El borrador atribuye responsabilidades pol¨ªticas a varios excargos del PNV
Pide recuperar el dinero que la trama cobr¨® por los contratos irregulares en Cultura
Hay responsabilidades pol¨ªticas en la presunta trama de corrupci¨®n del caso De Miguel. As¨ª lo concluye el borrador del dictamen elaborado por Juanjo Agirrezabala, el presidente de la comisi¨®n del Parlamento vasco que investig¨® lo ocurrido, y que se?ala a varios excargos p¨²blicos nombrados por el PNV. Queda por ver lo que ocurrir¨¢ en la fase de enmiendas de los dem¨¢s partidos, que tienen hasta 2 de marzo para presentarlas. El objetivo es que el texto final sea aprobado el d¨ªa 12 para ser elevado a pleno a finales del citado mes.
El texto, al que ha tenido acceso este diario, considera que las irregularidades investigadas son pol¨ªticamente censurables tanto en el caso de los 200.000 euros que el Departamento de Cultura pag¨® por contratos de los que no consta su realizaci¨®n, como en el de m¨¢s de 400.000 euros adjudicado a dedo en el parque tecnol¨®gico de Mi?ano, que vulner¨® la normativa vigente. En el primer caso, el principal se?alado es el entonces director de Juventud, Xabier S¨¢nchez Robles, amigo y compa?ero de partido de los propietarios de las empresas beneficiadas -los exdirigentes del PNV Alfredo De Miguel, Aitor Teller¨ªa y Koldo Ochandiano, as¨ª como el exedil en Leioa I?aki San Juan-. El borrador tambi¨¦n reprocha la falta de vigilancia, debido tal vez a un "exceso de confianza" del entonces viceconsejero de Cultura, Gurutz Larra?aga.
Sobre el director de Juventud: "O actu¨® con negligencia o en connivencia"
Censura al consejo de Sprilur por hacer "dejaci¨®n de sus funciones"
En Mi?ano, apunta como responsables a los entonces director del parque, Alfonso Arriola, y presidente de la Red de Parques Tecnol¨®gicos de Euskadi, Juli¨¢n S¨¢nchez Alegr¨ªa. En el caso de otro contrato, concedido Stoa, las responsabilidades llegan tambi¨¦n a Ochandiano, entonces director financiero de Mi?ano y la directora t¨¦cnico, Miren Bilbao. Todos est¨¢n imputados en la causa instruida por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Vitoria.
El borrador hace suyas las conclusiones de la comisi¨®n de Juntas Generales que indag¨® sobre la recalificaci¨®n de terrenos en Zambrana, investigada por pago de comisiones ilegales, que se?alaba al PNV alav¨¦s como nexo com¨²n de una trama que insisti¨® en sacar adelante contra viento y marea la operaci¨®n con De Miguel a la cabeza.
En Santurtzi, donde una compra de terrenos de la entidad p¨²blica Sprilur caus¨® un perjuicio de 3,1 millones de euros a las arcas p¨²blicas, el texto se?ala claramente al entonces director de la entidad, Antton Zubiaurre, imputado, como principal responsable. Y acusa al consejo de administraci¨®n de Sprilur, cuando era presidido por Mauri Lazkano de hacer "dejaci¨®n de sus funciones" al permitir un "exceso de poder" concentrado en el director.
Sobre lo ocurrido en el Departamento de Cultura, el borrador ve posible la existencia de un delito de tr¨¢fico de influencias que la justicia ya est¨¢ investigando. Afirma que S¨¢nchez Robles "dio el visto bueno a facturas sin la comprobaci¨®n previa necesaria, lo cual conduce a una disyuntiva clara: o actu¨® con negligencia o lo hizo en connivencia con las empresas". Y a?ade que la actuaci¨®n "ha supuesto un perjuicio econ¨®mico para las arcas publicas".
