La Junta amenaza con tomar medidas contra los alcaldes por la Dependencia

La Junta entrega el dinero a los Ayuntamientos. Los Ayuntamientos recurren a los servicios de empresas privadas. Y las empresas contratan a las trabajadoras que prestan la ayuda a domicilio a los dependientes. El sistema, ideado en tiempos de bonanza, funcionaba cuando en 2007 entr¨® en vigor la ley de Dependencia. Pero la cadena se ha roto cuando los Ayuntamientos han entrado en barrena por la crisis. Quienes lo est¨¢n pagando ahora son los empleados de asistencia domiciliaria, la gran mayor¨ªa mujeres, que sufren los retrasos de las n¨®minas. Los ¨²ltimos ejemplos conocidos son los de Armilla (Granada) y Jerez (C¨¢diz), donde las trabajadoras han recurrido a la huelga para denunciar que llevan meses sin cobrar.

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, reiter¨® ayer que la Junta est¨¢ "totalmente al d¨ªa en el pago del dinero a los Ayuntamientos". Amenaz¨® con tomar "medidas contundentes" contra los Ayuntamientos que empleen en otros menesteres el dinero que reciben para costear los servicios a domicilio. "La n¨®mina de un polic¨ªa municipal es igual de prioritaria que la de una trabajadora a domicilio", record¨® Navarro. UGT cree que este es ya un problema generalizado en Andaluc¨ªa. Seg¨²n el sindicato, el 80% de las empleadas de ayuda a domicilio sufren impagos o retrasos con sus salarios.El problema con los impagos tiene una soluci¨®n complicada. En la base del conflicto est¨¢ la delicada situaci¨®n econ¨®mica de los Consistorios, que ven c¨®mo sus ingresos siguen mermando y no pueden hacer frente a todos los pagos. Cuando llega cada dos meses el dinero de la Junta para costear la asistencia a domicilio, algunos Ayuntamientos lo acaban empleando para tapar otros agujeros. As¨ª lo explican la consejera Navarro y Antonio Mac¨ªas, secretario de Salud de UGT en Andaluc¨ªa.

Francisco Toscano, presidente de la Federaci¨®n Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), reconoci¨® ayer esta situaci¨®n: "Los Ayuntamientos tienen problemas de liquidez y tiran de los fondos que les llegan, y entre sus prioridades est¨¢ el pago de las n¨®minas de los trabajadores del Ayuntamiento". En un escal¨®n m¨¢s bajo de esa lista de prioridades de los alcaldes est¨¢ el pago a las empresas que subcontratan, entre ellas, las que prestan la ayuda a domicilio.

Esta pr¨¢ctica es legal gracias al principio de caja ¨²nica por el que las Administraciones tienen autonom¨ªa para organizar sus pagos, seg¨²n se?al¨® Toscano. "No es ilegal, pero s¨ª irregular", a?adi¨® Micaela Navarro.

La Junta de Andaluc¨ªa -en colaboraci¨®n con la FAMP, seg¨²n Navarro- modific¨® la normativa para que los Ayuntamientos tengan que certificar que el dinero que han recibido para la aplicaci¨®n de la ley de Dependencia se acababa empleando para ello. Es el tesorero de cada Consistorio el que debe encargarse de esta certificaci¨®n. Si no se cumple, la Junta puede bloquear los siguientes pagos, detall¨® Navarro.

Sin embargo, la consejera reconoci¨® ayer que esta norma "no se ha aplicado hasta ahora a rajatabla" a pesar de que los problemas con los impagos a las trabajadoras se arrastran desde hace meses. Por ejemplo, las empleadas de Ja¨¦n capital tambi¨¦n convocaron en septiembre una huelga por los impagos.

La Junta decidi¨® dar una tregua a los Ayuntamientos tras las ¨²ltimas municipales, que implicaron bastantes cambios de gobierno en los municipios. "Si la din¨¢mica [de impagos] va a seguir siendo la misma tomaremos medidas contundentes", anunci¨® Navarro. "La Junta est¨¢ haciendo esfuerzos sobrehumanos por transferir los fondos, que est¨¢n sufragando otras prioridades".

La medida m¨¢s contundente ser¨ªa bloquear los pagos. Pero la consejer¨ªa tambi¨¦n teme que el remedio pueda ser peor que la enfermedad. "El bloqueo puede implicar que las empresas despidan a los trabajadores", reconoci¨® Navarro. Por su parte, Toscano anunci¨® su rechazo a una posible paralizaci¨®n de las transferencias por parte de la Junta: "Ser¨ªa el primero en oponerme, los Ayuntamientos no podemos ser meros intermediarios".

Para Antonio Mac¨ªas, de UGT, la ¨²nica soluci¨®n ser¨ªa que los fondos que se transfieran tuvieran verdadero car¨¢cter finalista, es decir, que solo se pudieran emplear para pagar a las contratas de ayuda a domicilio. Pero esta salida tiene un complicado encaje legal.