El TSJA tumba el traspaso de empleados de la Junta a una agencia p¨²blica
La reordenaci¨®n del sector p¨²blico de la Junta ha sufrido su primer varapalo judicial. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) ha anulado parte del decreto de integraci¨®n del personal del extinto Instituto Andaluz de las Artes y Letras a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, un nuevo organismo creado tras la reforma del sistema p¨²blico y a la que han pasado 534 trabajadores.
Se trata del primer fallo del alto tribunal andaluz contrario al traspaso de empleados de las fundaciones y empresas p¨²blicas de la Junta a una de las agencias de la Ley de Reordenaci¨®n, del m¨¢s de medio centenar de recursos que se han interpuesto.
El pronunciamiento da la raz¨®n a los sindicatos y funcionarios que han denunciado que con la ley se favorece al personal que no hab¨ªa pasado por un proceso de oposici¨®n.
La sentencia, cuya ponente es Mar¨ªa Luisa Alejandre Dur¨¢n, sostiene que la parte del decreto anulado es un "desprecio al Estado de Derecho" que vulnera de manera "flagrante" los derechos fundamentales de acceder a la funci¨®n p¨²blica "conforme a los principios de igualdad, m¨¦rito, capacidad y publicidad de convocatoria".
Tambi¨¦n dice que existe una "clara repercusi¨®n" en los funcionarios y personal laboral fijo de la Junta, que ven "lesionados no solo sus derechos de acceso en condiciones de igualdad, sino a los que hayan accedido al empleo p¨²blico, se mantengan en ella sin perturbaciones leg¨ªtimas".
Vacantes
El fallo considera que la disposici¨®n impugnada "puede afectar a los derechos de acceso, promoci¨®n y traslado para la provisi¨®n de vacantes de los funcionarios y personal laboral para toda la Administraci¨®n de la Junta".
El recurso, a instancias de la Asociaci¨®n Al-Andalus de empleados p¨²blicos de la Junta, es uno de 16 que ha interpuesto el bufete de abogados Mariano Aguayo de C¨®rdoba.
La consejera de Hacienda y Administraci¨®n P¨²blica, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, ha eludido pronunciarse hasta conocer la sentencia, que estudian los servicios jur¨ªdicos de la Junta, seg¨²n inform¨® un portavoz. Contra la sentencia cabe un recurso de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo.
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