Privilegios que denunci¨® Competencia

Las empresas de transporte se han visto beneficiadas por la generosa pol¨ªtica que tanto el bipartito como el actual Gobierno del PP llevaron a cabo en materia de concesiones eludiendo un veto de la Uni¨®n Europea. En 2008 la Xunta alarg¨® un a?o las autorizaciones de servicios p¨²blicos de transporte interurbano a la espera de aprobar un nuevo marco legal que, con PSdeG y BNG en el poder, no cuaj¨®.

Tras las elecciones, con Agust¨ªn Hern¨¢ndez al frente de la Conseller¨ªa de Territorio, el Parlamento aprob¨® una ley con car¨¢cter de urgencia para prorrogar las 143 autorizaciones en vigor. Fue tres d¨ªas antes de que Espa?a comenzase a aplicar un reglamento comunitario que limita esas pr¨®rrogas a casos muy concretos y con un l¨ªmite m¨¢ximo de cinco a?os. Pero la trampa estaba hecha. Hasta 44 concesiones se ampliaron autom¨¢ticamente -sin que mediase concurso p¨²blico- m¨¢s all¨¢ de 2023, entre ellas las que unen por carretera las principales ciudades gallegas con sus ¨¢reas metropolitanas. Grandes grupos como Monbus (que opera con Castromil, Alsina, Autobuses Urbanos de Lugo, R¨ªas Altas y Monforte SA, entre otras) y Arriva Noroeste se beneficiaron de la medida de la Xunta.

La Comisi¨®n Nacional de Competencia (CNC) emiti¨® meses despu¨¦s un duro informe criticando a las autonom¨ªas que, como Galicia, siguieron el ejemplo de Valencia para saltarse a la torera el veto de Bruselas. El organismo termin¨® denunciando el caso en julio del a?o pasado, ante el Tribunal Superior de Xustiza, que todav¨ªa no lo ha resuelto. Para la CNC, ampliar las concesiones cuando el reglamento europeo se conoc¨ªa desde 2007 fue un "fraude de ley" para limitar a otros operadores y crear oligopolios.

El Gobierno de Alberto N¨²?ez Feij¨®o hizo lo mismo con el transporte escolar vistiendo la medida de austeridad. A cambio de alargar las autorizaciones, las empresas rebajaron la factura un 7%.