Regular el bien morir, tarea pendiente

"Desempleo", "mercado", "deuda", "cr¨¦dito": estas palabras dominan nuestras vidas y nos hacen olvidar otras que no podemos ni debemos desatender. Una de ellas es "muerte". La muerte es inseparable del hecho de la vida. Por eso, con crisis o sin crisis, conviene que nos ocupemos y preocupemos por tratar de que cuando nos alcance, lo haga de un modo plenamente humano, digno.

La sociedad espa?ola alumbr¨® este debate hace ya m¨¢s de 15 a?os, cuando vimos y o¨ªmos por primera vez a Ram¨®n Sampedro en la televisi¨®n. Y desde entonces, el debate no ha cesado. Por ello no podemos consentir que la crisis lo cercene. Andaluc¨ªa, con su Ley 2/2010, llamada "de muerte digna", tuvo el m¨¦rito incontestable de separar el debate en dos partes diferenciadas. Una tiene que ver con la regulaci¨®n de la eutanasia y el suicidio m¨¦dicamente asistido, hoy por hoy delitos tipificados por el C¨®digo Penal. La otra parte del debate tiene que ver con el resto de pr¨¢cticas sanitarias relacionadas con la atenci¨®n a la muerte, como los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor, la sedaci¨®n paliativa, el rechazo del tratamiento o la limitaci¨®n del esfuerzo terap¨¦utico.

El 60% de los espa?oles apoyar¨ªa la regulaci¨®n de la eutanasia, una parte de ellos, votantes del PP

La ley andaluza y sus clones navarro y aragon¨¦s tuvieron la valent¨ªa de separar ambas partes. Clarificaron de forma decisiva la primera parte, renunciando, como no pod¨ªa ser de otra manera por falta de competencia jur¨ªdica, a tratar de legitimarlas. Y regularon ampliamente la segunda, contribuyendo de forma decisiva a dotar a la ciudadan¨ªa de amplios derechos y garant¨ªas de respeto a su dignidad en el proceso de muerte.

El Ministerio de Sanidad de la pasada legislatura tard¨® demasiado en convencerse de que los comentarios despectivos hacia estas leyes auton¨®micas, que las tildaban de innecesarias, laxas o meramente propagandistas, proven¨ªan de sectores profesionales o grupos ideol¨®gicos m¨¢s inclinados a proteger sus propios intereses que los de los pacientes terminales y sus familias. Por su tardanza, el proyecto de ley estatal qued¨® embarrancado en el adelantado final de la legislatura. Pero el nuevo Gobierno no deber¨ªa dejarlo tirado ah¨ª. Los ciudadanos extreme?os, canarios o catalanes tienen que disfrutar de los mismos derechos y garant¨ªas que los andaluces, navarros o aragoneses.

Si, como sucedi¨® en Andaluc¨ªa, donde la ley se aprob¨® en el Parlamento auton¨®mico por unanimidad -salvo en tres art¨ªculos-, se consigue que primen los intereses generales sobre los partidistas, tramitar y aprobar una ley estatal ser¨ªa posible. Solo hace falta la voluntad pol¨ªtica del grupo mayoritario del Congreso. Los profesionales, los pacientes y sus familias se lo merecen. Una vez hecho esto quedar¨ªa entonces por abordar la otra parte del debate, la regulaci¨®n de la eutanasia y el suicidio asistido. Es cierto que esta s¨ª es una cuesti¨®n controvertida y en la que seguramente el Gobierno actual no desear¨¢ entrar por razones obvias. Pero no deber¨ªan olvidar que los estudios m¨¢s solventes se?alan que en torno al 60% de la poblaci¨®n espa?ola apoyar¨ªa la regulaci¨®n de la eutanasia. Una parte de ellos son, obviamente, votantes del Partido Popular.

Pablo Sim¨®n Lorda es m¨¦dico y profesor de la Escuela Andaluza de Salud P¨²blica.