Un tribunal suspende el pol¨¦mico plan de presas para la Patagonia

El pol¨¦mico proyecto para construir cinco grandes presas en la Patagonia chilena ha sufrido un rev¨¦s judicial. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt admiti¨® a tr¨¢mite tres recursos, de asociaciones ecologistas y parlamentarios, contra el proyecto y ha suspendido la obra cautelarmente. El proyecto, de 2.750 megavatios de potencia -casi como tres reactores nucleares-, est¨¢ impulsado por Endesa Chile (51% de las acciones) y la chilena Colb¨²n (49% restante)

Los recursos pretenden anular la resoluci¨®n de la Comisi¨®n de Evaluaci¨®n Ambiental de la Regi¨®n de Ays¨¦n que aprob¨® el proyecto hidroel¨¦ctrico Hidroays¨¦n. El tribunal acogi¨® una petici¨®n de paralizaci¨®n temporal de las obras hasta que la justicia resuelva el fondo de la causa.

La aprobaci¨®n levant¨® masivas protestas en las principales ciudades

El Gobierno dice que falta potencia el¨¦ctrica por el 'boom' del pa¨ªs

La tramitaci¨®n de estos tres recursos puede implicar entre seis y siete meses de detenci¨®n de las obras hasta que resuelva el Tribunal Supremo, se?al¨® una fuente judicial. Hidroays¨¦n, en cambio, afirm¨® en un comunicado que el fallo es una "decisi¨®n judicial de tipo administrativo que no paraliza la tramitaci¨®n del proyecto" y no afecta a su calendario de trabajo.

Esta resoluci¨®n supone un duro traspi¨¦ para el megaproyecto Hidroays¨¦n, situado en el coraz¨®n de la Patagonia, 1.650 kil¨®metros al sur de la capital, Santiago. Su aprobaci¨®n ambiental por parte de funcionarios regionales de gobierno en Ays¨¦n el 13 de mayo pasado ha motivado masivas y peri¨®dicas manifestaciones de protesta en las principales ciudades del pa¨ªs contra el Gobierno.

Los sondeos indican que m¨¢s del 70% de la poblaci¨®n rechaza este proyecto, aunque las autoridades plantean que se requiere para sostener el crecimiento econ¨®mico del 6% anual que prev¨¦ Chile. Con una inversi¨®n prevista de 3.200 millones de d¨®lares (2.200 millones de euros), el proyecto Hidroays¨¦n incluye la construcci¨®n de cinco centrales hidroel¨¦ctricas en los r¨ªos Baker y Pascua, dos de los principales r¨ªos v¨ªrgenes del contienente. De completarse la construcci¨®n, las presas inundar¨¢n 5.910 hect¨¢reas de territorio virgen en la Patagonia y producir¨¢n una generaci¨®n de 2.750 megavatios de energ¨ªa el¨¦ctrica.

La empresa ha defendido que son grupos extranjeros los que financian a los ecologistas que se oponen y sostiene que hay embalses mayores proyectados en Argentina o Brasil que no reciben tantas cr¨ªticas.

El fallo "es un gran triunfo del pa¨ªs para proteger la Patagonia, que es la segunda reserva mundial de agua dulce", afirm¨® en declaraciones a radio ADN el presidente del Senado, Guido Girardi, uno de los cuatro parlamentarios que present¨® el recurso contra Hidroays¨¦n y opositor al Gobierno de derecha del presidente Sebasti¨¢n Pi?era.

Los recursos de protecci¨®n sostienen que la resoluci¨®n ambiental favorable a Hidroays¨¦n vulner¨® garant¨ªas constitucionales como el derecho a vivir en un ambiente limpio. El fallo "protege el derecho de todos los chilenos, pone el bien com¨²n por delante de los intereses de las empresas, en contra de lo que se hab¨ªa hecho hasta ahora", agreg¨® Girardi.

Otro de los parlamentarios que interpuso los recursos, el senador de derechas Antonio Horvath, afirm¨® que espera que el fallo contribuya a que el Gobierno "reconsidere el apoyo que le ha dado a este proyecto". Critic¨® que el respaldo de algunos ministros a Hidroays¨¦n "rompe la institucionalidad ambiental" porque ellos son instancias de apelaci¨®n en la aprobaci¨®n de los proyectos. Horvath, del mismo partido en el que militaba Pi?era, asegur¨® que la resoluci¨®n llega en un buen momento porque "hay una campa?a proHidroays¨¦n millonaria".

Seg¨²n los recurrentes, en el proceso de aprobaci¨®n ambiental de Hidroays¨¦n se adulteraron informes, hubo conflictos de intereses, se modificaron resoluciones que previamente eran negativas y terminaron siendo positivas por las presiones. La legislaci¨®n establece que los funcionarios regionales son quienes deben aprobar o no en primera instancia los proyectos con impacto ambiental pero deja la resoluci¨®n final en manos de un comit¨¦ de seis ministros.