El Constitucional considera que los desahucios no vulneran derechos

El aumento de los desahucios y la lucha del Movimiento 15-M por evitarlos ha puesto en los ¨²ltimos meses bajo el foco a las ejecuciones hipotecarias. El Tribunal Constitucional rechaz¨® ayer estudiar si esos embargos vulneran los derechos fundamentales de los afectados a una vivienda digna y a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales. Esa petici¨®n proced¨ªa de un juzgado de primera instancia de Sabadell y data de octubre de 2010, meses antes de que el Movimiento 15-M centrara parte de sus actividades en la paralizaci¨®n de desahucios que considera injustos.

El auto del tribunal no considera inconstitucional que la actual regulaci¨®n disponga la continuidad de la ejecuci¨®n si el precio del bien hipotecado no cubre el cr¨¦dito. Varias agrupaciones, como la Asociaci¨®n de Afectados por la Hipoteca, reivindican que se aplique la daci¨®n en pago, es decir, que la entrega de la vivienda cubra la deuda contra¨ªda con la entidad bancaria. "Este auto mantiene la doctrina que se aplica actualmente y esto solo puede cambiar si se pactan condiciones diferentes con los bancos a la hora de firmar las hipotecas", explica ?lvaro Mendieta, del despacho de abogados Cuatrecasas.

Un magistrado del tribunal discrepa con la decisi¨®n en su voto particular

El auto mantiene la doctrina que se aplica actualmente, seg¨²n un experto

El tribunal bas¨® su decisi¨®n de ayer en sentencias anteriores que respaldaban la actual regulaci¨®n que afecta a las ejecuciones hipotecarias. La primera de ellas, de 1981, asegura que el procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria "limita extraordinariamente la contradicci¨®n procesal, pero ello no significa que se produzca indefensi¨®n". El Constitucional explic¨® en aquella sentencia que no se produc¨ªa tal "indefensi¨®n" porque los afectados pod¨ªan optar por otras v¨ªas, como suspender el proceso con el pago o bien iniciar un procedimiento declarativo, en el que un juez puede dictaminar sobre los hechos controvertidos.

La de 1981 no es la ¨²nica sentencia que se cita en el auto de ayer. En junio de 1993 el mismo tribunal volvi¨® a fallar en este sentido. "Porque queda abierta a todos los interesados la v¨ªa del juicio declarativo para la defensa de sus derechos, este Tribunal Constitucional ha afirmado que la limitaci¨®n de controversia y dem¨¢s peculiaridades de este procedimiento no vulneran el derecho a la defensa", dijeron los magistrados aquella ocasi¨®n.

El auto del Constitucional incluy¨® un voto particular del magistrado Eugeni Gay, en el que critica que la resoluci¨®n no aborda elementos de "trascendencia social y constitucional" como son las "especiales" circunstancias de la situaci¨®n econ¨®mica y financiera actual, muy diferente de la de los a?os ochenta, cuando se fij¨® la doctrina inicial.

Por ello, sostiene que no le parece suficiente para desechar "como infundada" la cuesti¨®n de inconstitucionalidad la remisi¨®n a las sentencias existentes. Para Gay, "ser¨ªa necesario examinar si los preceptos cuestionados a la luz del nuevo contexto econ¨®mico y social son compatibles o no" con los derechos recogidos en la Constituci¨®n. Adem¨¢s, este magistrado recuerda que las normas no pueden establecerse "de espaldas a la realidad social" y subraya que la "ingenier¨ªa financiera" actual es m¨¢s compleja y pr¨¢cticamente imposible de someter a un control.

En cualquier caso, el Constitucional asegur¨® en el auto publicado ayer que es competencia del legislador cambiar la normativa vigente. "La cuesti¨®n de inconstitucionalidad no es cauce procesal id¨®neo para que los ¨®rganos jurisdiccionales puedan cuestionar de modo gen¨¦rico o abstracto la constitucionalidad de un r¨¦gimen o esquema legal", apunt¨® en el documento.

Desde el inicio de la crisis, las ejecuciones hipotecarias se han multiplicado casi por cuatro, al pasar de 25.943 en 2007 al r¨¦cord de 93.622 en 2010, seg¨²n el Consejo General del Poder Judicial. En el primer trimestre de 2011, 15.491 familias fueron desahuciadas.