"Acab¨® la guerra entre jueces y fiscales"

Francisco Caama?o (A Coru?a, 1963) tiene ya asegurado ser el ¨²nico ministro de Justicia de la democracia que ha llevado a un Consejo de Ministros la ¨²ltima gran reforma pendiente: la del proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal ha cumplido 129 a?os y Caama?o est¨¢ empe?ado en luchar contra el calendario.

Pregunta. ?Por qu¨¦ hay que hacer la ley de Enjuiciamiento Criminal?

Respuesta. Porque hace 129 a?os que se hizo la que est¨¢ en vigor y se ha ido rectificando parcialmente, pero ahora se ha quedado muy anticuada. Es un Frankenstein de cuerpos normativos distintos cosidos de mala manera, con art¨ªculos que son ley org¨¢nica y otros que no. Convertir toda la ley en ley org¨¢nica ser¨ªa inconstitucional y eso nos llev¨® a diferenciar qu¨¦ es derecho fundamental y qu¨¦ no.

"Queremos que sea el fiscal quien investigue, bajo la autoridad del juez"

"En la persecuci¨®n del delito, la ley debe interpretarse igual en toda Espa?a"

"Hay un calendario muy estrecho, pero descarto elecciones anticipadas"

"Liberaremos 1.000 jueces para que se dediquen solo a juzgar"

"Lo de Camps no es un ejercicio de responsabilidad, es estrategia"

"En el auto del 'caso Fais¨¢n' hay indicios sin una sola prueba directa"

P. ?Qu¨¦ aporta?

R. Por ejemplo, se recogen derechos que estaban en la Constituci¨®n, pero no en leyes concretas o leyes org¨¢nicas. Como el de las comunicaciones, el de secreto profesional, el de defensa, el de no declarar contra s¨ª mismo, la doble instancia penal, etc¨¦tera.

P. Hace meses el PP asegur¨® que est¨¢n mal reguladas las intervenciones telef¨®nicas, ?se est¨¢ admitiendo esta cr¨ªtica?

R. No es que est¨¦ mal regulado, sino que hab¨ªa un d¨¦ficit de regulaci¨®n, sin duda. Lo dijo el Tribunal Constitucional, y por eso se hace la ley org¨¢nica, como garant¨ªa de derechos.

P. ?Por qu¨¦ en 30 a?os la democracia no ha sido capaz de hacer un anteproyecto de ley procesal penal adaptado a la Constituci¨®n?

R. Cada vez que se ha puesto sobre la mesa se ha abierto un debate sobre el reparto de poder entre fiscales y jueces y eso ha hecho que se paralizase una reflexi¨®n sobre los verdaderos sujetos del proceso penal: los ciudadanos. La guerra entre jueces y fiscales ha bloqueado la ley.

P. ?Y el debate ha acabado?

R. Creemos que s¨ª. En todas las democracias la investigaci¨®n penal la llevan los fiscales, nosotros somos una isla. En todas ellas hay una relaci¨®n entre el ministerio fiscal y sus Ejecutivos, sin llegar a lo de Estados Unidos, donde el ministro de Justicia es el fiscal general, y adem¨¢s todos ellos funcionan jer¨¢rquicamente por una raz¨®n evidente: en la persecuci¨®n del delito, la ley debe interpretarse igual en toda Espa?a. Si nos quejamos de que los jueces aplican de forma distinta la ley, imag¨ªnese fiscales persiguiendo el delito cada uno como considere. La pol¨ªtica criminal de un pa¨ªs es una cosa muy seria, tiene que haber una unidad de acci¨®n. En todos los pa¨ªses hay ciertos v¨ªnculos entre el fiscal y el Gobierno.

P. Pero, si depende del Gobierno, puede haber interferencias.

R. Ese debate tiene mucho de ficticio. La pregunta no es si el fiscal que lleva la investigaci¨®n depende del Gobierno, sino qu¨¦ actos de la investigaci¨®n no est¨¢n controlados por el juez. Si toda la investigaci¨®n est¨¢ sometida a garant¨ªa judicial es un falso debate. Si ante un fiscal que decide no investigar a un alto funcionario no se puede hacer nada hay un problema, pero si se puede ir al juez y ¨¦ste puede decir que se investigue, ese problema no existe.

