Una guerra muy cara

Al concluir el quinto y pen¨²ltimo a?o del mandato de Felipe Calder¨®n como presidente de M¨¦xico, comienza el debate dentro y fuera del pa¨ªs sobre el juicio pol¨ªtico -en las urnas-, el juicio jur¨ªdico -ante tribunales externos- y el juicio moral -ante la historia- de su legado. Y ser¨¢ recordado, alabado o condenado por una sola vertiente de su gesti¨®n: la guerra contra el narcotr¨¢fico. Los tres juicios revisten aristas internas y externas dif¨ªciles de desentra?ar.

El juicio pol¨ªtico se dar¨¢ en los comicios presidenciales de julio del a?o entrante. La elecci¨®n ser¨¢ un refer¨¦ndum sobre los 12 a?os de Gobierno del partido de Calder¨®n (y de su predecesor, Vicente Fox), y en particular sobre los costos y resultados de su tema emblem¨¢tico y monotem¨¢tico: la lucha contra el mal. Por ahora, a pesar de encuestas que muestran que la popularidad de Calder¨®n solo se sit¨²a ligeramente por debajo de la de sus predecesores, y que la poblaci¨®n aprueba la participaci¨®n del Ej¨¦rcito en la guerra contra el narco, el PAN se encuentra unos 20 puntos porcentuales debajo del candidato pri¨ªsta, Enrique Pe?a Nieto, y apenas empatado con el candidato de izquierda Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Si el PRI logra impedir que la elecci¨®n se juegue sobre su regreso al poder, y si no se producen cambios notables en la guerra -una disminuci¨®n clara de la violencia, la captura de un verdadero capo narcotraficante- parece dif¨ªcil que en menos de siete meses Calder¨®n y quien resulte ser candidato del PAN remonten una desventaja tan grande. Ese ser¨¢ el juicio pol¨ªtico de los votantes.

La izquierda quiere que el fiscal de la CPI investigue las violaciones de derechos humanos

El Gobierno ganar¨¢ en los tribunales pero perder¨¢ el juicio pol¨ªtico en las urnas y el juicio moral

El juicio legal empieza con el prop¨®sito de distintos sectores de la izquierda mexicana de solicitarle al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Luis Moreno Ocampo, y a su colaborador, Baltasar Garz¨®n, que inicie un "an¨¢lisis preliminar" de las violaciones a los derechos humanos en M¨¦xico. En particular subrayan las casi 50.000 muertes ya ocurridas en este sexenio. Esta idea, adem¨¢s de estar condenada al fracaso, evidentemente, constituye una venganza o represalia por lo que ese sector del espectro pol¨ªtico nacional considera como el atropello de la elecci¨®n de 2006.

Por varias razones jur¨ªdicas no es veros¨ªmil la propuesta de llevar a Calder¨®n a la CPI: ninguno de los delitos que pudieran haber cometido corresponden a cr¨ªmenes por los que podr¨ªan ser juzgados all¨ª; no se puede argumentar que el sistema judicial mexicano sea "unwilling or unable" de determinar si se han cometido delitos y juzgarlos; y dif¨ªcilmente se evitar¨ªa un veto en el Consejo de Seguridad de la ONU por imputar a Felipe Calder¨®n, tal y como se hizo con Gadafi.

No obstante, el empe?o de los demandantes puede surtir un efecto pol¨ªtico: obligar a funcionarios del actual Gobierno a responder, a defenderse, en su caso a contratar abogados, y a someterse a la angustia que genera la posibilidad hipot¨¦tica de un juicio internacional alg¨²n d¨ªa en alguna parte. Es una pesadilla, sobre todo si se contempla la opci¨®n de residir fuera del pa¨ªs por un tiempo (como se rumorea en lo tocante al deseo del presidente Calder¨®n de ocupar un cargo ad hoc en la ONU sobre cambio clim¨¢tico).

Todo esto viene a colaci¨®n por el costo ya descomunal de la guerra. Aunque el Gobierno dej¨® de publicar cifras hace casi un a?o, la prensa mexicana entrega los llamados ejecut¨®metros cada semana; seg¨²n los m¨¢s fiables, habr¨ªamos llegado a casi 45.000 muertos al finalizar 2011. Ya nadie cree, ni siquiera el Gobierno, que el 90% de los mismos son asesinatos intranarcos. Seg¨²n el informe de Human Rights Watch divulgado en M¨¦xico el 9 de noviembre, de los 35.000 homicidios acontecidos en el pa¨ªs y vinculados al crimen organizado entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010, solo 1.000 habr¨ªan sido investigados por las autoridades federales; de estos solo hab¨ªa presuntos culpables detenidos en 330 casos, y ¨²nicamente 22 hab¨ªan sido sentenciados. Ante la pregunta de qui¨¦n ha investigado los otros 34.000 homicidios, funcionarios mexicanos reconocieron que eso le corresponde a las autoridades estatales, pero que en muchos casos no cuentan con la capacidad para hacerlo. La enumeraci¨®n de incidentes de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, la impunidad de los responsables de estos delitos, y el rechazo sistem¨¢tico del Gobierno a impulsar cambios para remediar esta situaci¨®n, empieza a crear una sombra que puede oscurecer el porvenir de muchas de las personas involucradas en estos actos. Como se?al¨® el director ejecutivo de Human Rights Watch en una entrevista al Financial Times: "Nadie acusa al presidente Calder¨®n de haber ordenado estos abusos, pero los est¨¢ tolerando gracias a una serie de pol¨ªticas equivocadas".

