La Junta aprueba el decreto para regularizar 250.000 casas ilegales
La norma permitir¨¢ que las viviendas reciban un "reconocimiento" jur¨ªdico
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa aprob¨® ayer el decreto que persigue la regularizaci¨®n de miles de casas que se han levantado de forma ilegal en suelos no urbanizables durante las ¨²ltimas d¨¦cadas. La norma abre la puerta al "reconocimiento" de las casas, una figura legal que les permitir¨ªa salir del limbo jur¨ªdico en el que est¨¢n envueltas y acceder legalmente, por ejemplo, al suministro de agua y luz. "Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas", explic¨® ayer la consejera de Obras P¨²blicas, Josefina Cruz Villal¨®n.
El Gobierno regional desconoce el n¨²mero exacto de edificaciones que se ver¨¢n afectadas por el decreto. La consejer¨ªa dispone de algunos censos parciales de determinadas comarcas y de estimaciones. Gloria Vega Gonz¨¢lez, secretar¨ªa general de Ordenaci¨®n del Territorio y Urbanismo, se?al¨® ayer que la Junta estima que en Andaluc¨ªa hay entre 300.000 y 350.000 viviendas irregulares aisladas. Alrededor de un 10%, a?adi¨® Vega, nunca podr¨¢n legalizarse, bien porque est¨¢n en suelos protegidos o zonas inundables, bien porque el delito urban¨ªstico no ha prescrito. Otro 10% s¨ª pueden ser legalizables con el planeamiento actual. En el 80% restante -es decir, entre 200.000 y 250.000 edificaciones- el delito ha prescrito y, aunque nunca podr¨¢n ser legales por estar en suelo no urbanizable, los Ayuntamientos podr¨¢n otorgarles un "reconocimiento" jur¨ªdico como "asimiladas a fuera de ordenamiento". El decreto aprobado ayer introduce novedades fundamentalmente en este ¨²ltimo caso. Gracias a la nueva norma los propietarios podr¨¢n inscribir las edificaciones en el Registro de la Propiedad, con lo que ganan en seguridad jur¨ªdica, y las compa?¨ªas suministradoras podr¨¢n darles acceso a agua y luz con todas las de la ley.
"No pueden ser demolidas ni legalizadas", afirma Josefina Cruz
Josefina Cruz Villal¨®n insisti¨® ayer en que todos los gastos que se deriven de la aplicaci¨®n del decreto tendr¨¢n que ser asumidos por los propietarios. Por ejemplo, los Ayuntamientos podr¨¢n imponer una tasa para que los due?os de las viviendas corran con los gastos de tramitaci¨®n para obtener el "reconocimiento".
La consejera record¨® que ya hay Ayuntamientos andaluces que llevan a?os aplicando medidas similares, pero en el caso de las parcelaciones o urbanizaciones ilegales, donde se les permite regularizar su situaci¨®n siempre que los due?os corran con los gastos de urbanizaci¨®n y acondicionamiento de la zona.
La norma aprobada ayer fija como punto de partida la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa (LOUA), que prev¨¦ la prescripci¨®n de los delitos urban¨ªsticos a los cuatro a?os. Esa l¨ªnea ser¨¢ la que marque el destino de las casas que se han levantado en zonas no urbanizables para lograr el reconocimiento jur¨ªdico.
"El decreto no es una norma de regularizaci¨®n indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situaci¨®n", se?al¨® ayer la consejera andaluza. "El decreto supone un ejercicio para adaptar la realidad f¨ªsica a la jur¨ªdica", a?adi¨®.
La aprobaci¨®n de esta norma cosech¨® ayer cr¨ªticas. Por un lado, las organizaciones ecologistas consideraron un "error" la regularizaci¨®n. En opini¨®n de WWF y Ecologistas en Acci¨®n, la Junta lanza el mensaje de que existen leyes que "no es necesario cumplir, pues luego vendr¨¢ la Administraci¨®n p¨²blica para resolver el problema creado al respecto".
Para el PP, sin embargo, la norma se queda corta ya que las casas que son ilegales "van a seguir siendo ilegales". Los populares acusaron a la Junta de "lavarse las manos y enga?ar a la ciudadan¨ªa". La portavoz de Vivienda del PP andaluz, Alicia Mart¨ªnez, concluy¨® que el decreto es "demasiado complejo, ambiguo y contradictorio", inform¨® Efe.
Cambios en el registro de VPO
El Consejo de Gobierno tambi¨¦n aprob¨® ayer el nuevo reglamento de los registros p¨²blicos municipales de demandantes de vivienda protegida, una norma que permitir¨¢ a los adjudicatarios rechazar una VPO por motivos como el paro sobrevenido o la falta de financiaci¨®n hipotecaria del beneficiario. Tambi¨¦n se podr¨¢ rechazar si el inmueble no se ajusta a las nuevas circunstancias familiares del adjudicatario.
Estas renuncias no se considerar¨¢n voluntarias y, por tanto, se les podr¨¢ ofertar con posterioridad una vivienda sin tener que participar en otro procedimiento de selecci¨®n.
El reglamento, seg¨²n inform¨® la Junta, facilita tambi¨¦n la inscripci¨®n a demandantes que necesiten una casa por motivos justificados, pese a ser propietarios de otra vivienda libre o protegida o inquilinos de una VPO en r¨¦gimen de arrendamiento. Entre los motivos que se fijan en el reglamento estar¨ªa el aumento de la composici¨®n familiar, una discapacidad que implique movilidad reducida o una situaci¨®n de dependencia sobrevenida, se?al¨® el Gobierno regional tras el Consejo de Gobierno. Para poder firmar el contrato de la nueva casa, los beneficiados tendr¨¢n que transmitir antes el inmueble en propiedad.
La norma tambi¨¦n ampl¨ªa el concepto y los modelos de unidad familiar, para que dentro de esta denominaci¨®n tambi¨¦n se incluya a personas dependientes, al margen de la relaci¨®n de parentesco que mantengan. En el caso de custodia compartida, se autoriza a ambos padres la inscripci¨®n del menor en sus solicitudes.
El reglamento permite mayor libertad a los municipios para elegir otros procedimientos de selecci¨®n de solicitantes, adem¨¢s de los m¨¢s comunes de baremaci¨®n, sorteo y antig¨¹edad, "siempre que se respeten los principios de igualdad y publicidad", seg¨²n apunt¨® la Junta.
Casas ilegales
- La Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas y Vivienda estima que en Andaluc¨ªa hay entre 300.000 y 350.000 edificaciones aisladas que se han levantado en zonas no urbanizables.
- Seg¨²n la Junta, un 10% no pueden ser legales. La mitad, m¨¢s o menos, nunca podr¨¢n tener una salida legal debido a que est¨¢n en zonas protegidas o inundables. Otro 10% s¨ª pueden ser legalizadas ya que se ajustan al planeamiento urbano de los Ayuntamientos.
- El 80% restante (entre 200.000 y 250.000 casas) son las que pueden acogerse a la figura de 2reconocimiento" prevista en el decreto aprobado ayer.
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