P. Pero la fiscal¨ªa tiene una estructura jer¨¢rquica.

R. Eso tiene que ser as¨ª y as¨ª es todo el mundo, salvo en Italia y as¨ª les va. La persecuci¨®n del delito es una acci¨®n de pol¨ªtica criminal y no puede ser que el fiscal de Sevilla considere que meterle el dedo en la oreja a una ni?a es un delito de violaci¨®n y el de C¨®rdoba diga lo contrario.

P. Habr¨¢ siempre la sospecha de interferencia pol¨ªtica.

R. Si el fiscal no quiere investigar, puedes ir al juez y que le obligue a investigar. Si pido una diligencia y el fiscal la deniega yo puedo ir al juez para que le obligue a practicarla. ?Qu¨¦ problema hay? Se establecen garant¨ªas como ir al juez si la investigaci¨®n dura demasiado, porque se han acabado las penas de banquillo y la duraci¨®n indefinida de las investigaciones que solo las puede prorrogar el juez. Todo lo que hace el fiscal lo controla el juez.

P. S¨ª hay un rechazo pol¨ªtico.

R. Los mismos que dicen que el fiscal depende del Gobierno y est¨¢ politizado son los mismos que argumentan que la judicatura est¨¢ politizada. Se da una contradicci¨®n que es un ox¨ªmoron: dicen que los fiscales no pueden asumir la investigaci¨®n porque est¨¢n politizados y a la vez dicen que la judicatura est¨¢ politizada.

P. Y los jueces son inamovibles y los fiscales no.

R. Tambi¨¦n lo son los fiscales. La ley para reforzar esa situaci¨®n crea la figura del fiscal responsable de la investigaci¨®n, que es intocable. M¨¢s a¨²n, si ese fiscal investiga un delito muy complicado y complejo puede pedir la colaboraci¨®n de cuatro fiscales, pero ¨¦l sigue siendo el responsable del equipo y es inamovible, no puede ser separado de ese asunto.

P. ?Se puede aplicar sin el apoyo de los jueces que abrumadoramente est¨¢n en contra?

R. Lo de abrumadoramente ya empieza a ceder, porque han visto que este sistema tiene mucho m¨¢s juez. Pensaban que si desaparece el juez instructor pierden esa competencia, pero ahora el modelo exige m¨¢s juez, para garantizar los derechos.

P. ?Por qu¨¦ hay m¨¢s juez?

R. Ahora, el juez que investiga es el mismo que decide si quedo en libertad, si se entra en mi casa, si se interviene mi tel¨¦fono y a la vez el que decide si me siento en el banquillo. Tiene el monopolio absoluto, en lugar de una compensaci¨®n o distribuci¨®n de poderes. Lo que hacemos es que el fiscal investigue y todos sus actos tienen que ser autorizados por un juez que no tiene nada que ver con la investigaci¨®n y es distante.

P. No ser¨¢ posible entonces que un juez use como ahora la amenaza de prisi¨®n preventiva para presionar en una declaraci¨®n.

R. Eso se ha acabado. El juez estar¨¢ en su despacho como juez de garant¨ªas, mirar¨¢ con distancia y decidir¨¢ si yo me siento en un banquillo. En ese momento se discute la validez de las pruebas, no cinco a?os despu¨¦s.

P. ?C¨®mo resuelve el atasco judicial?

R. Por ejemplo, con ese procedimiento de examen de las pruebas ya se est¨¢n filtrando recursos posteriores al Supremo. Se van a liberar 1.000 de sus funciones actuales para que juzguen.

P. ?Hay problemas de relaci¨®n con otros pa¨ªses?

R. Claro. T¨² no puedes explicar a ning¨²n colega que esto est¨¢ en manos de un juez, pero que no hace de juez. La funci¨®n del juez es juzgar y no lo puedes explicar en ning¨²n pa¨ªs del mundo, solo nosotros lo tenemos. Cuando un ministro de otro pa¨ªs se interesa por un asunto hay que decirle que el requerimiento de un juez es como si fuera de un fiscal.

P. ?Qu¨¦ diferencia habr¨¢ en la consideraci¨®n de imputado?

R. Hasta que el juez no decida que te sientas en el banquillo no ser¨¢s m¨¢s que un investigado y no vas al juez. Te investiga el fiscal, que tiene obligaci¨®n de comunic¨¢rtelo salvo que el juez admita que por la naturaleza de la investigaci¨®n hay un secreto de sus investigaciones para que no descubras escuchas u otra cosa. El fiscal lleva una investigaci¨®n que hoy hace el juez a espaldas tuyas, con lo cual el que tiene que garantizar tus derechos te est¨¢ enga?ando. Y un juez distinto decidir¨ªa si te sienta en el banquillo y habr¨ªa ya una acusaci¨®n formalizada contra ti.

