Las agencias de calificaci¨®n podr¨¢n ser denunciadas por enga?os

Los inversores que se sientan enga?ados por los informes de las agencias de calificaci¨®n podr¨¢n denunciarlas ante los tribunales y pedir indemnizaciones, seg¨²n ha adelantado la Comisi¨®n Europea. El Ejecutivo de Bruselas ha aprovechado el incidente del pasado jueves, en el que la agencia Standard & Poor's (S&P) anunci¨® por error que quitaba la m¨¢xima calificaci¨®n a la deuda francesa, para defender su propuesta. Seg¨²n Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, "el error demuestra la necesidad de una regulaci¨®n fuerte".

El nuevo reglamento, que se concretar¨¢ el martes, tambi¨¦n incluye otras normas para fomentar la competencia en el sector y asegurar su imparcialidad, evitando conflictos de intereses. A su vez, la Comisi¨®n tambi¨¦n detallar¨¢ las medidas para limitar la calificaci¨®n de la deuda de pa¨ªses rescatados, que Barnier ya avanz¨® el 20 de octubre.

Ya hay leyes contra los errores de las calificadoras, pero no se aplican

La nueva normativa europea pretende armonizar las legislaciones de los Estados miembros para asegurar que los errores o los conflictos de intereses en que caigan las agencias de calificaci¨®n podr¨¢n ser castigados. Fuentes comunitarias se?alan que esa legislaci¨®n ya existe en varios Estados pero nunca se ha aplicado de forma efectiva.

Las agencias, que de momento no se han pronunciado, amenazaron en marzo precisamente con dejar de calificar a los pa¨ªses con mayor riesgo en su deuda soberana si Barnier segu¨ªa adelante con su idea de exigir responsabilidad por sus rebajas err¨®neas en la calificaci¨®n de la deuda soberana. Fuentes de la industria recordaron a la Comisi¨®n que una "huelga de calificaciones" ahuyentar¨ªa a los inversores de esos pa¨ªses, encareciendo todav¨ªa m¨¢s su financiaci¨®n.

La portavoz del comisario tambi¨¦n ha descartado que la propuesta incluya la creaci¨®n de una agencia de calificaci¨®n europea, posibilidad que se baraj¨® al principio de la crisis de la deuda soberana. La Comisi¨®n prefiere regular el mercado para garantizar mayor competencia, repartiendo as¨ª el poder que las tres grandes agencias de calificaci¨®n, S&P, Moody's y Fitch, han acumulado con el paso del tiempo.

La iniciativa es un nuevo cap¨ªtulo del pulso que la Comisi¨®n y las agencias mantienen desde hace dos a?os, cuando empez¨® la crisis de la deuda soberana y se se?al¨® a las agencias como las culpables por su excesivo poder y la incapacidad para detectar los fallos. Las instituciones europeas, sin embargo, son responsables de ese poder ya que durante a?os exigieron a las entidades financieras acreditar las m¨¢ximas calificaciones de las agencias para, por ejemplo, poder computar determinados valores como capital b¨¢sico.

El FMI consider¨® en su informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial de 2010 que las agencias "usan y abusan del poder que tienen" y que necesitan una supervisi¨®n m¨¢s estricta porque sus actividades tienen "un impacto significativo en los costos de endeudamiento de los pa¨ªses, pudiendo afectar su estabilidad financiera".

S&P envi¨® el jueves un mensaje a algunos suscriptores anunciando la rebaja de la nota de la deuda francesa, lo que hizo caer el precio de esos bonos inmediatamente. Hora y media m¨¢s tarde, la agencia corrigi¨® y pidi¨® disculpas. Desde la Comisi¨®n aseguran que "el incidente es grave y refleja la volatilidad del mercado y la responsabilidad que deben tener los actores que operan en ¨¦l".

La idea de exigir responsabilidad civil a las agencias de calificaci¨®n se inspira en Estados Unidos, donde S&P y Moody's est¨¢n siendo juzgadas por su responsabilidad en la crisis de las hipotecas basura, a las que las agencias daban su m¨¢xima nota al mismo tiempo que sacaban beneficios de su comercializaci¨®n.

En Espa?a, la Uni¨®n por las Libertades Civiles y el Observatorio de los Derechos Econ¨®micos y Sociales acusaron en febrero ante la Audiencia Nacional a las tres agencias por sus rebajas en la calificaci¨®n de la deuda espa?ola. Los abogados que presentaron la querella criminal, por uso de informaci¨®n privilegiada para alterar los precios del mercado, opinan que se produjo un conflicto de intereses en beneficio de los clientes de las agencias y en detrimento del erario p¨²blico.