Bellver abre el marat¨®n de juicios a cargos del PP

El Tribunal Superior de Justicia tiene previsto empezar a juzgar hoy a Jorge Bellver, diputado auton¨®mico y concejal de Urbanismo en Valencia, por un supuesto delito de prevaricaci¨®n urban¨ªstica. El de Bellver ser¨¢ el primero de una larga lista de previsibles procesos contra diputados valencianos en la presente legislatura: el n¨²mero de parlamentarios del PP sometidos a juicio puede ascender a 10. Una anomal¨ªa derivada de la decisi¨®n del expresidente de la Generalitat Francisco Camps de llenar el grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas de pol¨ªticos con cuentas pendientes con la justicia.

Si el archivo de las imputaciones no lo impide, el marat¨®n judicial continuar¨¢ con el juicio contra Camps y el ex secretario general del PP regional Ricardo Costa por aceptar d¨¢divas de la trama G¨¹rtel. Le seguir¨¢ el juicio al exalcalde de Torrevieja Pedro ?ngel Hern¨¢ndez Mateo, imputado por prevaricaci¨®n y falsedad documental en una de las tres causas que tiene abiertas. A continuaci¨®n, aunque en este caso los plazos se presentan largos, le llegar¨¢ el turno a la c¨²pula del PP valenciano imputada en el grueso de la vertiente valenciana del caso G¨¹rtel por presunta financiaci¨®n ilegal y falsificaci¨®n en documento mercantil. Los implicados en este caso son los diputados Ricardo Costa, Yolanda Garc¨ªa, tesorera del PP, y David Serra, vicesecretario de Organizaci¨®n del PP.

Por esos mismos supuestos delitos tambi¨¦n est¨¢ imputado Vicente Rambla, exvicepresidente primero de Camps. En el caso de Rambla se a?aden, adem¨¢s, las acusaciones de cohecho y prevaricaci¨®n por sus tratos con la red G¨¹rtel, dos delitos que se le imputan igualmente a Milagrosa Mart¨ªnez, exconsejera de Turismo y presidenta de las Cortes valencianas en la anterior legislatura. A estos ocho diputados es probable que, en el futuro, se sumen la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis D¨ªaz Alperi, implicados en el caso Brugal que investiga el presunto ama?o del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Alicante en beneficio del promotor Enrique Ortiz.

De todos ellos, el primero en sentarse en el banquillo hoy mismo ser¨¢ Jorge Bellver. El concejal de Urbanismo de Valencia autoriz¨® en 2004 las obras de un aparcamiento junto a un espacio protegido de la ciudad de Valencia, los Jardines de Monforte, obviando el obligatorio informe del servicio de Patrimonio de la Generalitat. Anteriormente, Patrimonio ya hab¨ªa obligado al Consistorio a modificar profundamente otro proyecto urban¨ªstico en el mismo entorno. El fiscal y el juez instructor consideraron que el concejal omiti¨® el informe a prop¨®sito para eludir los previsibles obst¨¢culos con los que se habr¨ªa encontrado el aparcamiento.

Bellver, que se enfrenta a una pena de ocho a?os y medio de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico, fue incluido en las listas del PP a las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas por deseo de Rita Barber¨¢. El movimiento produjo la paralizaci¨®n del procedimiento que se segu¨ªa contra ¨¦l (en enero el juez ya hab¨ªa dictado la apertura de juicio oral) porque desde el momento en que obtuvo el acta de diputado dej¨® de poder ser juzgado por un tribunal ordinario y su causa se elev¨® al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Junto a Bellver se sentar¨¢n en el banquillo el secretario del Ayuntamiento de Valencia, Pedro Garc¨ªa Rabasa, el jefe de servicio de Circulaci¨®n y Transporte, el jefe de servicio de Planeamiento y una arquitecta t¨¦cnica. Todos ellos se han declarado inocentes y han alegado que en caso de haber incumplido la normativa urban¨ªstica lo habr¨ªan hecho de forma involuntaria, por lo que su actuaci¨®n no tendr¨ªa trascendencia penal sino en todo caso administrativa.