P. Cuando el fiscal llame a declarar ?se va con abogado, como los imputados ahora?

R. S¨ª, ser¨ªa voluntario ir y declarar o no, porque vas como investigado, no como imputado. Tienes todas las garant¨ªas legales. Lo que nos ha pasado es que en los a?os 80 todav¨ªa acept¨¢bamos que el juez instructor pudiera juzgarnos, aunque estuviera contaminado. Ahora separamos para que quien est¨¢ investig¨¢ndome no sea a la vez el garante de mis derechos. Hacemos que haya m¨¢s juez y que sea juez de verdad.

P. ?Ha habido iniciativas para buscar el consenso con el PP?

R. Hay una parte del PP que ya ha visto que esto es insostenible, porque si el 70% de los asuntos son penales y de esos el 90% no llega a juicio tenemos un problema. Cu¨¢ntas horas y cu¨¢nto dinero p¨²blico para tramitar asuntos como un robo de cartera y que, tras a?o y medio de diligencias, el juez lo sobresea por autor desconocido y lo sume como asunto resuelto. Ahora, al juez no le va a llegar ning¨²n asunto de esos, porque el decreto de archivo lo acuerda el propio fiscal, salvo que el perjudicado lo recurra al juez.

P. ?Sabe que es imposible aprobarla en esta legislatura?

R. Ahora tiene que ir a informe del CGPJ, el Consejo Fiscal y queremos que informe el Colegio de Abogados, porque lleva tiempo pidiendo una ley de garant¨ªas de los letrados y parte est¨¢ en esta ley org¨¢nica. En octubre podr¨ªamos tener esos informes. El Parlamento funciona seg¨²n los acuerdos y yo no me quejo de la capacidad para sacar leyes dificil¨ªsimas con grandes consensos. Estoy convencido de que cuando los grupos vean esta ley les va a gustar. Es un calendario muy justo, pero voy a luchar por ¨¦l.

P. Lucha tambi¨¦n contra la intenci¨®n del PP de hacer su propia ley tras las elecciones y la posibilidad de que estas se adelanten.

R. Como ministro de Justicia ya me siento muy satisfecho de haber hecho un anteproyecto de ley, despu¨¦s de que en 30 a?os nadie lo haya hecho. El paso es importante porque ya no discutiremos sobre lo et¨¦reo sino sobre un art¨ªculo concreto. Y yo descarto la opci¨®n del adelanto electoral, porque yo trabajo siempre con que se agota la legislatura.

P. ?Se renovar¨¢ el Tribunal Constitucional?

R. Hay m¨¢s vacantes, en RTVE o el Defensor del Pueblo, y nuestra voluntad es que se renueve, pero lo que no es acorde con la Constituci¨®n ni con la forma de negociar es que se pretenda imponer a nadie. Uno puede sentarse en una mesa con nombres, pero no imponiendo a un candidato y a eso le hemos dicho reiteradamente que no al PP.

P. Es decir, que no aceptan a Enrique L¨®pez.

R. No aceptamos que nos impongan a nadie como condici¨®n para sentarnos a hablar.

P. ?Qu¨¦ le parece que tras la dimisi¨®n de Camps, el PP exija dimisiones por el caso Fais¨¢n?

R. Lo que ha hecho Camps no es un ejercicio de responsabilidad, es una decisi¨®n estrat¨¦gica porque es conveniente para su defensa, porque tiene delante la apertura del juicio. Quien ha actuado con irresponsabilidad es Rajoy porque ha tolerado que vuelva a presentarse y lo han jaleado. Estamos en situaciones distintas y no se puede comparar lo imposible. Hablamos de un presidente de la Generalitat en fase de apertura de juicio oral, con acusaci¨®n formalizada, mientras que en el caso Fais¨¢n no hay ninguna acusaci¨®n contra tres polic¨ªas dedicados a la lucha antiterrorista.

P. ?Qu¨¦ le parece el auto del juez Ruz sobre el caso Fais¨¢n?

R. Haciendo una lectura objetiva del auto creo que hay un conjunto de indicios sin una sola prueba directa. Cualquier lector de la resoluci¨®n lo puede comprobar. Est¨¢ recurrido, y veremos.