El Superior fuerza a Interior a resolver m¨¢s r¨¢pido las sanciones a 'ertzainas'

Los 10 meses que el reglamento disciplinario de la Ertzaintza fija como plazo m¨¢ximo para la resoluci¨®n de los procesos iniciados por la apertura de expedientes sancionadores a los agentes no se ajustan al ordenamiento vigente. As¨ª lo ha determinado una reciente sentencia del Tribunal Superior vasco, que ha rebajado ese per¨ªodo de tramitaci¨®n a medio a?o para adaptarlo al l¨ªmite que recoge la norma que rige para el conjunto del funcionariado en Espa?a, la ¨²nica con rango de ley. El fallo reconoce la discriminaci¨®n que, con respecto al resto de los trabajadores p¨²blicos, ha supuesto para los integrantes de la Polic¨ªa vasca el sometimiento a su reglamento interno.

La resoluci¨®n, dictada en septiembre por la Sala de lo Contencioso del alto tribunal vasco y contra la que no cabe recurso, deja claro que el plazo fijado para la resoluci¨®n de los procedimientos internos en la Ertzaintza solo puede exceder de los seis meses referidos "si una norma con rango de Ley as¨ª lo establece". Un supuesto que no se recoge en la Ley de Polic¨ªa Vasca ni en la Ley de la Funci¨®n P¨²blica Vasca. "No existe", por lo tanto, "cobertura legal para establecer un plazo de diez meses de caducidad", como el que reg¨ªa hasta ahora.

Erne recurri¨® al tribunal el castigo disciplinario a un agente en 2008

La consejer¨ªa no ha calculado a¨²n las consecuencias sobre otros procesos

La sentencia responde a un recurso presentado por el sindicato Erne contra la suspensi¨®n de empleo y sueldo por cuatro a?os con la que el Departamento de Interior castig¨® a un ertzaina por la comisi¨®n de dos faltas graves. M¨¢s all¨¢ de las cuestiones de fondo, la apelaci¨®n se escudaba en la caducidad de una sanci¨®n que casi se hab¨ªa tardado diez meses en comunicar al propio agente. El expediente se inici¨® en enero de 2008 y no fue hasta noviembre de ese mismo a?o cuando el afectado conoci¨® su pena. Tras el rechazo inicial por parte de un juzgado de Vitoria, el Superior ha estimado finalmente el argumento de la central frente a los diez meses de plazo que, en virtud de su reglamento interno, defend¨ªa la consejer¨ªa.

Los hechos objeto de juicio se remontan a finales de 2007, cuando el ertzaina objeto del expediente disciplinario cometi¨® una "negligencia" al dejar su arma reglamentaria en su domicilio y a la vista, sin las preceptivas medidas de seguridad. Esta imprudencia permiti¨® que su esposa, "fruto de sus circunstancias personales", recuerda la sentencia, se suicidara dispar¨¢ndose con ella. El sobreseimiento de la causa penal abierta contra el afectado le exoner¨® de la "intenci¨®n dolosa" y una posible pena de prisi¨®n, pero no evit¨® la sanci¨®n interna de cuatro a?os que le impuso el departamento, dirigido entonces por el PNV.

Al agente se le sum¨® as¨ª l dolor generado por la p¨¦rdida de su mujer y la dificultad de mantener, sin trabajo ni sueldo durante cuatro a?os, a su hijo reci¨¦n nacido.

El fallo del alto tribunal ha dejado finalmente sin efecto el castigo impuesto al ertzaina por parte de Interior. La consejer¨ªa ni siquiera tendr¨¢ la oportunidad de reabrir el proceso interno, ya que las faltas graves prescriben a los dos a?os y, en este caso, aunque fueron dos las impuestas, contabilizan por separado, por lo que el plazo previsto ya se ha superado. Solo las tipificadas como muy graves prolongan en el tiempo su vigencia, hasta los seis a?os.

Las consecuencias de la resoluci¨®n, que es firme, son impredecibles, ya que podr¨ªa dejar sin efecto varios de los procedimientos que la consejer¨ªa mantiene abiertos y que han superado los seis meses de tramitaci¨®n que la sentencia ha fijado como l¨ªmite, frente a los diez con los que contaba el departamento. En las reuniones mantenidas con los sindicatos, Interior no ha facilitado datos a este respecto.

Todas las causas que no hayan prescrito se podr¨¢n reiniciar, aunque supondr¨¢n un quebradero de cabeza a?adido para la consejer¨ªa, debido a la compleja tramitaci¨®n administrativa que requieren. El departamento, adem¨¢s, se ver¨¢ obligado a agilizar de forma sensible la gesti¨®n de los nuevos expedientes sancionadores.