La juez Alaya aparta a la polic¨ªa de la investigaci¨®n de los ERE

La juez Mercedes Alaya ha arrebatado a la polic¨ªa la investigaci¨®n de los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) fraudulentos dos a?os y medio despu¨¦s de que se iniciara la instrucci¨®n del caso. Es un hecho ins¨®lito en el ¨¢mbito policial que una investigaci¨®n cambie de manos, especialmente al tratarse de un caso tan complejo y de tal transcendencia judicial y pol¨ªtica. Pero, sobre todo, la decisi¨®n es pol¨¦mica porque han transcurridos 30 meses desde que se inici¨® el caso Mercasevilla, origen de la investigaci¨®n de los ERE fraudulentos. "?A qu¨¦ viene esa actitud de desconfianza de la juez? Las cosas son m¨¢s serias... Nos ha llegado el escrito y nos hemos quedado de piedra", se?alaba indignado un mando policial.

La magistrada ha entregado el caso a la Guardia Civil y para ello dict¨® ayer un auto en el que de manera escueta explicaba que releva del trabajo de investigaci¨®n de los ERE a la Polic¨ªa Judicial, a la que pide que entregue toda la documentaci¨®n sobre el caso, y se lo encomienda al Instituto Armado porque supuestamente cuenta con m¨¢s medios. La medida judicial supone un enorme agravio comparativo entre ambos Cuerpos de Seguridad, cuyos mandos siempre han mantenido un enfrentamiento soterrado pese a que el Ministerio del Interior unific¨® las dos direcciones generales en 2006.

La juez no explica ninguna raz¨®n en su auto para apoyar su espinosa decisi¨®n, pero detr¨¢s de esta ins¨®lita orden subyacen desavenencias personales con los mandos policiales encargados de la investigaci¨®n sobre la direcci¨®n que deb¨ªan tomar las pesquisas. La relevancia pol¨ªtica del caso es m¨¢xima, especialmente despu¨¦s del enfrentamiento abierto que mantiene Alaya con la Junta por las actas de los Consejos de Gobierno y la insinuaci¨®n sobre que el presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, y algunos exconsejeros habr¨ªan cometido prevaricaci¨®n al ignorar los informes de la Intervenci¨®n.

La Polic¨ªa Judicial contaba hasta ayer con ocho agentes dedicados al caso, tres de los cuales se incorporaron a la unidad precisamente para atender a la ingente documentaci¨®n y volumen de diligencias que ha ordenado la juez en los dos ¨²ltimos meses. La actividad en una investigaci¨®n que acumula ya 29 imputados es fren¨¦tica, seg¨²n se deduce de los autos judiciales, en los que Alaya ha ordenado investigar desde el patrimonio de los principales imputados hasta la documentaci¨®n de todos los ERE que desde 2001 han contado con subvenciones de la Junta.

La polic¨ªa dirigi¨® recientemente un escrito a la juez en el que solicitaba que nombrara t¨¦cnicos expertos a las ¨®rdenes del juzgado para analizar la gran cantidad de informaci¨®n acumulada (miles de vidas laborales de trabajadores e intrusos beneficiados por las p¨®lizas, investigaciones en Bruselas sobre la aseguradora Apra, gestiones de intermediarios y sindicalistas...).

La inesperada respuesta de la magistrada ha sido semanas despu¨¦s este relevo en las funciones que afecta de lleno a la polic¨ªa, responsable de las cuatro v¨ªas de investigaci¨®n que han surgido en el caso.