Bruselas exige a Izar la devoluci¨®n de 308,3 millones de euros en ayudas p¨²blicas
Almunia asegura que los comisarios entienden las consecuencias, pero que "las normas se cumplen"
La Comisi¨®n Europea declar¨® hoy contraria a las normas comunitarias una ayuda de 500 millones de euros concedida por la SEPI a los astilleros de Izar, y pide que se reembolsen los 308,3 millones que a¨²n no han sido devueltos. Bruselas admite que las consecuencias de esta decisi¨®n pueden ser muy graves para los astilleros p¨²blicos espa?oles, pero remite a las quejas de otras compa?¨ªas del sector que no disfrutaron de financiaci¨®n extra.
El Ejecutivo comunitario consider¨®, en su decisi¨®n final, que la ayuda de 500 millones de euros otorgada por la SEPI a los astilleros p¨²blicos civiles, en la actualidad propiedad de Izar, entre 1999 y 2000 "no se atiene a las normas comunitarias sobre ayudas estatales a la construcci¨®n naval", seg¨²n un comunicado. Puesto que ya se han devuelto a la SEPI pr¨¦stamos por un total de 192,1 millones, la suma a reembolsar ser¨¢ de 308,3 millones de euros a los que se a?adir¨¢n los intereses correspondientes.
Seg¨²n Bruselas, la ayuda a los astilleros adopt¨® diversas formas: aportaci¨®n de capital, pr¨¦stamos y un precio de compra superior al valor de mercado. Para la Comisi¨®n, esa subvenci¨®n de 500 millones constituye "una nueva ayuda estatal que, despu¨¦s de la aprobaci¨®n de un paquete de reestructuraci¨®n final ya no puede aprobarse en virtud de las normas relativas a las ayudas a la construcci¨®n naval de la UE".
La decisi¨®n de Bruselas se refiere a varias transacciones realizadas entre 1999 y 2000 en las que participaron la SEPI y sus filiales Astilleros Espa?oles (AESA), el anterior consorcio estatal de los astilleros p¨²blicos, y Baz¨¢n, el grupo militar de construcci¨®n naval. La Comisi¨®n Europea "sospech¨® que estas transacciones pod¨ªan encubrir una ayuda estatal" por lo que inici¨® un procedimiento formal de examen en julio de 2000, que ampl¨ªo en noviembre de 2001 y mayo de 2003.
Tres transacciones
Sobre la base de los hechos que se han establecido durante el procedimiento de examen, la Comisi¨®n Europea concluy¨® que la SEPI realiz¨® tres transacciones con las que se concedieron nuevas ayudas estatales a los astilleros p¨²blicos espa?oles. La primera fue un sobreprecio de compra pagado por la SEPI cuando AESA le vendi¨® tres astilleros en 1999, pues seg¨²n los c¨¢lculos de Bruselas el precio de compra "inclu¨ªa un componente de ayuda" de 55,9 millones de euros, que "benefici¨® al resto de los astilleros civiles a¨²n propiedad de AESA".
La segunda ayuda fue un pr¨¦stamo de la SEPI de 1999 por valor de 192,1 millones de euros a tres astilleros, que ya ha sido devuelto, y la tercera, una aportaci¨®n de capital de 252,4 millones a AESA en 2000, que se destinaron a los restantes astilleros civiles de AESA. El Ejecutivo comunitario se?al¨® que "dado que tras el paquete de reestructuraci¨®n final de 1997 los astilleros espa?oles no pueden optar a una ayuda a la reestructuraci¨®n y puesto que ninguna de las medidas de ayudas descritas anteriormente puede aprobarse en virtud de la normativa sobre ayudas estatales, la ayuda antes referida debe recuperarse".
En 2000 se devolvi¨® el pr¨¦stamo de 192,1 millones de euros a la SEPI, por lo que la suma que debe ser reembolsada asciende a 308,3 millones de euros m¨¢s los intereses.
Decisi¨®n "perjudicial"
La Comisi¨®n Europea "es consciente de que las consecuencias de esta decisi¨®n pueden ser graves para los astilleros p¨²blicos espa?oles y sus trabajadores". Sin embargo, Bruselas ha recibido "numerosas reclamaciones de astilleros de otros Estados miembros de la UE e incluso de competidores espa?oles".
En este sentido, varios de los denunciantes sostienen que "las p¨¦rdidas de puestos de trabajo ya se han producido en sus empresas como consecuencia de la presunta ayuda estatal ilegal proporcionada a los astilleros espa?oles p¨²blicos durante los ¨²ltimos a?os".
El responsable europeo de Asuntos Econ¨®micos y Monetarios, el espa?ol Joaqu¨ªn Almunia, ha admitido que el colegio de comisarios tuvo "un alto de grado de comprensi¨®n" sobre las consecuencias sociales de su decisi¨®n sobre Izar, pero record¨® que "las reglas est¨¢n para cumplirse".
Un grupo de trabajo estudiar¨¢ el futuro de los astilleros
Por otra parte, el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda ha anunciado que ma?ana mismo crear¨¢ un grupo de trabajo, formado por la SEPI y los ministerios de Econom¨ªa, Industria, Trabajo y y Defensa, que tendr¨¢ que elaborar en un mes una estrategia de actuaci¨®n que garantice el futuro del grupo p¨²blico. El objetivo del Ejecutivo es lograr "una empresa futura, econ¨®micamente viable y con una dimensi¨®n adecuada, siempre dentro de los l¨ªmites que marca la legislaci¨®n comunitaria", detall¨® hoy Econom¨ªa. Para ello, el Gobierno har¨¢ frente al problema de Izar desde una perspectiva "financiera, laboral y regional".
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