Los Mossos actuaron de forma "vejatoria" contra los indignados

Un juez de Barcelona investigar¨¢ la actuaci¨®n de responsables pol¨ªticos y mandos policiales durante el desalojo de los indignados de la plaza de Catalunya el pasado 27 de mayo. El magistrado Josep Maria Miquel Porras ha admitido a tr¨¢mite la querella presentada por m¨¢s de 50 afectados y considera que estos recibieron un trato "intimidatorio, amenazante y vejatorio" de los Mossos d'Esquadra. Con el argumento de que deb¨ªan retirarse los objetos peligrosos, el Departamento de Interior de la Generalitat orden¨® el desalojo sin notificarlo previamente y a pesar de la actitud pac¨ªfica de la inmensa mayor¨ªa de los miembros del 15-M, recoge la interlocutoria, dictada ayer.

La querella de "Tom¨¢s S. y 55 personas m¨¢s" se dirige contra tres responsables pol¨ªticos: el consejero de Interior, Felip Puig; el director general de la polic¨ªa catalana, Manel Prat, y la exconcejal de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona Assumpta Escarp. Tambien ser¨¢ investigado el papel de dos mandos policiales, Antoni Antol¨ªn (jefe de dispositivos) y David Borda, de la Brigada M¨®vil (antidisturbios), y de "los agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra que resulten responsables penalmente".

En la resoluci¨®n judicial se exponen los hechos de aquella jornada y se describe la intervenci¨®n policial en t¨¦rminos muy duros. Los querellados, dice el texto, pudieron vulnerar el derecho de reuni¨®n de los acampados. A las seis de la ma?ana y "sin proceder a la notificaci¨®n previa", la polic¨ªa "intent¨® desalojar la plaza de Catalunya para realizar tareas de limpieza y retirada de objetos peligrosos". Miquel destaca que, pese a la "actitud intimidatoria" de los agentes, la mayor¨ªa de los indignados decidieron quedarse en el epicentro de las protestas del Movimiento 15-M.

Los agentes "retuvieron a m¨¢s de 100 personas", a las que "amenazaron con cargas policiales" y "prohibieron ir al lavabo y comer". Mientras tanto, los servicios de limpieza desmontaron el campamento y retiraron los objetos del lugar "sin ning¨²n cuidado". "Parece ser", prosigue el juez, que los objetos fueron amontonados m¨¢s tarde en el dep¨®sito municipal del Sot del Migdia, en Montju?c, un descampado al aire libre. Todo ello hizo que algunos de los objetos de los indignados -pantallas, ordenadores, agendas personales, memorias externas con datos personales- no se recuperaran y que otros sufriesen "da?os irreparables".

El juez tambi¨¦n subraya otro aspecto de la querella: los agentes antidisturbios no llevaban visible su n¨²mero de identificaci¨®n como establece la normativa, circunstancia que, a?ade la resoluci¨®n, "obedec¨ªa a las consignas recibidas de sus superiores y especialmente del consejero de Interior".Los agentes "no dejaban acceder a nadie" a la plaza y ejercieron la mayor violencia contra quienes trataban de impedir la salida de los camiones de limpieza. As¨ª consta en el relato de la querella que asume tambi¨¦n, indiciariamente, el juez. Los concentrados "se opusieron de forma pac¨ªfica" pero, aun as¨ª, fueron golpeados. El resultado de aquel pol¨¦mico desalojo fue de "m¨¢s de 100 de personas heridas", algunas, por las balas de goma.

La prioridad de la investigaci¨®n es comprobar si los querellados han vulnerado el derecho a la libertad de reuni¨®n que consagra la Constituci¨®n. Se sit¨²a, por tanto, "en el ¨¢mbito de los delitos relativos al ejercicio de derechos fundamentales", sigue el juez. Con posterioridad se analizar¨¢n otros hechos, como posibles delitos o faltas (por las agresiones a indignados) o contra el patrimonio (por los objetos retirados). Porras no admite la querella contra Puig por falta de competencias ya que es un aforado al Parlament y, como tal, debe ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC).

Los abogados de los indignados aplaudieron la decisi¨®n y se mostraron "positivamente sorprendidos" por la elaborada interlocutoria. Como norma general, la admisi¨®n a tr¨¢mite no requiere de una detallada motivaci¨®n de los hechos, como ocurre en este caso. La querella fue presentada hace un mes y medio. En este tiempo, el juez ya ha realizado algunas diligencias, como el visionado de v¨ªdeos de aquella jornada y la toma de declaraci¨®n de los afectados. "Todo eso se debe, tal vez, a la relevancia de los hechos y de las personalidades que van a ser investigadas", explic¨® ayer el abogado penalista Jaume Asens. Laia Serra, una de las abogadas que confeccion¨® la denuncia, se mostr¨® "satisfecha" por la investigaci¨®n, aunque lament¨® que Puig quede fuera. ?l fue, a juicio de Serra, "el m¨¢ximo responsable del operativo" y quien "asumi¨® p¨²blicamente sus consecuencias".

Porras es el juez que, el pasado 6 de octubre, estaba de guardia cuando 50 agentes antidisturbios irrumpieron en la Ciudad de la Justicia para detener a seis indignados que, presuntamente, hab¨ªan participado en los actos de acoso a diputados frente al Parlament. Los Mossos no avisaron a Porras ni a la juez decana, Maria Josep Feliu, de su llegada y se escudaron en que actuaban bajo las ¨®rdenes de la Audiencia Nacional. Aquel asalto a los juzgados motiv¨® un duro reproche del TSJC.