El Supremo indemniza a un imputado de Gescartera por despido improcedente

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha fallado hoy a favor de que uno de los apoderados de Gescartera, Javier Sierra de la Flor, cobre una indemnizaci¨®n de 88.997 euros por un retraso en el pago de salarios por parte de la sociedad de valores, intervenida en el 2001.

El Tribunal Supremo desestima en su resoluci¨®n el recurso de casaci¨®n que interpuso el Fondo de Garant¨ªa Salarial (Fogasa) contra otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que tanto Gescartera como Fogasa fueron condenados a pagar esta indemnizaci¨®n.

Seg¨²n el Supremo, el apoderado de Gescartera intent¨® acordar el 12 de noviembre del 2001 con la sociedad de valores el fin de su contrato, despu¨¦s de haber dejado de trabajar el d¨ªa 20 de julio del 2001, cuando fueron precintadas por orden judicial las instalaciones de la empresa.

La sentencia del TS refleja que Javier Sierra de la Flor "fue obligado a desalojar su puesto de trabajo" y ha permanecido, desde entonces, "sin ocupaci¨®n efectiva", "sin percibir salario alguno" y sin haber recibido siquiera "un despido t¨¢cito".

Los hechos "permiten pensar en la posibilidad de que el empresario -que seg¨²n los autos estaba en la c¨¢rcel- no s¨®lo no le hubiera manifestado su voluntad de extinguir el contrato sino su esperanza de reanudar la actividad empresarial", dice la resoluci¨®n.

En un primer momento, el Juzgado de lo Social n¨²mero 34 de Madrid desestim¨® la demanda de Sierra de la Flor, que posteriormente consigui¨® una sentencia favorable a sus intereses en un recurso de s¨²plica ante el TSJ de Madrid.

Testigo en el caso

Sierra de la Flor fue uno de los testigos que compareci¨® ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios en el denominado caso Gescartera e intervino en la Comisi¨®n de Investigaci¨®n que se form¨® en el Congreso de los Diputados para analizar las operaciones de esta agencia de valores.

El esc¨¢ndalo de Gescartera, en la que desaparecieron gran parte de los ahorros de unos 2.000 clientes, se remonta al 14 de junio de 2001, cuando la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia ante la imposibilidad de conocer su situaci¨®n econ¨®mica.

Esta intervenci¨®n descubri¨® un "agujero" patrimonial en la entidad, que en principio se cifr¨® en unos 80 millones de euros, lo que origin¨® que el caso pasara a manos de la juez Teresa Palacios, que desde la Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigaci¨®n judicial.

En estos momentos, el propietario de la agencia de valores Gescartera, Antonio Camacho, es el ¨²nico de los imputados que se encuentra en prisi¨®n, donde ingres¨® en julio del 2001.