Aqu¨ª se juntan los elementos internos del juicio legal con los de ¨ªndole externa. Se trata de hechos ya lejanos, pero por desgracia todav¨ªa pertinentes: la demanda civil interpuesta contra el expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) por familiares de v¨ªctimas de la masacre de Acteal en diciembre de 1997, en un tribunal federal norteamericano en Connecticut, y que a¨²n no ha sido rechazada por el juez; m¨¢s a¨²n, Zedillo ya fue notificado formalmente de la demanda en su contra, ha contratado al bufete de abogados Wiggins and Dana y presentar¨¢ su recurso de nulidad en enero, para que sea descartada la reclamaci¨®n por 50 millones de d¨®lares. Los familiares invocaron dos leyes norteamericanas (la Alien Tort Claims Act y la Torture Victim Protection Act), as¨ª como la residencia real, aunque no jur¨ªdica, de Zedillo en Estados Unidos. El juez le dio hasta el 6 de enero de 2012 para presentar un recurso de nulidad por inmunidad diplom¨¢tica, y hasta marzo para solicitar el rechazo a la demanda por razones de procedimiento o de sustancia.

Es casi un hecho que Zedillo ganar¨¢ el juicio; el Gobierno de Obama le otorg¨® al expresidente de Colombia ?lvaro Uribe inmunidad como exjefe de Estado de un pa¨ªs aliado para fines de testimonio hace meses, y el caso de Zedillo se justifica mucho m¨¢s. Seg¨²n los documentos p¨²blicos del juzgado, el expresidente ya solicit¨® la inmunidad, y los jueces federales de EE UU suelen seguir las recomendaciones de Washington en esta materia. Pero entre que son peras o son manzanas, los abogados de los familiares de las v¨ªctimas ubicados en Miami le habr¨¢n hecho la vida muy dif¨ªcil al exmandatario. Es evidente la pertinencia del caso Acteal para los casos del Ej¨¦rcito, de los funcionarios civiles, y del propio Calder¨®n. Si algunos familiares de las v¨ªctimas de una masacre de 47 personas pudieron, al t¨¦rmino de 14 a?os, integrar finalmente un expediente, encontrar abogados y recursos (muchos en M¨¦xico se preguntan quien financia la operaci¨®n contra Zedillo) y presentar una demanda de 53 p¨¢ginas, ?qu¨¦ no podr¨¢n los familiares de m¨¢s de 50.000 v¨ªctimas en los primeros d¨ªas del siguiente sexenio? Si el entonces expresidente Felipe Calder¨®n, o los excomandantes del Ej¨¦rcito o los exresponsables de las polic¨ªas federales o estatales, buscan residir en EE UU, el universo de demandantes potenciales es demasiado extenso para que no vaya a suceder algo. La inmunidad diplom¨¢tica de Uribe puede ser extensible a Zedillo y a Calder¨®n, o puede no serlo.

Nadie dice que Calder¨®n, los militares o los funcionarios civiles deban ser juzgados por violaciones a los derechos humanos en tribunales internacionales, por no hablar de las cortes mexicanas. Esa eventualidad es remota o francamente imposible. Lo que no es improbable, o m¨¢s bien resulta casi seguro, es que por distintos motivos se generen intentos m¨¢s o menos responsables, m¨¢s o menos exitosos, de este tipo de juicios. As¨ª llegamos al juicio moral. Es imposible demostrar una tesis contra-factual: qu¨¦ hubiera sucedido si Calder¨®n no declara la guerra en diciembre de 2006, enviando al Ej¨¦rcito a Michoac¨¢n, a petici¨®n del entonces gobernador del Estado, seg¨²n fuentes cercanas al gobernador, sin que dicha solicitud jam¨¢s haya sido formulada en esos t¨¦rminos.

M¨¦xico ha pagado un costo enorme: casi 50.000 muertos, casi 50.000 millones de d¨®lares de gasto adicional en seguridad, violaciones cada vez m¨¢s numerosas a los derechos humanos, un desprestigio b¨¢rbaro del pa¨ªs en el mundo. Los resultados son magros: si la totalidad de las exportaciones de drogas desde M¨¦xico se dirigen a Estados Unidos, el informe de Monitoring the Future de diciembre de este a?o sobre el aumento vertiginoso del consumo de marihuana entre j¨®venes norteamericanos nos dice que todo esto ha sido en vano. ?Para qu¨¦ puso M¨¦xico tantos muertos, tanto dinero, tanto deterioro de su imagen? ?Para que en lugar de consumir coca¨ªna, los estadounidenses vuelvan a la marihuana, al ¨¦xtasis, a la hero¨ªna o las dem¨¢s drogas de dise?o? Es probable que el Gobierno de M¨¦xico sea condenado por las urnas en el juicio pol¨ªtico, gane el juicio legal, y pierda terriblemente el juicio moral. Es el peor de los juicios.

Jorge G. Casta?eda es analista pol¨ªtico y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Estados Unidos. Su m¨¢s reciente libro es Ma?ana o pasado. El misterio de los mexicanos.