Frente com¨²n contra la reforma de la PAC

El Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades aut¨®nomas han llegado a un acuerdo sobre la posici¨®n de rechazo que defender¨¢ el Gobierno ante las pr¨®ximas negociaciones para la reforma de la Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n (PAC), que supone para Espa?a unos pagos anuales totales superiores a los 7.000 millones de euros.

Tras la presentaci¨®n oficial de la propuesta, los debates sobre la misma se inician esta misma semana en el seno de los ministerios de Agricultura de la UE. Estas negociaciones se prolongar¨¢n durante el pr¨®ximo a?o y medio y no se cerrar¨¢n hasta que se conozcan las cifras de las perspectivas financieras en la UE de 2014 a 2010.

En medios de la Comisi¨®n se asumen las cr¨ªticas del sector agrario y de la propia Administraci¨®n al contenido de la propuesta, pero se critica que Espa?a haya sido uno de los pa¨ªses que ha presentado menos iniciativas.

Espa?a fue en 2010 el segundo perceptor de ayudas tras Francia

El Ejecutivo espa?ol defender¨¢ una estabilidad en las dotaciones presupuestarias y el mantenimiento del sobre nacional (el volumen de ayudas). Ambas partes coinciden en el rechazo a una cofinanciaci¨®n nacional en desarrollo rural superior al 50%. Espa?a no se opone a una progresiva equiparaci¨®n de ayudas por hect¨¢rea entre pa¨ªses, pero considera que esos recursos deber¨ªan proceder de otros fondos y no de las ayudas directas que cobran los agricultores.

El pacto contempla el rechazo a que el 30% de las ayudas est¨¦ condicionado al cumplimiento la pol¨ªtica "de verdeo", que supondr¨¢ unas mayores exigencias en materia de rotaci¨®n de cultivos, mantenimiento de pastos y abandono de tierras.

El secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, considera que el sector ya cumple exigencias medioambientales que deber¨ªan ser suficientes para acceder a ese pago, y que se deber¨ªa considerar tambi¨¦n el efecto sumidero de CO2 que tiene cultivos permanentes como olivar o frutales. Se reclama tambi¨¦n un tratamiento especial para los regad¨ªos que han mejorado estructuras.

Hay una oposici¨®n total a la propuesta de tarifa plana o pago base y se reclama que los procesos para la convergencia no supongan grandes cambios en la distribuci¨®n de las ayudas entre regiones y cultivos.

En la politica de mercados, Espa?a defender¨¢ la necesidad de que haya nuevos mecanismos para la gesti¨®n crisis.

Con relaci¨®n a los agricultores "activos" como los destinatarios preferentes de las ayudas, la definici¨®n final propuesta por la UE es tan amplia que s¨®lo deja fuera a grandes empresas como AENA, Renfe o algunos ayuntamientos. Espa?a defiende que haya mayores exigencias en el porcentaje de ayudas procedentes de la actividad agraria en el conjunto de los ingresos de un perceptor frente al 5% que se pide en la actualidad cuando no se trabaje como profesional del campo.

Tras este pacto, ambas partes deber¨¢n llegar a un acuerdo mucho m¨¢s complejo para la redistribuci¨®n del sobre nacional entre comunidades aut¨®nomas, regiones, sectores o cultivos. Bruselas deja la puerta abierta a cada Estado a todo tipo de opciones para acercar las ayudas medias por hect¨¢rea. Eso supondr¨¢ la existencia de grandes diferencias, con superficies con ayudas de m¨¢s de 1.000 euros por hect¨¢rea, algunas de 100 euros y otras sin dotaci¨®n, frente a una media nacional de 240 euros.

En 2010, de los m¨¢s de 6.000 millones de euros pagados por el Fondo Espa?ol de Garant¨ªa Agraria (FEGA) entre ayudas directas y mecanismos de mercados, 1.677 millones correspondieron a Andaluc¨ªa; 1.031 a Castilla y Le¨®n y 933 a Castilla-La Mancha, casi el 60%. La propuesta asigna a Espa?a para 2014 un montante de 4.935 millones de euros, a los que se suman otros 220 millones por el algod¨®n y el Posei (especial por la insularidad) para Canarias.

Espa?a fue en 2010 el segundo pa¨ªs perceptor de fondos de la PAC, con 7.038 millones de euros, por detr¨¢s de Francia con 9.854 millones, y por delante de Alemania, con 6.239 millones.