El proyecto desoye las recomendaciones internacionales sobre la incomunicaci¨®n

El borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal mantiene, seg¨²n la informaci¨®n adelantada ayer por la Cadena SER, el periodo de prisi¨®n incomunicada para delitos de terrorismo hasta un m¨¢ximo de 13 d¨ªas, en flagrante contradicci¨®n con las recomendaciones de todos los organismos internacionales en sus informes sobre Espa?a e incluso en contra de la jurisprudencia constitucional que en alg¨²n caso ha sentenciado que la incomunicaci¨®n por 10 d¨ªas es ya una "penalidad a?adida". El informe del Relator Especial de Naciones Unidas para Espa?a en su visita de 2004 ya pidi¨® la "supresi¨®n total" del r¨¦gimen de incomunicaci¨®n para "evitar las pr¨¢cticas de tortura en el Estado espa?ol". En id¨¦ntico sentido, Human Rights Watch considera que la detenci¨®n incomunicada es en s¨ª misma "un trato cruel, inhumano y degradante" que favorece la pr¨¢ctica de la tortura.

El borrador recoge por fin el viejo proyecto de convertir al fiscal en director de la investigaci¨®n y reservar al juez el papel de garantizar que no se vulneren los derechos de las partes mientras duren las pesquisas. La reforma sustituye la figura del "imputado" por la del "investigado", lo que ayer fue valorado por alguna asociaci¨®n judicial como una concesi¨®n a las quejas de pol¨ªticos y personalidades p¨²blicas "imputadas" en casos de corrupci¨®n.

Respecto a la limitaci¨®n de la autorizaci¨®n de escuchas telef¨®nicas solo para investigaciones de delitos penados con m¨¢s de cinco a?os de prisi¨®n, la asociaci¨®n centrista Francisco de Vitoria consider¨® que supondr¨ªa "impunidad" en casos de cohecho o corrupci¨®n. La acusaci¨®n popular, seg¨²n el borrador, no tiene sentido cuando ni el perjudicado ni el fiscal acusen, lo que supone su acomodamiento a la doctrina Bot¨ªn. Si se investigara un delito sin perjudicado directo ser¨¢ el juez el que tenga la ¨²ltima palabra.