La comisi¨®n propone poner en marcha "los procedimientos legales pertinentes para recuperar los fondos p¨²blicos" abonados. Plantea que la oficina de Control Econ¨®mico del Gobierno extreme su control sobre los contratos menores.
Adem¨¢s, propone "establecer un protocolo de actuaci¨®n" para regular los viajes de los directores, consejeros y viceconsejeros". Si esto sale adelante, los altos cargos tendr¨ªan que pedir autorizaci¨®n y justificar el gasto con la elaboraci¨®n de una memoria a posteriori.
Interior, al margen de las cr¨ªticas
En la l¨ªnea n¨²mero dos investigada por la comisi¨®n del Parlamento vasco, el presunto espionaje pol¨ªtico conocido como caso Teller¨ªa, el texto elaborado por su presidente, Juanjo Agirrezabala, considera verdadera la tesis de que "dos agentes de la Ertzaintza, adscritos a la Unidad de Investigaci¨®n y An¨¢lisis (UIA), acordaron colaborar con [Aitor] Teller¨ªa para transmitirle informaci¨®n a la que pod¨ªan acceder en el ejercicio de su profesi¨®n" sobre pol¨ªticos, empresarios y personas vinculadas al CNI. Tambi¨¦n recuerda que Teller¨ªa era el responsable de gestionar los an¨®nimos que llegaban al PNV alav¨¦s.
El borrador libera de cualquier responsabilidad a la c¨²pula de entonces en la Ertzaintza y el Departamento de Interior. "Nada permite afirmar que la responsabilidad de la actuaci¨®n investigada pueda ir m¨¢s all¨¢ de las tres personas imputadas", resaltan las conclusiones. El presidente quiere no obstante reforzar el control parlamentario sobre la heredera de la UIA, la Divisi¨®n Antiterrorista e Informaci¨®n, para que informe de forma peri¨®dica de su organizaci¨®n y del funcionamiento interno para "mejorar su transparencia".
Agirrezabala desea que el Departamento de Interior "establezca criterios objetivos para regular y ordenar el acceso a la divisi¨®n Antiterrorista y de Informaci¨®n" frente al sistema de libre designaci¨®n actual. El texto no menciona el hecho de que uno de los agentes imputados ten¨ªa el carn¨¦ del PNV.
Reproches a ?lava y Bizkaia
A lo largo de las 68 p¨¢ginas del borrador del dictamen que servir¨¢ de punto de partida para un debate de enmiendas que anuncia acalorado, no faltan cr¨ªticas a la actuaci¨®n de las Diputaciones de ?lava y Bizkaia, que se negaron a facilitar informaci¨®n fiscal sobre varias de las empresas investigadas argumentando que no hab¨ªa base legal para ello. A pesar de que los servicios jur¨ªdicos de la C¨¢mara vasca insistieron en que los entes forales ten¨ªan la obligaci¨®n de colaborar, PP y PSE tuvieron que impulsar cambios normativos en las distintas Juntas Generales para que los datos terminaran llegando a tiempo para ser utilizados en la investigaci¨®n.
En el relato de los hechos realizado tambi¨¦n queda en evidencia que el nexo com¨²n de la trama, investigada por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero Cuatro de Vitoria, era su pertenencia y su cercan¨ªa al PNV.
En paralelo, el frente judicial llega ya a la veintena sumando los de la presunta corrupci¨®n y los del supuesto espionaje pol¨ªtico. El juez instructor del caso Teller¨ªa, Roberto Ramos, ya ha ordenado la apertura del juicio oral. Todo est¨¢ pendiente de que se aclare si la Audiencia Provincial de ?lava opta por juzgarlo o si prefiere dejarlo en manos de un juzgado de lo Penal. En este ¨²ltimo caso, es probable que la Fiscal¨ªa interponga un recurso de casaci¨®n ante el Supremo que alargar¨ªa varios meses la espera.
La causa por la presunta corrupci¨®n, por su parte, sigue en fase de instrucci¨®n.
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