El Estado impide que se instale un ascensor para un minusv¨¢lido

"No s¨¦ a qu¨¦ juegan. Igual quieren ganar tiempo para ver si los vecinos nos cansamos. Est¨¢bamos tan contentos con la sentencia... Y ahora mira, otra vez a esperar". Jes¨²s Yepes es un padre desesperado. ?l y toda la comunidad de propietarios del n¨²mero 8 de la calle de Vistalegre, en Cornell¨¤ de Llobregat (Baix Llobregat), llevan m¨¢s de seis a?os reclamando que se instale un ascensor en la finca. Pero han topado con la oposici¨®n f¨¦rrea de la Seguridad Social, propietaria de un inmenso local vac¨ªo en los bajos del edificio.

Como la finca donde vive la familia Yepes es vieja, el ascensor solo puede funcionar si ocupa una peque?a parcela (3,23 metros cuadrados) de ese local propiedad del Estado. Los vecinos no quieren el elevador ¨²nicamente para subir la compra sin esfuerzo: lo necesitan. El hijo de Jes¨²s, Adri¨¢n, es un joven de 18 a?os que padece un grado de disminuci¨®n f¨ªsica del 87%. Bajar las escaleras para salir a la calle supone, para ¨¦l y su familia, un suplicio.

Pese a la mediaci¨®n del Ayuntamiento de Cornell¨¤ y las promesas de los responsables de la Seguridad Social, los vecinos no lograron nunca arrancar un s¨ª definitivo para el ascensor. Eso a pesar de que el local lleva tres a?os vac¨ªo y de que ofrecieron, a cambio, una compensaci¨®n econ¨®mica. De modo que decidieron demandar a la Administraci¨®n. Ahora, la titular del Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 10 de Barcelona les ha dado la raz¨®n. La jueza obliga a la Tesorer¨ªa a ceder el espacio para instalar el ascensor a cambio de una indemnizaci¨®n, por da?os y perjuicios, de 3.618 euros, como planteaban los vecinos.

Pero el ascensor no se va a construir. Al menos, de momento. El Ministerio de Trabajo ha recurrido la sentencia ante la Audiencia de Barcelona y ha paralizado, as¨ª, la instalaci¨®n. Una decisi¨®n que, lamentan los vecinos, va a impedir que Adri¨¢n vea mejorada su calidad de vida. "Estamos contentos porque la justicia nos da la raz¨®n. Pero no sirve de nada porque no podemos poner el ascensor. Y a mi hijo cada vez le cuesta m¨¢s moverse. Desde que pusimos la demanda, le han aumentado en dos grados la incapacidad. Estoy indignado", relata Jes¨²s que, aun as¨ª, se muestra convencido de la perseverancia de la comunidad de Vistalegre.

Adri¨¢n no es el ¨²nico vecino que necesita del ascensor para vivir bien. En la finca reside una mujer de 52 a?os con una minusval¨ªa del 53%. Cuando se interpuso la demanda tambi¨¦n viv¨ªa, en el mismo bloque, una anciana de 82 a?os, hoy ya fallecida, con problemas de movilidad.

En el juicio, la Seguridad Social se opuso a la demanda alegando que los vecinos no hab¨ªan reclamado, previamente, por la v¨ªa administrativa.La jueza considera que ese argumento es insuficiente, precisa que "la funci¨®n judicial es resolver definitiva y eficazmente los conflictos que a ella se someten" y recuerda que la Tesorer¨ªa ha tenido "sobrado conocimiento previo de las pretensiones de la comunidad".

La discrepancia, a?ade, "se centra en determinar el alcance de la compensaci¨®n econ¨®mica". La magistrada da por buena la cifra que ofrecen los vecinos -que tilda de "razonada y ponderada"- y considera, en cambio, que la que exige la Seguridad Social es "desorbitada y no justificada". La Administraci¨®n del Estado reclama a los vecinos que paguen 3.000 euros por cada uno de los metros afectados por el ascensor.

Ese espacio es "necesario" para instalar el ascensor, ya que debido a la estructura del edificio tiene que partir de all¨ª hacia el patio de luces. La sentencia obliga a la Administraci¨®n a "permitir el acceso al inmueble" a los operarios para que efect¨²en las obras, pero no se puede ejecutar hasta que sea firme. El local cuenta con una superficie de 569 metros y acogi¨®, hasta hace tres a?os, la sede de la Seguridad Social en Cornell¨¤.

En el recurso ante la Audiencia de Barcelona, la Seguridad Social critica las "graves omisiones" de la sentencia al fijar la indemnizaci¨®n. La cantidad, dice el documento, debe medirse por cada metro cuadrado porque, cuando se instale el ascensor, es posible que se necesite m¨¢s superficie de la prevista.

Al tratarse de patrimonio p¨²blico, a?ade el recurso, "parece adecuado que una segunda instancia judicial se pronuncie". El Ministerio de Trabajo insiste en que defiende, a trav¨¦s de su patrimonio, el inter¨¦s general. Y argumenta, en ese sentido, que el ascensor supondr¨¢ una p¨¦rdida de valor del local porque no solo afecta a una zona de paso, sino que es "el acceso directo a la v¨ªa p¨²blica y la salida de emergencia natural del inmueble". En la misma l¨ªnea, razona que provocar¨¢ "una p¨¦rdida de la luz natural del local" que redunda en perjuicios para el erario p¨²blico.

A Jes¨²s Yepes, todas esas prevenciones le suenan a excusa. Le cuesta comprender, dice, la tozudez de la Administraci¨®n. Pero est¨¢ dispuesto a luchar: "Tengo el apoyo de los vecinos. Pondr¨¦ pancartas en el balc¨®n. Nos moveremos". Mientras, el tiempo pasa y su hijo Adri¨¢n necesita cada vez m¨¢s apoyo de sus padres para salir a la calle. "Siente m¨¢s inseguridad y m¨¢s miedo que el a?o pasado cuando tiene que subir o bajar las escaleras con nuestra ayuda". Jes¨²s se siente dolido, tambi¨¦n, por las promesas incumplidas: "Nos dijeron que nos ceder¨ªan el espacio cuando se trasladaran, y no lo hicieron. Se comprometieron a buscar una soluci¨®n cuando les pusimos la demanda, y tampoco lo hicieron. Ahora les han condenado, y ni as¨ª ceden. ?Qu¨¦ m¨¢s se puede hacer?"