La fiscal¨ªa pide a la juez fianza para los intrusos de los ERE
Anticorrupci¨®n busca que la Junta recupere los 10 millones defraudados
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n persigue que el dinero percibido ilegalmente por los intrusos (personas prejubiladas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) regrese a las arcas p¨²blicas andaluzas. Para asegurarse de que estos fondos (unos 10 millones de euros) son devueltos al Gobierno andaluz, el ministerio p¨²blico ha pedido a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que imponga una fianza o embargue los bienes de los intrusos. En un escrito, la fiscal¨ªa pide a la magistrada "la inmediata adopci¨®n de medidas cautelares de aseguramiento de las posibles responsabilidades civiles y pecuniarias de las personas imputadas".
Hasta ahora, en la causa solo hay una veintena de imputados, pero la Junta ya ha identificado 72 intrusos y 111 personas con irregularidades administrativas en los cobros de las p¨®lizas. Probablemente el n¨²mero de intrusos crecer¨¢ ante la procelosa investigaci¨®n de la Guardia Civil.
La fiscal¨ªa reclama a la Consejer¨ªa de Empleo que para determinar el importe exacto defraudado, le informe sobre si alg¨²n intruso ha devuelto el dinero. Hasta ahora, hay solo dos ejemplos: el exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, que ha consignado ante notario los 110.000 euros, y Antonio Garrido Santoyo, exresponsable de pol¨ªtica local del PSOE de Baeza (Ja¨¦n).
Las fianzas o embargos afecta a la familia Ruiz-Mateos a trav¨¦s de una deuda relacionada con su empresa Dhul, para lo que Empleo gener¨® una p¨®liza de 2,4 millones cuyo asegurado fue ?lvaro Ruiz-Mateos. Al margen de los intrusos, la fiscal¨ªa ha puesto el acento en los numerosos empresarios, Ayuntamientos y asociaciones que recibieron ayudas directas sin "ninguno de los requisitos exigibles" para las subvenciones.
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