Detenido el due?o de un 'chiringuito' hipotecario

El gerente de una oficina que se dedicaba a colocar hipotecas entre inmigrantes con bajos ingresos durante los a?os de la burbuja inmobiliaria fue detenido el pasado jueves por orden de un juez de Madrid que le imputa un presunto delito de estafa. Los denunciantes son varias familias inmigrantes con cr¨¦ditos hipotecarios que no pueden pagar y que se encuentran en mora o en proceso de desahucio. Debido a la legislaci¨®n espa?ola, cuando pierdan sus casas, a¨²n les quedar¨¢n deudas millonarias.

La orden del juez Agust¨ªn Morales, del Juzgado de Instrucci¨®n 42 de Madrid, fue emitida el pasado 23 de noviembre. Enrique Ca?o, administrador de un chiringuito hipotecario llamado Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI) y otros con nombres parecidos, fue detenido en su domicilio el pasado jueves, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. El juez no le pudo tomar declaraci¨®n al no estar presente la acusaci¨®n particular, por lo que lo dej¨® en libertad y lo cit¨® para comparecer como imputado a mediados de enero.

Se trata de un paso adelante inaudito entre las pocas denuncias por estafa que se han podido presentar en Espa?a contra unas pr¨¢cticas que fueron comunes en los a?os de mayor auge de la burbuja inmobiliaria. La denuncia fue presentada hace un a?o, el 30 de noviembre de 2010. La argumentaci¨®n se basa en que Enrique Ca?o abus¨® de la confianza de los inmigrantes y de su escasa formaci¨®n econ¨®mica para involucrarlos en operaciones financieras de alto riesgo.

La carta de presentaci¨®n de CHI, seg¨²n su propia publicidad, dec¨ªa: "Somos una entidad de apoyo al inmigrante y trabajamos en un programa de integraci¨®n basado en la adquisici¨®n de viviendas". Ca?o cobraba un porcentaje de cada hipoteca vendida.

Los denunciantes son inmigrantes ecuatorianos con ingresos inestables que obtuvieron a trav¨¦s de CHI cr¨¦ditos de m¨¢s de 200.000 euros entre 2004 y 2007 para comprar pisos. Originalmente denunciaron cinco familias, pero hoy son ya 10. Seg¨²n relatan, Ca?o consegu¨ªa los cr¨¦ditos mediante una trama de avales cruzados, de forma que los compradores se avalaban unos a otros con viviendas a su vez hipotecadas. Las operaciones se cerraban con pocos d¨ªas de diferencia para eludir los controles mensuales del Banco de Espa?a.

Para conseguir un piso, seg¨²n los denunciantes, Ca?o exig¨ªa al comprador que primero firmara como copropietario en otra operaci¨®n. Despu¨¦s, el chiringuito buscaba a otros inmigrantes para figurar como copropietarios con el comprador, y as¨ª segu¨ªa la cadena. De hecho, los denunciantes est¨¢n todos vinculados porque tienen peque?os porcentajes de otros pisos y otros tienen porcentajes de los suyos.

De esta forma se consegu¨ªa que cumplieran los requisitos m¨ªnimos de riesgo. Es decir, tres personas con perfil de riesgo muy alto juntas en una escritura, se suman y dan como resultado un perfil de riesgo aceptable para el banco, que concede una hipoteca que por separado no les conceder¨ªa jam¨¢s. El problema es que si el pagador principal falla, arrastra a los dem¨¢s a la ruina, porque todos son responsables del cr¨¦dito.

Los inmigrantes se daban cuenta de la jugada y sus riesgos en la mesa del notario, al ir a firmar la escritura. Sin embargo, no era f¨¢cil echarse atr¨¢s. CHI les exig¨ªa una se?al como adelanto por la operaci¨®n que rondaba los 10.000 euros, dependiendo de la capacidad de cada familia. El dinero no se devolv¨ªa en ning¨²n caso. Por tanto, aunque no estuvieran de acuerdo, en ese momento se enfrentaban a la disyuntiva de perder los ahorros de su vida o cumplir su sue?o y comprarse una casa en Espa?a, que en teor¨ªa no bajaba de precio.

Central Hipotecaria del Inmigrante cerraba operaciones, seg¨²n la denuncia, con la Caja de Ahorros del Mediterr¨¢neo (hoy intervenida por el Banco de Espa?a), Caja Madrid (ahora Bankia) y Caja Espa?a. Las dos primeras ya han remitido al juzgado informaci¨®n sobre sus operaciones con Ca?o. En el mismo auto en el que ordena la detenci¨®n, el juez requiere a Caja Espa?a que le env¨ªe urgentemente esa informaci¨®n.

El juez ha rechazado una de las principales demandas de los afectados, que se frenen los procedimientos de ejecuci¨®n hipotecaria. La denuncia persigue la nulidad de los contratos hipotecarios. Al existir un posible delito penal, argumentan, deber¨ªa paralizarse de forma cautelar el desahucio de sus casas. El juez admite que existen indicios de delito hasta el punto de ordenar una detenci¨®n, sin embargo afirma que no puede frenar los desahucios. Los denunciantes basan sus esperanzas en que el juez ha pedido a la Fiscal¨ªa que informe sobre el asunto.