El Amazonas queda fuera de la ley

Las alertas se han disparado en el Amazonas brasile?o tras la reciente oleada de asesinatos de activistas medioambientales. La aprobaci¨®n en el Congreso de Brasilia del nuevo C¨®digo Forestal que, de recibir ahora la luz verde del Senado, legalizar¨¢ la amnist¨ªa de todos los cr¨ªmenes perpetrados contra la vegetaci¨®n hasta 2008, ha avivado las ascuas del conflicto que desde d¨¦cadas permanece latente en las reservas naturales amaz¨®nicas entre latifundistas, madereros y peque?os campesinos que pelean por la preservaci¨®n del ecosistema.

Seg¨²n la Comisi¨®n Pastoral de la Tierra, 214 personas han sido asesinadas en el marco de conflictos agrarios desde 1996 en el Estado de Par¨¢, es decir, una media de 14 asesinatos al a?o. En el mismo periodo, m¨¢s de 800 personas recibieron amenazas de muerte. Varias organizaciones ambientales y de defensa de derechos humanos alertan de que la regi¨®n se est¨¢ convirtiendo en una suerte de Far West amaz¨®nico, en referencia a la ausencia de ley y orden.

Una ley perdona los cr¨ªmenes cometidos contra la vegetaci¨®n hasta 2008

Carboneros y madereros son los grandes predadores del ecosistema

Entre los amenazados estaba el activista y l¨ªder comunitario Jos¨¦ Claudio Ribeiro da Silva, que el pasado 24 de mayo perdi¨® la vida tras recibir varios disparos. A las ocho de la ma?ana de aquel martes sali¨® de su casa, en el asentamiento de Praialta-Piranheira, rumbo a la localidad de Marab¨¢, en la frontera este del Estado de Par¨¢. En el sill¨ªn trasero de la moto que pilotaba le acompa?aba su mujer, Maria do Esp¨ªrito Santo da Silva. Cuando la pareja atravesaba el puente de Nova Ipixuna, a ocho kil¨®metros de su casa, dos hombres descargaron sobre ellos varios cartuchos de escopeta. Ambos murieron al instante. No satisfechos con la carnicer¨ªa, los sicarios se tomaron tiempo para obtener la prueba material de la ejecuci¨®n: a Jos¨¦ Claudio le cortaron una oreja y se la llevaron como trofeo de caza. Sin embargo, los asesinos seguramente no contaban con la inesperada presencia de dos testigos que presenciaron la sobrecogedora escena de principio a fin.

Uno de ellos, Erenilto Pereira dos Santos, vecino de la misma comunidad rural que Jos¨¦ Claudio y su esposa, apareci¨® muerto cuatro d¨ªas despu¨¦s con las marcas inequ¨ªvocas de haber recibido dos tiros en la cabeza.

"Toda la familia sab¨ªa que Jos¨¦ Claudio recib¨ªa amenazas. Nos contaba que en cualquier momento pod¨ªa morir. Incluso sab¨ªa qui¨¦nes eran las personas que lo amenazaban", narra un familiar directo del fallecido que reclama preservar su identidad. Y es comprensible que lo pida, ya que en esta zona del Amazonas quien osa denunciar p¨²blicamente las tropel¨ªas de los terratenientes y los madereros tiene muchas probabilidades de engrosar la lista de los nuevos candidatos a morir.

"En este momento se vive una situaci¨®n de inseguridad absoluta que ya ha forzado a algunas familias a abandonar el asentamiento", explica Jos¨¦ Batista, abogado de la Pastoral de la Tierra de Par¨¢, "porque el clima de impunidad es total". Impunidad es una palabra clave para entender el conflicto que azota varias ¨¢reas del Amazonas: hasta ahora se trataba de una impunidad menos evidente, casi soterrada, que encontraba su reflejo en la pasividad de las autoridades locales, del Instituto Nacional de Colonizaci¨®n y Reforma Agraria (INCRA), el ¨®rgano federal que deber¨ªa ocuparse de acometer la tan anhelada reforma agraria brasile?a, e incluso del Instituto Brasile?o de Medio Ambiente (IBAMA).

Pero ahora la impunidad tambi¨¦n ha quedado oficializada tras la reciente aprobaci¨®n en el Congreso de la reforma del C¨®digo Forestal brasile?o que permitir¨¢ amnistiar los delitos contra la vegetaci¨®n cometidos hasta julio de 2008 y que ampl¨ªa las zonas agropecuarias susceptibles de ser deforestadas. El nuevo c¨®digo sali¨® adelante con 410 votos a favor y 63 en contra, lo que da buena cuenta de qui¨¦n manda en Brasil cuando los intereses de los terratenientes est¨¢n en juego. Incapaz de negar lo evidente, a la presidenta Dilma Rousseff no le qued¨® otra opci¨®n que tachar de "verg¨¹enza para Brasil" lo aprobado por la c¨¢mara baja.

El asentamiento de Praialta-Piranheira fue instaurado en 1997 por el INCRA. Es un territorio de 22.000 hect¨¢reas de las que el 70% eran originalmente selva virgen. "Desde entonces, los madereros y los carboneros han depredado este ecosistema hasta llegar a la situaci¨®n actual, en la que no m¨¢s de un 30% contin¨²a siendo reserva", explica Batista. "Esto ha provocado que muchas de las 360 familias que viven en el asentamiento hayan abandonado las labores de recolecci¨®n de frutos -casta?as de caj¨², cupua?¨² y a?a¨ª, entre otros- para dedicarse a la agricultura, a priori una actividad mucho menos sostenible", concluye.

Poco despu¨¦s de iniciarse la escalada de violencia contra activistas en el Amazonas, el Gobierno de Brasilia convoc¨® un gabinete de crisis encabezado por el vicepresidente Michel Temer en el que se decidi¨® enviar protecci¨®n a las personas amenazadas. Los equipos ya han llegado al terreno y han iniciado reuniones con los colectivos afectados, aunque muchos de ellos dudan de la efectividad de la medida. "Es muy complicado proteger a un campesino, ya que son personas que est¨¢n acostumbradas a moverse con libertad en un entorno natural", comenta Atanagildo Matos, l¨ªder recolector en Par¨¢.