriente y se aleja de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que lo supedita al derecho fundamental de informaci¨®n. En todo caso su guardi¨¢n debe ser la ley y nadie m¨¢s.

La Ley de Medidas de Agilizaci¨®n Procesal deber¨ªa atenerse a su enunciado: suprimir recursos innecesarios y reducir plazos dilatados. Y dejarse de poner l¨ªmites a la publicidad de resoluciones judiciales que, en todo caso, son dif¨ªciles de ocultar si afectan a hechos socialmente relevantes, se trate de la admisi¨®n a tr¨¢mite de una querella o del ingreso en prisi¨®n preventiva.