Mayor¨ªas cualificadas

La mayor¨ªa que se exige para la designaci¨®n de los magistrados del Tribunal Constitucional, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo, de los consejeros del Tribunal de Cuentas y del director de RTVE es la misma que se exige para la reforma de la Constituci¨®n, tres quintos del Congreso de los Diputados y del Senado. Dichas mayor¨ªas vienen exigidas unas veces por la propia Constituci¨®n y otras por la legislaci¨®n de desarrollo de la misma.

El constituyente espa?ol primero y el legislador despu¨¦s han establecido una relaci¨®n muy directa entre la reforma de la Constituci¨®n y todas estas instituciones. A trav¨¦s de todas ellas tiene que hacerse visible la renovaci¨®n del consenso constituyente que est¨¢ en el origen de nuestro sistema pol¨ªtico y ordenamiento jur¨ªdico. La reforma es la instituci¨®n a trav¨¦s de la cual tiene que hacerse visible la voluntad de renovar el pacto constituyente originario cuando las circunstancias as¨ª lo exijan. Ahora bien, como la reforma es una instituci¨®n de la que no debe hacerse uso con frecuencia, el constituyente aprovecha la renovaci¨®n frecuente de estos ¨®rganos constitucionales para exigir de las Cortes Generales que act¨²en como deber¨ªan actuar en el caso de que tuvieran que reformar la Constituci¨®n, es decir, para que expresen esa voluntad de consenso que presidi¨® el momento fundacional del Estado democr¨¢tico.

Cada tres a?os, en el caso del Tribunal Constitucional, cada cinco, en el caso de los dem¨¢s ¨®rganos, hay que alcanzar un acuerdo del que tienen que ser parte los dos grandes partidos de gobierno del Estado, aunque en la mente del constituyente posiblemente no se pensara exclusivamente en ellos. Pero, en todo caso, ambos tienen que ser necesariamente parte del pacto. La Constituci¨®n es el suelo com¨²n que hace posible que el conflicto inevitable en toda sociedad, y cuanto m¨¢s democr¨¢tica m¨¢s, sea un conflicto pol¨ªtico y no derive en un conflicto civil. Esto es lo que supuso el pacto constituyente. Esto es lo que tiene que hacerse visible peri¨®dicamente. Para eso est¨¢ la exigencia de las mayor¨ªas cualificadas.

La evidencia emp¨ªrica de que disponemos indica que estamos fracasando en el cumplimiento del mandato constitucional. El mayor fracaso es, sin duda, la incapacidad para reformar la Constituci¨®n. Para plantearnos siquiera la posibilidad de hacerlo. La reforma de la Constituci¨®n es una instituci¨®n que est¨¢ en desuso, a diferencia de lo que ocurre en los dem¨¢s pa¨ªses de nuestro entorno. Es un problema que ha tenido Espa?a a lo largo de toda su historia constitucional y que sigue teniendo tras la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n de 1978, con base en la cual hemos solucionado la mayor parte de los problemas constitucionales que hemos tenido en el pasado, pero no este. Esta incapacidad est¨¢ en el origen de que la renovaci¨®n de los ¨®rganos para los que se exige la misma mayor¨ªa que para la reforma se est¨¦ convirtiendo en una fuente de conflictos cada vez m¨¢s frecuentes y cada vez m¨¢s intensos. Las ¨²ltimas renovaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional han sido y contin¨²an siendo -ya que est¨¢ pendiente la renovaci¨®n de los magistrados por el Congreso de los Diputados- las m¨¢s traum¨¢ticas de todas las que ha habido que hacer desde la entrada en vigor de la Constituci¨®n.

Del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas se habla menos, pero no porque no se est¨¦ incumpliendo la Constituci¨®n y la ley, sino porque su incidencia en el funcionamiento del sistema pol¨ªtico es menor. Lo que pueda ocurrir con la renovaci¨®n del director de RTVE, tras la dimisi¨®n de Alberto Oliart, todav¨ªa est¨¢ por ver, pero es m¨¢s que probable que la intensidad del conflicto se asemeje a la de la renovaci¨®n del Consejo del Poder Judicial o del Constitucional.

No se trata de un problema de normas. La exigencia de las mayor¨ªas cualificadas es razonable. Al ser ¨®rganos que no tienen ni pueden tener legitimaci¨®n democr¨¢tica directa, pero cuya actuaci¨®n va a incidir de manera muy significativa sobre la actuaci¨®n de ¨®rganos que s¨ª disponen de dicha legitimaci¨®n, tiene que reforzarse mucho la legitimidad de origen alcanzada por v¨ªa indirecta y eso solo puede conseguirse por la v¨ªa de la mayor¨ªa cualificada. El problema es que si las mayor¨ªas cualificadas no se pueden alcanzar en unos t¨¦rminos que sean razonables y que puedan ser entendidos por la opini¨®n p¨²blica, se produce una quiebra en el sistema pol¨ªtico, que no impide por completo su funcionamiento de manera inmediata, pero que s¨ª amenaza su viabilidad futura. En esas estamos.