Irritaci¨®n policial con la juez Alaya

"Son 30 meses de investigaci¨®n con la unidad volcada. La juez sabr¨¢ por qu¨¦ nos ha felicitado por nuestro trabajo y de la noche a la ma?ana nos volvemos malos. A lo mejor le interesa retrasar la investigaci¨®n hasta las elecciones generales". La grave acusaci¨®n de un mando policial contra la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE), refleja el esc¨¢ndalo que ha supuesto arrebatar de un plumazo la investigaci¨®n a la polic¨ªa para d¨¢rsela a la Guardia Civil.

El trasfondo de las desavenencias personales que han dinamitado la investigaci¨®n m¨¢s importante desarrollada en Andaluc¨ªa desde la Operaci¨®n Malaya aflorar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas. Alaya ha sido enigm¨¢tica y escueta al explicar que las razones le han sido ya explicadas verbalmente al inspector que ha dirigido las pesquisas. Sin embargo, de momento el enfrentamiento por el ritmo y la direcci¨®n que debe tomar esta investigaci¨®n poli¨¦drica parece estar en el coraz¨®n del choque frontal. Los detalles espinosos son muy amplios, pero algunas decisiones recientes de la juez han sido muy pol¨¦micas y la petici¨®n de informaci¨®n a la polic¨ªa en sus ¨²ltimos autos ha sido abrumadora.

"Si tiene discrepancias con el inspector de la investigaci¨®n, deber¨ªa haber consultado a los mandos de la polic¨ªa y pedir su relevo, no arrebatar el caso al cuerpo y generar ese tremendo agravio comparativo con la Guardia Civil", critican fuentes del caso.

La juez ha pisado el acelerador en las ¨²ltimas semanas y ha pedido una cantidad ingente de diligencias para darle un gran impulso a la investigaci¨®n. Solo en el auto del pasado 7 de junio Alaya ordena 25 diligencias a organismos como el Banco de Espa?a, la Agencia Tributaria o la Junta de Andaluc¨ªa. Pero llama la atenci¨®n la petici¨®n a la Polic¨ªa Judicial para que "investigue detalladamente los motivos del estado actual de los expedientes recibidos de la Junta". Es decir, analizar m¨¢s de 165.000 folios con las vidas laborales, p¨®lizas y documentaci¨®n especializada sobre los intrusos y beneficiarios de las ayudas p¨²blicas a los ERE.

Dos semanas despu¨¦s la polic¨ªa respondi¨® que para la gran cantidad de informaci¨®n tan especializada en econom¨ªa, derecho administrativo y urbanismo, ser¨ªa ideal nombrar t¨¦cnicos expertos que apoyaran a los investigadores. La airada contestaci¨®n de Alaya fue fulminar a los polic¨ªas y desprenderles de la investigaci¨®n. Este diario intent¨® ayer sin ¨¦xito recabar la opini¨®n de la juez.

Entre sus decisiones m¨¢s controvertidas est¨¢n la citaci¨®n judicial del exteniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos y el exgerente de Urbanismo Manuel Marchena a solo tres d¨ªas de las pasadas elecciones municipales. Las voces que acusan a Alaya de dictar resoluciones para favorecer al PP seg¨²n el calendario pol¨ªtico cobran cada vez m¨¢s fuerza. Y dicho calendario culminar¨ªa con el env¨ªo del caso al Tribunal Supremo tras la previsible imputaci¨®n del senador y exconsejero aforado Jos¨¦ Antonio Viera antes de las pr¨®ximas elecciones generales. Otras fuentes discrepan: "Ella no busca ralentizar la investigaci¨®n, sino acelerarla. Entre otras pruebas, quiere saber si en las actas hay informes verbales de los consejeros en los que reconocen el gran pufo procedimental".

Lo cierto es que la polic¨ªa ha elaborado informes jur¨ªdicos esenciales para el avance de la investigaci¨®n en sus cuatro ramas (intento de soborno, venta de suelos, delito societario y trama de los ERE) y que son inhabituales en ¨¢mbitos policiales. Ahora es previsible que la Guardia Civil desplace varios agentes de Madrid a Sevilla para atender las peticiones de gran especializaci¨®n t¨¦cnica que Alaya precisa.

Mientras que el PP ech¨® ayer un capote a Alaya y dijo que ser¨¢ "en favor de la mejora de la instrucci¨®n", la Junta evit¨® pronunciarse. Sin embargo, es indudable la ralentizaci¨®n que sufrir¨¢ la investigaci¨®n por mucha prisa que se den los guardias civiles en empaparse de un caso tan complejo.