El Constitucional declara "ileg¨ªtimo" el uso de c¨¢mara oculta

El Tribunal Constitucional dict¨® ayer una sentencia que puede suponer el adi¨®s al uso de la c¨¢mara oculta en el ¨¢mbito period¨ªstico. La sala primera del alto tribunal considera "ileg¨ªtimo" el uso de estos dispositivos y los declara constitucionalmente prohibidos, aun cuando la informaci¨®n que se obtenga con ellos sea de relevancia p¨²blica. La utilizaci¨®n de estas c¨¢maras, dice, se basa en un "enga?o o ardid" que el periodista despliega simulando una identidad oportuna seg¨²n el contexto, para provocar y registrar "subrepticiamente" declaraciones que quiz¨¢ no hubiera logrado al presentarse con su verdadera identidad. Para el Constitucional, el car¨¢cter oculto de esa t¨¦cnica de investigaci¨®n period¨ªstica supone una vulneraci¨®n del derecho a la propia imagen y a la intimidad personal. Una decisi¨®n "grave" para los profesionales, que alertan de su repercusi¨®n en el periodismo de investigaci¨®n de calidad.

El fallo prima el derecho a la imagen y a la intimidad al de informaci¨®n

El alto tribunal no diferencia el tipo de exclusiva lograda con este m¨¦todo

El alto tribunal se pronuncia contra el recurso de amparo interpuesto por Canal Mundo Producciones Audiovisuales y la Televisi¨®n Auton¨®mica Valenciana. Ambos fueron condenados en 2009 por el Tribunal Supremo a indemnizar con 30.000 euros a una esteticista, por grabarla con c¨¢mara oculta (el primero) en su consulta privada -la periodista que lo hizo se present¨® como una paciente- y difundir despu¨¦s (el segundo) esas im¨¢genes en un programa en el que se habl¨® de falsos profesionales en el mundo de la salud.

Es la primera vez que el Constitucional se pronuncia sobre un m¨¦todo, el de la c¨¢mara oculta, en auge. Y lo hace para zanjar un ¨¢lgido debate, el de la colisi¨®n entre el derecho a la intimidad y el de la libertad de informaci¨®n. Su conclusi¨®n es rotunda. Considera que es precisamente ese car¨¢cter oculto de la t¨¦cnica lo que la convierte en ileg¨ªtima. "Aun cuando la informaci¨®n hubiera sido de relevancia p¨²blica, los t¨¦rminos en que se obtuvo y registr¨®, mediante c¨¢mara oculta, constituyen una ileg¨ªtima intromisi¨®n en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen".

Destaca, adem¨¢s, que ese sistema -que se usa "para poder acceder a un ¨¢mbito reservado de la persona afectada con la finalidad de grabar su comportamiento"- impide que el filmado "pueda ejercer su leg¨ªtimo poder de exclusi¨®n frente a dicha grabaci¨®n, oponi¨¦ndose a su realizaci¨®n y posterior publicaci¨®n".

Un punto relevante para Marc Carrillo, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, que explica que esa ausencia de consentimiento previo "impide a la persona disponer de una expectativa razonable de que no ser¨¢ escuchado y visto". El periodista aqu¨ª, dice, "hace un ejercicio desorbitado y desproporcionado para obtener informaci¨®n". "La sentencia tiene una finalidad garantista de los derechos a la intimidad y a la propia imagen, frente al uso con finalidades espurias, propias del amarillismo period¨ªstico", considera. El catedr¨¢tico destaca adem¨¢s, como lo hace el Constitucional, que las im¨¢genes fueron tomadas en el despacho de la profesional, un espacio en el que el titular aspira a que sus derechos a la intimidad y a no ver reproducida su imagen sean respetados.

Para los profesionales, sin embargo, la sentencia no es tan positiva. Elsa Gonz¨¢lez, presidenta de la Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (Fape), cree que la decisi¨®n del Constitucional afectar¨¢ de manera muy grave al sector. "Es un verdadero hachazo al periodismo de investigaci¨®n", dice. Gonz¨¢lez reconoce que estos m¨¦todos se han usado a veces de forma "banal" y "abusiva", pero critica que el tribunal no diferencie entre los distintos usos que pueden tener. "Si se aplica la sentencia, gran parte de las denuncias de reportajes con c¨¢mara oculta para denunciar a c¨¢rteles de la droga, sobornos o mafias de trata de mujeres no se hubieran hecho", a?ade.

La sentencia del Constitucional, sin embargo, habla de un caso en el que la c¨¢mara se us¨® en un ¨¢mbito considerado parte de la vida privada. Cabe preguntarse si se hubiera mantenido como "ileg¨ªtimo" el uso de estos dispositivos en escenarios p¨²blicos.