Un legado de esc¨¢ndalos y corrupci¨®n

Francisco Camps dimiti¨® ayer como presidente de la Generalitat valenciana debido a su implicaci¨®n en el llamado caso de los trajes, una de las vertientes del caso G¨¹rtel. Este sumario incluye otra investigaci¨®n que afecta de plano a otros cargos de los Gobiernos que Camps ha presidido desde el a?o 2003, as¨ª como a diversos integrantes de la c¨²pula del PP valenciano, que el presidente dimisionario ha dirigido desde poco antes de ser elegido por primera vez para presidir el Consell. Los jueces indagan una supuesta financiaci¨®n ilegal del partido mediante un entramado de empresas.

Pero ese no es el ¨²nico legado de supuestas irregularidades de Camps al frente del PP valenciano. A la sombra del poder absoluto que le otorgaron las urnas, en las instituciones p¨²blicas en manos de los conservadores se ha sucedido una catarata de esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que han puesto a los pies de los tribunales a destacados cargos populares, entre ellos, l¨ªderes de la envergadura como el expresidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n Carlos Fabra y su hom¨®logo en Alicante, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, o alcaldes de calado, como Sonia Castedo y su antecesor Luis D¨ªaz Alperi en la alcald¨ªa de Alicante, ahora diputado auton¨®mico.

El juez acusa a seis altos cargos populares por delito electoral

Las supuestas tramas que afectan al PP pivotan a la sombra del negocio del urbanismo y de las contratas p¨²blicas. El primer caso que hizo tambalear los cimientos del PP fue la imputaci¨®n por tr¨¢fico de influencias, cohecho y fraude fiscal del exl¨ªder del PP de Castell¨®n Carlos Fabra.

Despu¨¦s se han sucedido las imputaciones: el pasado 16 de junio, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ratific¨® la imputaci¨®n de la c¨²pula del PP regional por supuesta financiaci¨®n ilegal del partido. El tribunal confirm¨® la imputaci¨®n por delito electoral del exvicepresidente del Consell Vicente Rambla; del ex secretario general del PP y diputado auton¨®mico Ricardo Costa; de David Serra, vicesecretario regional; Yolanda Garc¨ªa y Cristina Ib¨¢?ez, tesorera y administradora regional del partido, respectivamente. Y junto a ellos, el extesorero nacional del partido, Luis B¨¢rcenas.

La supuesta financiaci¨®n ilegal del PP se recoge en sendos informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales. La polic¨ªa concluye que el PP se financi¨® ilegalmente a trav¨¦s de varias constructoras, utilizando como tapadera a Orange Market, la empresa de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, que constitu¨ªa la cabeza de puente en Valencia de la red corrupta que dirig¨ªa Francisco Correa. Las empresas que hicieron los pagos fueron Facsa, Piaf, Sedesa, Lubasa y el empresario alicantino Enrique Ortiz.

La segunda trama de envergadura gestada a la sombra del Gobierno de Camps se descubri¨® en el caso Brugal, que investiga supuestos sobornos de empresarios a cargos del PP por negocios vinculados a la basura y el urbanismo en Alicante. En este sumario hay 25 imputados, entre ellos, Ripoll, y el empresario Ortiz. El fiscal tambi¨¦n acusa a Castedo y Alperi.

Junto a los casos G¨¹rtel y Brugal, otro esc¨¢ndalo de relevancia es el de la depuradora de Pinedo (Valencia). El juez investiga trabajos no realizados por 15 millones de euros. Un ¨²ltimo sumario indaga obras ilegales en el jard¨ªn de Monforte de Valencia, adjudicadas a Ortiz, y en el que est¨¢ imputado el concejal y diputado auton¨®mico Jorge Bellver.