La Fiscal¨ªa estudia la informaci¨®n intervenida en 50 empresas de N¨²?ez
El registro emprendido ayer a instancias de Anticorrupci¨®n se prolong¨® durante 18 horas
El juzgado de Instrucci¨®n 33 de Barcelona, a instancias de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, orden¨® ayer el registro de las oficinas y del domicilio de Josep Llu¨ªs N¨²?ez y de otros dos ejecutivos de la empresa, as¨ª como de la sede de la inmobiliaria Ibusa, propiedad del ex dirigente de Alianza Popular Eduardo Bueno, en relaci¨®n con la supuesta corrupci¨®n en la Delegaci¨®n de Hacienda en Catalu?a.
En esta causa est¨¢n implicadas m¨¢s de una veintena de personas, entre ellas dos ex altos cargos de la Delegaci¨®n -Jos¨¦ Mar¨ªa Huguet y Ernesto Aguiar- y varios inspectores de Hacienda, abogados -como Juan Jos¨¦ Folchi-, asesores fiscales, agentes de bolsa y "testaferros".
El primer objetivo de los registros, a partir de nuevos datos recopilados por la Fiscal¨ªa, era comprobar si hubo connivencia entre el grupo N¨²?ez y los inspectores fiscales Jos¨¦ Lucas Carrasco y Manuel Abella. Ambos inspectores est¨¢n acusados de dar un trato de favor fiscal a las empresas N¨²?ez-Seteinsa e Ibusa, adem¨¢s de facilitar a estos contribuyentes "informaci¨®n reservada de gran valor".
Fuentes judiciales han explicado que los agentes que registraron las oficinas de N¨²?ez revisaron miles de documentos y se incautaron de tres cajas-archivadores con documentos
y disquetes de ordenador.
Tambi¨¦n se registr¨® el domicilio particular de N¨²?ez porque figura como sede social de varias de sus empresas, y por el mismo motivo los agentes entraron en las casas de dos ejecutivos de la compa?¨ªa, uno de ellos el representante legal del grupo.
N¨²?ez, "molesto"
Juan Piqu¨¦ Vidal, abogado de N¨²?ez, ha asegurado que el constructor est¨¢ "molesto" por el registro, aunque lo ha aceptado con resignaci¨®n. Tambi¨¦n se ha quejado de que Hacienda le debe 2.000 millones por devoluciones de IVA.
El auto judicial que autoriza el registro justifica que el grupo deb¨ªa conservar la documentaci¨®n contable buscada porque las empresas constructoras son responsables de las obras durante un decenio ante posibles defectos y ello les obliga a guardarla.
Seg¨²n datos de la fiscal¨ªa anticorrupci¨®n, el Servicio de Auditor¨ªa Interna de la Agencia Tributaria analiz¨® 119 actuaciones sobre 49 empresas del grupo N¨²?ez-Seteinsa, que dieron origen a 275 actas de inspecci¨®n, de las que la gran mayor¨ªa, 265, fueron tramitadas por el propio Abella.
Al respecto, dice la querella de la fiscal¨ªa que Abella, que fiscaliz¨® al grupo N¨²?ez entre 1992 y 1998, "inspeccion¨® algunas de sus sociedades personalmente y en un margen de tiempo tan breve en el que dif¨ªcilmente se consigue ni siquiera leer la abundante informaci¨®n requerida al contribuyente".
Por ello, Anticorrupci¨®n cree que Abella "con el conocimiento y la colaboraci¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa Huguet y Roger Bergua -sus superiores jer¨¢rquicos- se concert¨® con los representantes del Grupo N¨²?ez, a los que cit¨® para inspecci¨®n, a conveniencia de aquellos, sin que realizase ninguna actuaci¨®n efectiva de comprobaci¨®n fiscal".
Se da la circunstancia de que en 1994 N¨²?ez y Navarro vendi¨® al inspector fiscal un exclusivo d¨²plex en la zona alta de Barcelona a mitad de precio de mercado -86'3 millones-, seg¨²n la Fiscal¨ªa.
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