La UPA denuncia a las petroleras ante la Audiencia por fijar precios

La Uni¨®n de Peque?os Agricultores (UPA) present¨® ayer en la Audiencia Nacional una denuncia contra las petroleras y la asociaci¨®n que las agrupa por alterar el precio de venta de los carburantes e impedir la libre competencia mediante enga?o y uso de informaci¨®n privilegiada. Mientras, el fiscal del Estado, Jes¨²s Cardenal, ratific¨® su veto a la presentaci¨®n de una querella de Anticorrupci¨®n contra las petroleras.

La UPA ha presentado su denuncia como consecuencia del acuerdo alcanzado hace unas semanas por la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, tras la decisi¨®n del fiscal general del Estado de paralizar el proceso abierto durante los ¨²ltimos dos a?os por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para analizar el precio de los carburantes.

Precisamente ayer, Cardenal envi¨® al fiscal jefe Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, un escrito de 16 folios en el que le reitera su prohibici¨®n de presentar una querella contra Repsol y Cepsa. En su escrito, el fiscal del Estado insiste en que los hechos descritos por Anticorrupci¨®n 'no son constitutivos de delito'. Cardenal justifica su decisi¨®n en que el Tribunal de Defensa de la Competencia no hall¨® indicios de delito en las resoluciones que impusieron sendas multas de 500 millones de pesetas (tres millones de euros) a Repsol y 200 millones (1,2 millones de euros) a Cepsa por pr¨¢cticas restrictivas de la competencia.

A juicio de Cardenal, el proyecto de querella de Jim¨¦nez Villarejo 'no expone con claridad' que las pr¨¢cticas restrictivas de la libre competencia atribuibles a Repsol y Cepsa se hayan llevado a cabo empleando ninguno de los medios del art¨ªculo 284 del C¨®digo Penal: difusi¨®n de noticias falsas, empleo de violencia, amenaza o enga?o o la utilizaci¨®n de informaci¨®n provilegiada. Cardenal concluye: 'La fiscal¨ªa general no otorga su conformidad para la interposici¨®n de ese concreto proyecto de querella remitido por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n'. Fuentes de Repsol y Cepsa se?alaron que la decisi¨®n del fiscal general del Estado confirma que no han pactado precios.

Respecto a la denuncia de UPA, la organizaci¨®n pretende que no se pierda el trabajo ya realizado por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, seg¨²n explic¨® ayer su secretario general, Fernando Moraleda, y reclama que la Audiencia Nacional requiera las diligencias de la fiscal¨ªa, as¨ª como los expedientes del Tribunal de Defensa de la Competencia a Repsol y Cepsa.

Los argumentos jur¨ªdicos de la denuncia de UPA hacen referencia a todas las normas (desde la Constituci¨®n a las leyes espec¨ªficas) relativas al funcionamiento del libre mercado. Los promotores de la denuncia dan por constatado que las empresas denunciadas, a trav¨¦s del enga?o permanente y el uso de informaci¨®n privilegiada que s¨®lo ellas pod¨ªan disponer, han producido graves perjuicios ileg¨ªtimos a los consumidores en general y a los peque?os agricultores y ganaderos en particular.

Los argumentos se centran en el comportamiento del precio de los carburantes, que evidencia una evoluci¨®n desigual de los precios del petr¨®leo y los carburantes al p¨²blico entre febrero de 2000 y marzo de 2002. La UPA afirma que, pese a existir 30 operadores autorizados en el mercado espa?ol, los tres principales (Repsol, Cepsa y BP) controlan una cuota del 80%.