La fiscal¨ªa de Huelva detecta falta de colaboraci¨®n de la justicia portuguesa
Varios juicios se suspenden porque las autoridades lusas no trasladan a imputados
La Fiscal¨ªa de Huelva ha decidido hablar en extenso de sus problemas de colaboraci¨®n judicial con las autoridades portuguesas. El fiscal Miguel ?ngel Arias Senso, encargado de asuntos de cooperaci¨®n jur¨ªdica internacional en la provincia onubense, asegura en un informe que en 2010 se han tenido que suspender varios juicios porque los juzgados lusos no autorizaron el traslado temporal de imputados portugueses. Estos problemas de cooperaci¨®n se mencionan en la memoria de la Fiscal¨ªa del TSJA, presentada el pasado 20 de junio en el Parlamento de Andaluc¨ªa.
El ministerio p¨²blico tambi¨¦n se?ala que las autoridades lusas deniegan las peticiones para que condenados de esta nacionalidad cumplan las penas que les han sido impuestas en Espa?a. Adem¨¢s, en el Partido Judicial de Ayamonte, poblaci¨®n fronteriza con Portugal, se han tenido que elaborar varios informes sobre la competencia de los tribunales espa?oles frente a los portugueses.
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Esta falta de cooperaci¨®n, que Arias atribuye a la "insuficiencia" y "oscuridad" de normativas espec¨ªficas, no es nueva. El fiscal ya alert¨® situaciones similares en 2008. Sin embargo, habla de un "crecimiento exponencial" en 2010, ya que los procedimientos con imputados o testigos residentes en Portugal no hacen m¨¢s que aumentar.
"Los problemas de orden pr¨¢ctico que se plantean son de todo tipo, hasta el punto de suponer una seria dificultad para la celebraci¨®n de juicios orales, pese a las posibilidades de comunicaci¨®n directa con los particulares afectados que prev¨¦ la normativa aplicable y especialmente, la normativa comunitaria", detalla el fiscal en su memoria.
Las mayores dificultades est¨¢n relacionadas con las personas que cumplen condena o est¨¢n en prisi¨®n preventiva en Portugal y que deben ser trasladados a Espa?a para asistir a un juicio. "Pese al alto grado de colaboraci¨®n de las autoridades portuguesas, algunos asuntos quedan sin enjuiciar, al no autorizarse el traslado temporal de los imputados", puntualiza.
Para atajar estos problemas, el fiscal pide que se potencien "en la pr¨¢ctica" los mecanismos de colaboraci¨®n bilateral y que se fomenten los "contactos personales" entre las autoridades judiciales de ambos pa¨ªses. Tambi¨¦n cree necesario que los secretarios judiciales se impliquen en todos los asuntos de cooperaci¨®n judicial internacional, tal y como estableci¨® el Ministerio de Justicia en una instrucci¨®n de 2009.
El fiscal superior de Andaluc¨ªa, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n, explica que estas dificultades administrativas son "recurrentes" en Huelva, dada la situaci¨®n fronteriza de la provincia y no cree que se circunscriban a una cuesti¨®n delictiva espec¨ªfica. Entre los casos citados por el fiscal de coordinaci¨®n hay al menos dos causas por tr¨¢fico de drogas.
Pese a la contundencia del informe sobre cooperaci¨®n con Portugal, el fiscal jefe de Huelva, Jes¨²s Jim¨¦nez Soria, matiza que las relaciones con las autoridades lusas "suelen ser fluidas y adecuadas" y que estas dificultades afectan a "muy pocos casos". "La emisi¨®n de informes para determinar competencias territoriales, por ejemplo, es una pr¨¢ctica normal y frecuente, incluso en juzgados nacionales", a?ade.
Informaci¨®n "ultrasensible" en riesgo
Una decena de fiscales, uno por provincia, excepto M¨¢laga y Granada que tienen dos representantes asignados, conforman la red de cooperaci¨®n jur¨ªdica internacional de Andaluc¨ªa. Las peculiaridades delictivas de la Costa del Sol, una de las provincias con mayor asentamiento de redes criminales internacionales, hacen que la actividad de sus delegados destaque n¨ªtidamente con respecto a la de otras provincias. En 2010, la fiscal¨ªa curs¨® 96 comisiones rogatorias -peticiones oficiales de cooperaci¨®n a pa¨ªses extranjeros- en las que, en un 30% de los casos se buscaba indagar sobre el patrimonio de grupos del crimen organizado. Uno de los fiscales que asumen esta tarea en M¨¢laga, Francisco Jim¨¦nez Villarejo, considera "grav¨ªsimo" que este tipo de escritos, considerados "ultrasensibles", sean traducidos por servicios privados. Al no existir un servicio oficial de int¨¦rpretes, estas peticiones "quedan expuestas a filtraciones y p¨¦rdidas sin el rigor de la responsabilidad aneja a un funcionario p¨²blico", incide Jim¨¦nez Villarejo en la memoria de la Fiscal¨ªa del a?o 2010.
El fiscal superior de Andaluc¨ªa, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n, matiza que se trabaja con empresas a las que se exige un alto grado de confidencialidad, pero que, a¨²n as¨ª ser¨ªa deseable que el fiscal pudiera elegir un funcionario, que supiera ingl¨¦s y franc¨¦s, para que le ayude en estas tareas tan espec¨ªficas. La fiscal¨ªa andaluza ha reclamado en numerosas ocasiones m¨¢s medios para los fiscales centrados en investigar el crimen organizado.
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